Sigue dando que hablar el auto del juez Leopoldo Puente a propósito de la situación procesal de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. El magistrado del Tribunal Supremo expresó su “estupor” por el hecho de que el exministro de Transportes siga siendo diputado y planteó la posibilidad de una reforma legislativa que impida que parlamentarios investigados por delitos graves mantengan su escaño.
Esta apreciación subjetiva, este consejo político, ha generado un auténtico aluvión de críticas de juristas eminentes que consideran que el juez Puente se extralimitó en sus funciones, generando una intromisión del Poder Judicial en las competencias de las Cortes Generales y el Gobierno. Una conducta que iría contra el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución del 78. Así, Ramiro García de Dios, magistrado emérito, habla de una “desviación de poder” del juez Leopoldo Puente. “Hay un contenido político clarísimo”, asegura en TVE.
El acta del diputado pertenece al diputado, es un derecho personal e intransferible, y tratar de arrebatarle el escaño sería inconstitucional. El escaño otorga independencia: una vez elegido, el diputado tiene plena autonomía para conservar su escaño, incluso si abandona o es expulsado de su partido. Además, no es revocable: ni el partido ni el Congreso pueden forzar la entrega del acta, salvo en casos muy concretos como inhabilitación judicial por sentencia firme; incompatibilidades legales no resueltas; y renuncia voluntaria.
Otra opción para apartar al presunto corrupto no condenado y aliviar el “estupor” que dice sentir el juez Puente ante la situación procesal de Ábalos sería ir a listas abiertas, es decir, la posibilidad de sustituir a un representante del pueblo elegido en las urnas por otro del mismo partido cuando sea imputado en un proceso judicial. Según el modelo de listas abiertas, el partido presenta una serie de candidatos, el votante puede marcar uno o varios nombres específicos de esa lista y los candidatos más votados son los que obtienen los escaños. Luego cabe la sustitución.
Entre tanto, prosigue la polémica. Algunos juristas y comentaristas han señalado que las declaraciones del juez Puente podrían rozar lo político, lo que pone en cuestión la neutralidad judicial. La presión mediática y política sobre el caso ha sido intensa, lo que podría alimentar la percepción de lawfare, es decir, de una persecución más allá de lo jurídico. Sin embargo, también hay argumentos en contra de esa interpretación. Las investigaciones del caso Koldo se basan en informes policiales y judiciales que apuntan a delitos graves. Hay evidencias de que se cobraron cantidades no declaradas a cambio de comisiones, aunque en los últimos días el caso se ha ido desinflando, ya que no aparecen las cantidades millonarias en corrupción que ha publicado la prensa (en un primer momento se llegó a hablar de hasta cinco millones de euros en mordidas). De hecho, el propio Puente ha rechazado decretar la prisión provisional para Ábalos y Koldo (no hay riesgo de fuga), mientras que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, sigue en la cárcel sin que haya aflorado el dinero del que se ha hablado. La Justicia encarceló a la mano derecha de Pedro Sánchez para que se derrumbara y terminara colaborando con la Fiscalía y la UCO. Sin embargo, hasta la fecha Santos Cerdán no ha cantado.
El periodista Ernesto Ekaizer asegura que el secretario socialista saldrá en prisión antes del 15 de noviembre, ya que Puente no tiene nada sólido contra él. Además, el analista Antón Losada recuerda que “la prisión preventiva es algo muy tasado en España. Pasan los días y el juez no termina de encontrar las pruebas ni los cinco millones y medio. El tiempo corre a favor de Santos Cerdán”.
En cuando a la financiación ilegal del partido, el magistrado tampoco acredita la existencia de una caja B, como sí se detectó en el Partido Popular durante la investigación del caso Bárcenas y Gürtel, dos tramas institucionalizadas y enquistadas en el poder autonómico del PP que movieron decenas de millones en dinero negro. Consta en el sumario Koldo un sobre con el membrete del PSOE donde se guarda una liquidación por gastos certificada por el partido y donde apenas se aprecia un mínimo descuadre de 505 euros constatado por la UCO. Hasta el momento, la Guardia Civil ha detectado unos 95.000 euros en gastos de Ábalos sin justificación bancaria, pero sin que se pueda acreditar o probar que ese dinero llegó por adjudicaciones de obra a empresas afines. Eso es todo lo que hay. Eso y una serie de grabaciones obtenidas por los agentes de la UCO en las que el trío investigado habla de “chistorras, lechugas y soles”, una especie de supuesto lenguaje en clave para que la Benemérita no detectara el manejo de dinero. Jugosos titulares para la prensa pero poco más. Hasta el momento, solo puede decirse que esto no es el caso Gürtel.
A esta hora no hay evidencia clara de que el proceso judicial esté siendo manipulado con fines políticos (pesa en contra de esta versión que Puente es un magistrado del bloque progresista), pero sí cunde la sensación de que se han inflado un tanto las expectativas gracias a los titulares de prensa de los periódicos de la derecha.