Gabriel Rufián lo dijo alto y claro ayer: “Hay jueces que prevarican”. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados aseguraba que el hecho de que “hay jueces que hacen política” en España “lo sabe hasta Perry”. Además, subrayó que el PSOE lo denuncia ahora porque le afecta y ha criticado al “patriotismo frágil” que impide decir lo que se piensa. “En este país hemos tenido un rey que ha robado, políticos que han robado y jueces que hacen política, ya está. Eso significa que tienes que tener tu casa limpia (…) pues también”, añadió.
La afirmación coincidió con la declaración del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para quien “hay jueces que prevarican”. Fueron las duras palabras con las que habló sobre la acumulación de frentes judiciales que se le han abierto al Gobierno y al PSOE en los últimos meses.
En un acto de Público, en el que fue premiado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como ganador del Personaje del Año, López aseguró que, pese a las actuaciones de algunos magistrados, “la Justicia no gobierna”. Además, aseguró que el Ejecutivo no se dejará “atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde”.
Concretamente, López afirmó que “prevarican” algunos jueces del Tribunal Supremo, el órgano que condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación con los delitos fiscales reconocidos por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. “Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda”, ironizó, haciendo referencia a los argumentos que los jueces utilizaron en la sentencia contra el ex fiscal general.
Entre tanto, y tras conocerse que el juez del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid Antonio Viejo autorizaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrear las cuentas de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ordenando a 16 entidades bancarias que remitan a los agentes los movimientos y saldos del empresario desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, el ministro Óscar Puente tuiteaba: “Despaaacito”, una alusión a lo lenta que marcha la investigación por delito fiscal contra la pareja de la lideresa.
La guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha alcanzado tintes de auténtica crisis institucional como no se conocía en 50 años de democracia. El término lawfare –la utilización estratégica de los tribunales, la policía o los medios para desgastar a adversarios políticos– ha ganado presencia en el debate español durante la última década. Aunque su uso es polémico y no existe consenso académico sobre su aplicación al caso español, diversos episodios judiciales y policiales han alimentado la percepción de que ciertos actores han instrumentalizado el aparato del Estado para influir en la vida política.
En España, el debate sobre el lawfare se intensificó a partir de 2017, coincidiendo con el conflicto catalán y la irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos. Sin embargo, algunos analistas sitúan el origen del fenómeno en los años del Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz (2012–2016). Durante ese periodo, investigaciones periodísticas y judiciales revelaron la existencia de una estructura policial conocida como “brigada patriótica”, vinculada al comisario José Manuel Villarejo. Según estas informaciones, dicha red habría elaborado informes sin control judicial, filtrado documentos falsos a la prensa y presionado a entidades financieras para obtener información comprometedora sobre adversarios políticos del Gobierno de entonces. La trama se conoció como Kitchen, y está siendo enjuiciada estos días en la Audiencia Nacional.
Entre los casos más citados se encuentran el informe falso contra Artur Mas en 2012, difundido en plena campaña electoral catalana; los procesos a Ada Colau y Monica Oltra; la falsa cuenta en Suiza atribuida a Xavier Trias, que años después fue desmentida por la propia policía; y el montaje contra Podemos y Pablo Iglesias, a quien le inventaron una cuenta secreta en el paraíso fiscal de Granadinas. Todo era falso. Estos episodios han sido interpretados por sectores independentistas y por parte de la prensa como ejemplos paradigmáticos de lawfare.
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha acumulado cerca de veinte denuncias de fondos de inversión, asociaciones y rivales políticos. La mayoría han sido archivadas por los tribunales, que en algunos autos han señalado la falta de base jurídica sólida. Para Colau y sus defensores, este patrón responde a una estrategia de desgaste político mediante el uso instrumental de la justicia.
También ha sido relevante el caso Neurona, una investigación sobre contratos electorales de Podemos que se prolongó durante tres años y que finalmente fue archivada. El partido denunció que la causa se sostuvo sobre filtraciones y sospechas sin pruebas concluyentes, y que su impacto mediático fue mayor que su contenido jurídico. En una línea similar, la jueza y diputada Victoria Rosell denunció una maniobra judicial para desacreditarla.
El fenómeno también se ha vinculado a la judicialización del conflicto catalán. Para algunos juristas, la respuesta penal al procés –incluyendo la intervención de la Audiencia Nacional y las acusaciones de rebelión y sedición– constituye un ejemplo de uso expansivo del derecho penal para resolver un conflicto político. Otros expertos, sin embargo, sostienen que las actuaciones judiciales fueron una respuesta necesaria ante vulneraciones del orden constitucional.
La controversia alcanzó un nuevo nivel en 2023, cuando el término lawfare apareció en el acuerdo político entre PSOE y Junts. Este hecho provocó una reacción inmediata de las asociaciones judiciales, que rechazaron frontalmente la idea de que en España exista persecución política desde los tribunales. Desde entonces, el concepto se ha convertido en un eje de polarización.
El debate sobre el lawfare en España refleja tensiones más profundas sobre la calidad democrática, la independencia judicial y el papel de los medios en la vida pública. Aunque no existe consenso sobre la existencia de un lawfare sistemático, los casos mencionados muestran que la frontera entre justicia y política puede volverse difusa, especialmente en contextos de alta polarización.