El Gobierno ha perdido la votación sobre la “senda de estabilidad o de déficit”, el paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En términos coloquiales la senda de déficit es el reparto de la deuda, es decir, cómo nos apretamos el cinturón de cara al próximo ejercicio. Y lo ha hecho por el voto en contra del PP, que se ha hecho el harakiri o suicidio político. El Partido Popular se pega un tiro en el pie, ya que al mostrar su rechazo a este proyecto legislativo renuncia a más de 5.000 millones fundamentales para financiar las comunidades autónomas donde gobierna. Hasta ahí llega el fanatismo del partido conservador, que está dispuesto a dilapidar un dineral solo para desgastar a Pedro Sánchez.
El Congreso debatía este jueves la senda de estabilidad para el período 2026-2028. El rechazo de PP, Vox y Junts obligará al Gobierno a presentar una nueva enmienda y retrasará aún más los presupuestos de 2026. Aunque el Gobierno ha insistido en que negociará hasta el último momento, las derechas mantienen su negativa a la senda de déficit y deuda, lo que hace imposible su aprobación, y tampoco Podemos la apoyará tras anunciar esta semana su abstención.
El previsible rechazo a la senda de déficit obligará al Gobierno a presentar otra vez los objetivos (pueden ser los mismos o unos nuevos) en el plazo de un mes y, si estos también son rechazados, entrarán en vigor las metas de déficit remitidas a Bruselas el pasado año, lo que restará margen de gasto a las comunidades autónomas.
En su intervención, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la senda de estabilidad por “sensatez y sentido común”. Montero ha insistido en que si se rechazan los objetivos de déficit y deuda “los perjudicados serán los gobiernos autonómicos”, que ya podrán contar con una décima de PIB de margen de déficit para dedicarlo a “sanidad, educación y dependencia”, informa Efe.
En cualquier caso, Montero ha apuntado que el Gobierno volverá a llevarla al Congreso tal como establece la ley de estabilidad y, si es rechazada de nuevo, se utilizarán las metas del plan fiscal estructural (mismo déficit global, pero con menos margen para las comunidades autónomas). Así, este rechazo “no va a impedir en ningún momento que el Gobierno formule sus cuentas públicas”, ha advertido, “incluso las podría formular con mayor holgura por el hecho de que se rechace esta senda”, ya que la décima de PIB de déficit que perderían las regiones se la quedaría el Estado.
“Les ruego que abandonen el discurso electoralista”, ha pedido la vicepresidenta, “no vayan al dictado de lo que plantee Génova” y apoyen una senda que va a beneficiar a los presupuestos y a las comunidades autónomas que gobierna el PP.
La senda de estabilidad que se sometía a votación este jueves fija el límite de déficit público en el 2,1% del PIB en 2026, el 1,8% del PIB en 2027 y el 1,6% del PIB en 2028, las mismas metas que recogía el plan fiscal estructural. El objetivo para las regiones es un déficit del 0,1% del PIB en todo el período, lo que les da un margen de gasto adicional (que Hacienda cifra en 5.485 millones de euros en los tres años) con respecto al equilibrio presupuestario que se les exigirá si la senda no resulta aprobada.
La deuda tendrá que bajar al 100,9% del PIB en 2026, el 100% del PIB en 2027 y el 99,1% del PIB en 2028 y la regla de gasto (el límite de cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios) se sitúa en el 3,5% para 2026, el 3,4% para 2027 y el 3,2% para 2028.