Extremadura es la siguiente región española que se enfrenta al dilema que divide a Europa: elegir entre la democracia y la nostalgia de los viejos regímenes autoritarios, quizá fascistas. En las elecciones autonómicas de Extremadura de hoy domingo el debate político ha girado en torno a la defensa de la democracia frente a la memoria del franquismo. Los candidatos han confrontado visiones sobre la Ley de Memoria Histórica que algunos partidos como Vox quieren derogar.
El PSOE defiende este marco legal, recordando que el franquismo “negó a Extremadura la electricidad y expulsó a miles de extremeños”. Unidas por Extremadura se posiciona claramente en defensa de la democracia y contra cualquier retroceso en derechos y memoria. Al contrario, Vox y PP defienden la derogación de esa ley, lo que se interpreta como un intento de defender el franquismo y de suavizar o relativizar el legado criminal franquista.
La ley de concordia de las derechas no es propiamente una ley de memoria. La ley de Memoria Democrática (vigente a nivel estatal) reconoce y repara a las víctimas de la dictadura franquista; garantiza el derecho a la verdad, justicia y reparación; promueve la retirada de símbolos franquistas y la investigación de fosas comunes. La ley de Concordia del bloque de las derechas elimina referencias explícitas al franquismo; presenta una visión “neutral” de las víctimas de todas las violencias políticas, equiparando situaciones muy distintas; y sustituye el concepto de memoria democrática por el de “concordia”, lo que críticos interpretan como un intento de blanquear el franquismo y diluir responsabilidades históricas. Neutralidad, cuando se habla de memoria, supone consolidar la visión de los vencedores sobre los vencidos y justifica el golpe de Estado de 1936. Es decir, ambos bandos fueron víctimas y verdugos, cuando no fue así. La historiografía moderna ya ha dejado claro que hubo un ejército que defendía la legalidad democrática y otro la ideología fascista de moda en aquella época.
Desde PP y Vox se argumenta que la ley busca “superar divisiones” y “mirar al futuro sin reabrir heridas”. Los críticos (PSOE, Sumar, Podemos y asociaciones de memoria) sostienen que es una forma de negar la memoria histórica, invisibilizar a las víctimas del franquismo y romper el consenso democrático sobre derechos humanos. La ley de concordia no es una ley de memoria, sino una ley de sustitución que cambia el enfoque de reparación histórica por uno de reconciliación abstracta.
Pero no eligen los extremeños solo cómo enfocar su pasado. También el modelo de sociedad que quieren de cara al futuro. En plena oleada trumpista, los derechos sociales están en peligro. El bloque progresista ofrece un refuerzo de las políticas de igualdad, feminismo, diversidad y protección de minorías. En cuanto al modelo económico, apuestan por un Estado del bienestar fuerte, con inversión pública en sanidad, educación y transición ecológica. Europa y democracia son dos conceptos vertebradores del programa progresista. Tanto PSOE como la izquierda real proponen una integración europea más social y por la defensa activa de los valores democráticos frente a retrocesos autoritarios.
Por su parte, el bloque de la derecha opta por la revisión o limitación de políticas de igualdad y diversidad, con un discurso más tradicionalista. El modelo económico también es radicalmente diferente: reducción del papel del Estado, énfasis en la iniciativa privada y en políticas de austeridad. El discurso centrado en la soberanía nacional y en la crítica a lo que consideran “imposiciones ideológicas” desde Bruselas, es decir, el euroescepticismo, también se contempla en ambos partidos.
PSOE-Sumar ofrecen una sociedad plural, con memoria histórica, derechos ampliados y un Estado social fuerte. PP-Vox una sociedad más cerrada, con énfasis en tradición, mercado y una reinterpretación del pasado bajo la idea de “concordia”, no de memoria.
En definitiva, los votantes se enfrentan a una elección que no es solo de gestión, sino de modelo de convivencia: democracia con memoria y derechos ampliados, o un proyecto que prioriza tradición y concordia frente a la memoria histórica. Así las cosas, Extremadura se enfrenta a un dilema simbólico: mantener la memoria democrática o aceptar una narrativa que diluye el impacto del franquismo. El voto se convierte en una decisión histórica: no solo sobre gestión autonómica, sino sobre cómo se recuerda y se transmite el pasado. La fragmentación política hace que los pactos sean inevitables, lo que aumenta la tensión sobre qué valores prevalecerán. Los dos bloques están más polarizados que nunca, aunque las derechas llevan una clara ventaja, según las últimas encuestas y sondeos. En definitiva, Extremadura no vota solo un gobierno, sino una visión de país: democracia con memoria y defensa de los derechos humanos y el Estado de bienestar o una reinterpretación política que blanquea el franquismo.