Telefónica ha entregado al juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, un pendrive en el que incluye “correos electrónicos que reflejan la existencia de reuniones y algunos puntos tratados” en las mismas, y que guardarían relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva. ¿Qué ha entregado exactamente la compañía al magistrado? Referencias a reuniones celebradas; puntos tratados en esos encuentros; y documentación vinculada a la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe sobre esos datos, relativos a los encuentros en los que la compañía participó de cara a desarrollar la plataforma digital de la cátedra que dirigió Gómez. Ahora bien, la pieza mayor que busca Peinado no tiene nada que ver con la cátedra para la Universidad madrileña, que es pecatta minuta. El juez, sin duda, anda detrás de los rescates que el Gobierno hizo de las compañías aéreas Plus Ultra y Air Europa, dos operaciones por decenas de millones de euros que el instructor considera sospechosas desde el primer momento por la posibilidad del cobro de comisiones. De hecho, estos planes de reflotamiento en tiempos de pandemia han salido a relucir en casos de corrupción como el caso Koldo, que ha llevado a prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.
Telefónica explica que estos correos reflejan la existencia de reuniones entre directivos de Telefónica y personas relacionadas con la cátedra, así como algunos asuntos tratados en ellas. No se trata de un informe elaborado por la empresa, sino de material bruto solicitado por el juez para reconstruir la relación entre la compañía y la cátedra.
La investigación judicial intenta aclarar qué tipo de relación existía entre Telefónica y la cátedra vinculada a Begoña Gómez, si hubo trato de favor, influencia o beneficios indebidos. También si la empresa financió actividades relacionadas con la cátedra o con proyectos impulsados desde ella. Los correos pueden ayudar a determinar quién participó en aquellas reuniones y qué se discutió. Si hubo solicitudes, propuestas o compromisos. Si existió algún tipo de presión o intermediación.
La cátedra, vinculada a la Universidad Complutense de Madrid, se centra en innovación social, sostenibilidad, modelos de impacto social en empresas. Telefónica figura entre las entidades que colaboraron o mostraron interés en actividades relacionadas con la cátedra. La investigación quiere aclarar si esa colaboración fue regular o si pudo estar influida por la posición institucional de la esposa del presidente.
El juez ha solicitado documentación a otras empresas que participaron en proyectos vinculados a la cátedra y a la propia Universidad Complutense. El objetivo es reconstruir la trazabilidad de las relaciones, la naturaleza de las reuniones, el contenido de los intercambios, la existencia o no de contraprestaciones. La entrega del pendrive es parte de esta fase de recopilación de pruebas.
El rescate de Plus Ultra es una decisión del Gobierno español en 2021, cuando la aerolínea recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Plus Ultra era una pequeña aerolínea con solo un avión operativo, capital venezolano y solo un 0,03 por ciento del tráfico aéreo. La oposición cuestionó que fuera considerada estratégica. Se investigó si cumplía los requisitos financieros para recibir el rescate. La Audiencia de Madrid archivó la causa al considerar que no hubo delito y que el rescate se ajustó a la normativa del fondo. Pero el juez Peinado insiste en encontrar indicios de esa operación.
En noviembre de 2020, en plena crisis económica provocada por la pandemia, el Gobierno español aprobó un rescate de 475 millones de euros a Air Europa a través del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. El rescate se articuló en dos tramos: 240 millones como préstamo participativo; y 235 millones como préstamo ordinario. Fue la primera empresa en recibir fondos de este mecanismo. El juez Peinado sospecha que Begoña Gómez pudo tomar parte en este tipo de operaciones en calidad de intermediaria de Moncloa con contactos con los directivos de las compañías.