La Policía Nacional ha detenido al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales, según informa Efe.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.
Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Fuentes cercanas a la investigación han informado de ambos arrestos en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.
¿Era realmente importante esta compañía para la economía española? Pese a contar con apenas un avión operativo, el Gobierno mantuvo que sí. Hoy, diciembre de 2025, el caso ha vuelto a la actualidad por nuevas investigaciones judiciales y registros policiales. Se autorizó un rescate con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La justificación oficial fue que la aerolínea era “estratégica” para las conexiones con Latinoamérica. Sin embargo, en ese momento la compañía apenas operaba con un solo avión y representaba solo el 0,03 por ciento del tráfico aéreo en España, lo que generó fuertes críticas.
Plus Ultra tenía capital venezolano y vínculos con el chavismo, lo que alimentó las sospechas de trato de favor. El exministro José Luis Ábalos ha declarado recientemente que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le presionó para facilitar el rescate, según informa OK Diario. La operación fue cuestionada por informes periciales que señalaban que la compañía no cumplía los requisitos para recibir ayudas públicas. El rescate de Plus Ultra es polémico porque se aprobó para una aerolínea con mínima relevancia en el mercado, con vínculos políticos sensibles y con informes que cuestionaban su carácter estratégico. Cuatro años después, el caso ha vuelto a la primera línea por nuevas investigaciones de corrupción y blanqueo de capitales.
Aunque coincidente en el tiempo, el caso Plus Ultra se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez, que fue detenida ayer junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.
Dentro de la investigación a Plus Ultra, varios agentes de la Policía Nacional han acudido este jueves a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía. Ante esta entrada, y antes de que conocerse los arrestos practicados, fuentes de la aerolínea han trasladado a Efe su plena colaboración y que están “facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera”, al tiempo que han subrayado que no se estaba produciendo un registro.