Las conversaciones entre Vox y el Partido Popular valenciano entran en su tramo decisivo y revelan lo que mucha parte del discurso político ha tratado de disimular: la dependencia estructural que el PP mantiene con una ultraderecha que aprovecha su posición para alterar el rumbo de las políticas autonómicas. Mientras Vox guarda la esperanza de que su apoyo sea decisivo, el PP se mueve bajo la presión de tener que aceptar sin romper el encaje con un socio que no está dispuesto a ceder.
Un socio en condiciones
Desde hace días, fuentes de Vox afirman que “hay avances” en el pacto, aunque recalcan que quedan “flecos por cerrar”. La terminología puede parecer rutinaria, pero en este contexto esconde una dinámica de chantaje negociador: Vox no garantiza su apoyo hasta que no perciba que el PP acepta de forma clara su agenda. Las exigencias ya conocidas —control migratorio más severo, freno al “Pacto Verde”, priorización nacionalista en ayudas sociales— no son meros pedimentos; marcan la redefinición del contrato político autonómico.
El PP valenciano está acorralado: si no logra el sí de Vox, la investidura de su candidato queda en riesgo. Pero si acepta cada condición, se arriesga a perder autonomía programática y a someter su agenda a una coalición que siempre actúa desde la voluntad de imponer y no simplemente de acordar. Esa tensión pone sobre la mesa algo más que una pelea regional: plantea quién fija el rumbo político en la Comunidad.
Más allá del discurso, la transformación del modelo
Este proceso no se limita a un reparto de cargos o un asiento en el gobierno autonómico. Lo que está en juego es una transformación del modelo de gobierno valenciano: qué políticas económicas y sociales se priorizan, quién es el destinatario de las ayudas públicas, cómo se aborda la inmigración, cómo se articula la acción ecológica. Vox exige que su apoyo al PP traiga consigo modificaciones sustanciales en esos frentes. Y en esa exigencia reside el problema para la estabilidad democrática: una fuerza con menor respaldo electoral está forzando al partido mayoritario a asumir un cambio de paradigma sin contar previamente con un mandato claro de la ciudadanía.
Eso no significa que todo pacto sea ilegítimo; sí que debemos cuestionar cuándo una negociación deja de servir para gobernar y empieza a servir para condicionar desde fuera. En la Comunidad Valenciana, el escenario revela un PP que concede autonomía programática a un tercero a cambio de oxígeno político, y un Vox que convierte esa concesión en herramienta de expansión.