El juez Peinado sigue rebuscando en las actividades de la asesora de Begoña Gómez. El magistrado ha dictado una providencia en la que solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que “realice un nuevo informe con la información que le ha remitido una empresa implicada en su momento en el software para la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez”, informa elDiario.es.
En esa información remitida al juzgado, Making Science Group S.A incluye un listado de reuniones y participantes de lo que se desprende que Begoña Gómez asistió a 22 reuniones con la empresa y que en tres de ellas también estuvo su asistente, Cristina Álvarez, a quien un tribunal popular juzgará junto a la mujer del presidente del Gobierno por un delito de malversación, relacionado con el desvío de fondos públicos que supusieron presuntamente algunos de los trabajos de la empleada. O dicho de otro modo: al juez Peinado le parece raro que una asesora aserore. ¿Cómo si no explicar ese celo profesional en busca de delitos en una funcionaria de Moncloa? Claro que Álvarez asistía a reuniones importantes. Para eso le pagaban. Para eso y para que asistiera a la mujer del presidente en todo aquello que necesitara. ¿Dónde está el delito?
La propia empresa presenta la documentación como el “listado de reuniones mantenidas, personas convocadas y asuntos de las mismas”, según el citado medio. Asegura que se trataba de reuniones de carácter “eminentemente técnico y mayormente de seguimiento de avance de proyecto” y que “no se levantaba acta formal”. “A las reuniones asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto”, añade la compañía.
El juez requirió las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar en relación con el desarrollo de la plataforma digital, encuentros “eminentemente” técnicos y de “seguimiento de avance de proyecto en los que no se levantaba acta formal”, según explica la documentación remitida por la empresa Making Science Group SA.
La documentación remitida por la empresa da cuenta de 22 reuniones; en tres de ellas estuvo presente Álvarez, un año después de empezar los encuentros (11 de enero de 2023, 3 de marzo de 2023 y 23 de mayo de ese mismo año).
A las reuniones también asistía personal de otras empresas como Google, Minsait, Telefónica o Deloitte, y también de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde Begoña Gómez codirigió una cátedra. El desarrollo de este 'software' forma parte de una de las líneas de investigación que dirige el juez Peinado, quien a finales del año pasado interrogó a cargos de Deloitte España. Uno de ellos declaró que vio en un par de reuniones a Cristina Álvarez, quien pensó que era una colaboradora de la universidad, si bien nunca intervino.
En una de sus comparecencias ante el juez, la asesora explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Begoña Gómez, para gestionar su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Uno de los delitos por los que Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno es el de intrusismo, al considerar que Gómez “firmó la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas a la cátedra” de Transformación Social Competitiva y “suscribió documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del 'software'”, “para los cuales no reunía la capacitación adecuada”.
El juez mantiene imputados a Begoña Gómez, a su asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés en una causa en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El procedimiento indaga si la mujer del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra de la Complutense o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.
La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, avaló que el juez Peinado investigara una posible malversación por una “estructura institucionalizada de poder” en la Moncloa que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez como asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo, que consistía en acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo.