PP, Vox, Junts y UPN han tumbado este martes el llamado “decreto ómnibus” del Gobierno, que incluía la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones. Una vez más, se demuestra que más allá de la identidad nacionalista patriotera, el mundo conservador va siempre de la mano. Por mucho postureo de Puigdemont, la derecha catalana de Junts es lo mismo que la derecha española.
La votación sobre la reforma de las pensiones ha dejado una imagen política que pocos esperaban ver tan pronto y de forma tan nítida: Junts, PP y Vox alineados en el mismo bloque parlamentario, rechazando una medida social clave del Gobierno. Para muchos analistas, no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia que se venía gestando desde hace meses: la convergencia estratégica entre la derecha catalana y la derecha española, pese a sus diferencias históricas en el terreno territorial.
La pregunta que emerge es inevitable: ¿estamos ante tres derechas distintas o ante un mismo proyecto político con acentos diferentes? La reforma de las pensiones, presentada como un pilar del escudo social del Gobierno, fue rechazada por los tres partidos más UPN. La coincidencia no es anecdótica: se trata de una de las votaciones más simbólicas de la legislatura, porque afecta a millones de ciudadanos y porque marca una línea clara entre dos modelos de país.
Mientras el Gobierno defendía la necesidad de reforzar el sistema público, los tres partidos opositores de la derecha argumentaron motivos distintos para su rechazo. Pero el resultado fue el mismo: un bloque compacto que tumbó la iniciativa. Para el electorado progresista, la imagen fue reveladora. Para el electorado conservador, coherente. Para el independentista, incómoda. Y para los analistas, significativa.
Durante años, en concreto desde 2012, el debate político español se ha articulado en torno al eje territorial: España versus Cataluña, Estado versus autodeterminación. Ese eje ha permitido que partidos con posiciones económicas similares aparecieran como antagonistas irreconciliables. Pero la votación sobre las pensiones ha puesto el foco en otro eje, menos visible pero más profundo: el ideológico. En materia económica y social, Junts, PP y Vox comparten defensa de políticas fiscales favorables a rentas altas y empresas, rechazo a ampliaciones del gasto social, oposición a reformas laborales progresistas, resistencia a medidas redistributivas, afinidad con planteamientos neoliberales clásicos. Por descontado, los tres partidos están en el mismo barco cuando se habla de inmigración. La xenofobia les sale a relucir. Todos ellos apuestan por limitar el cupo de inmigrantes y por expatriar a los que no tengan papeles. O sea, el método trumpista. Algo muy alejado de la política de la izquierda. Ayer mismo, se conoció que PSOE, Sumar y Podemos, entre otras fuerzas progresistas, han llegado a un acuerdo para regularizar a 840.000 inmigrantes sin papeles. Qué diferente forma de encarar el problema migratorio la de la derecha y la izquierda. No todos los políticos son iguales, como no todos los partidos lo son.
La coincidencia en la votación de las pensiones no es una excepción: es la norma cuando se trata de políticas económicas. El cacareo del independentismo, las soflamas exaltadas de Míriam Nogueras, caen por su propio peso cuando llega la hora de la verdad y toca darle al botón rojo del Parlamento para paralizar una medida que a los poderes fácticos, las élites económicas y la patronal, no les gusta. Junts ha construido su identidad política sobre el eje nacional catalán. Pero en el eje económico, su ADN es inequívocamente ultraliberal. Durante décadas, el espacio que hoy ocupa Junts gobernó Cataluña con políticas de privatización, austeridad, recortes en servicios públicos, alianzas con el empresariado catalán. En ese terreno, la distancia con PP y Vox se reduce drásticamente. La diferencia no está en el modelo económico, sino en el marco territorial. Por eso, cuando el debate se desplaza del “qué es Cataluña” al “qué modelo de Estado del bienestar queremos”, las posiciones convergen.
PP y Vox comparten una visión económica muy similar: reducción de impuestos, menor intervención del Estado, desconfianza hacia políticas sociales expansivas y defensa del mercado como motor principal. Sus diferencias se concentran en el terreno cultural y en el discurso, no en la estructura económica. Por eso votan juntos en la mayoría de iniciativas sociales. La novedad es que ahora Junts se suma a ese bloque en votaciones clave, lo que reconfigura el mapa parlamentario.
La coincidencia en la votación de las pensiones no es un hecho aislado. En los últimos meses, Junts ha votado junto a PP y Vox en medidas económicas reaccionaria. Para una parte del electorado catalán, especialmente el más joven y progresista, esta convergencia genera una contradicción difícil de gestionar: ¿cómo puede un partido que se presenta como defensor de la libertad nacional catalana alinearse con fuerzas que representan el centralismo español? La respuesta está en la prioridad estratégica: para Junts, el eje nacional pesa más que el social.
Para PP y Vox, la coincidencia con Junts es útil para debilitar al Gobierno. Pero para el votante, la imagen es clara: tres partidos que votan juntos en cuestiones esenciales del Estado del bienestar.
La votación sobre las pensiones ha servido como un revelador político. Más allá de banderas, identidades y discursos, Junts, PP y Vox comparten una visión económica y social muy similar. La derecha catalana y la derecha española pueden diferir en el relato territorial, pero cuando se trata de pensiones, impuestos, gasto social, derechos laborales, en definitiva, del modelo económico, sus posiciones convergen. La convergencia era esto; el poder del dinero alineándose, en Madrid y Barcelona, para frenar los avances sociales y el Estado de bienestar.