El reciente altercado protagonizado por el diputado de Vox en el Congreso José María Sánchez ha reabierto el debate sobre la violencia política en nuestro país. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha guardado un infame silencio sin querer entrar en la polémica pese a que el incidente es gravísimo: un diputado ultra encarándose con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no es ninguna broma y recuerda en buena medida al intento de golpe de Estado que Tejero dio el 23F de 1981.
Preguntado por la prensa en los pasillos del Congreso, Feijóo no quiso responder a las reiteradas preguntas sobre lo sucedido y aseguró que lo más importante de la sesión de control fue el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno. En general, nadie en el PP ha querido entrar en el sucio asunto que degrada nuestra democracia y lo que es aún peor: los populares se negaron a firmar la resolución acordada por todos los partidos (menos Vox) para condenar el altercado. Sólo el vicesecretario de política autonómica, Elías Bendodo, afirmó tímidamente que el espectáculo dado por el ultra José María Sánchez “no fue muy adecuado”.
Toda esta vergonzosa actuación del PP nos lleva a pensar que Feijóo admite el matonismo político de Vox como forma de entender la política, lo que nos retrotrae a los viejos tiempos de la Segunda República, cuando la derecha y la extrema derecha se propusieron liquidar la democracia en este país. ¿Qué será lo siguiente, entrar al hemiciclo con pistola, como hacían los escuadristas de antaño? Alguien debería parar esta sinrazón.
Estamos, por tanto, ante la normalización de la violencia en sede parlamentaria. Vox llegó a la política precisamente para eso, pero que Feijóo dé su visto bueno al matonismo resulta más que desolador. Se conoce que el gallego tiene muchos pactos que firmar aún con Abascal. Están pendientes los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León y unas elecciones a las puertas en Andalucía. No le conviene entrar en broncas con quienes tienen que hacer las veces de muleta en los territorios autonómicos.
De esta manera, el PP da carta de naturaleza a la coacción, al uso de la fuerza y al macarrismo, algo muy lejos de los estándares democráticos que deberían regir la vida parlamentaria. Es evidente que la reacción de Feijóo ante este episodio no solo ha sido insuficiente, sino decepcionante. Un partido que se dice a sí mismo democrático debería condenar sin ambages este tipo de comportamientos que rozan el terrorismo de baja intensidad. De alguna manera, la actitud de Feijóo es una forma de consentimiento tácito: una estrategia que evita confrontar con Vox para no poner en riesgo la sintonía parlamentaria entre ambas formaciones en distintos territorios. Para quienes sostienen esta lectura, el silencio o la tibieza del PP ante comportamientos que desbordan los límites del debate democrático no es casual, sino funcional.
Distintos analistas políticos señalan que la derecha española vive una tensión interna entre dos modelos: uno que aspira a recuperar un perfil institucional y otro que se acomoda a la lógica de la crispación. En este segundo marco, Vox actúa como fuerza que desplaza el eje del debate hacia posiciones más extremas, mientras el PP, según estas interpretaciones, evita desautorizar a su socio potencial para no perder apoyos en un electorado cada vez más polarizado. La consecuencia, apuntan expertos en comunicación política, es que se difuminan las líneas rojas y se legitiman comportamientos impropios de un parlamento democrático.
El altercado del diputado de Vox es ejemplo paradigmático de esta deriva: gestos desafiantes, interrupciones reiteradas, insultos a diputadas de izquierdas, machismo y un tono que, según varios cronistas parlamentarios, buscaba la intimidación más que el intercambio de argumentos. Es decir, reventar las reglas del juego democrático. Frente a ello, la respuesta de Feijóo se limitó a tibias declaraciones genéricas sobre la necesidad de “rebajar la tensión”, sin una condena explícita del comportamiento concreto. Para quienes critican esta postura, el mensaje implícito es claro: mientras el PP no necesite distanciarse de Vox, no lo hará. Una palada más de tierra en el entierro de la democracia.
Este tipo de episodios tiene efectos que van más allá del hemiciclo. Expertos en sociología política advierten de que la normalización de actitudes agresivas en las instituciones puede trasladarse al debate público, alimentando un clima de confrontación que erosiona la confianza en la política. Cuando los líderes de los principales partidos no marcan límites claros, añaden, se envía a la ciudadanía la idea de que todo vale, de que la política es un espacio de choque permanente y no de deliberación. Y la calle se convierte en una trinchera.
Además, prestigiosos constitucionalistas subrayan que el Parlamento no es solo un lugar de representación, sino también un espacio simbólico donde se escenifica la convivencia democrática. Permitir que se impongan dinámicas de intimidación (aunque sea por omisión) supone una renuncia a defender la dignidad institucional. En este sentido, la figura del líder de la oposición adquiere un papel central: su capacidad para fijar estándares éticos y democráticos influye directamente en la calidad del debate político. Feijóo está perdiendo autoridad moral, si es que alguna vez la tuvo. Al no marcar distancias claras con Vox, el partido corre el riesgo de diluir su identidad y quedar atrapado en una dinámica que no controla. El PP ya es ultraderecha. Hace tiempo que lo intuíamos, pero ahora se confirma ya sin ninguna duda.
El liderazgo de Feijóo se debilita cada vez que evita confrontar comportamientos que, en otras etapas del partido, habrían sido rechazados sin matices. El episodio del diputado de Vox, por tanto, se ha convertido en un símbolo de un problema más amplio: la dificultad de la derecha española convencional para definir un proyecto propio sin quedar condicionada por la presión de la extrema derecha. Feijóo no solo consiente el matonismo político, sino que lo incorpora como parte del paisaje parlamentario al no combatirlo con claridad.
En un momento en que la ciudadanía demanda instituciones fuertes, responsables y capaces de ofrecer estabilidad, la falta de una condena firme ante comportamientos intimidatorios resulta especialmente preocupante. La política democrática requiere límites, y esos límites deben ser defendidos por quienes aspiran a gobernar. Cuando no se hace, el espacio lo ocupan quienes entienden la política como un campo de batalla.