Crisis de la vivienda: la solución no está en los extremos

Pocas tragedias cotidianas han sido tan manoseadas por la demagogia de trazo grueso como el acceso a la vivienda. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha han convertido la desesperación de millones de familias en trinchera electoral, vendiendo recetas simplistas para un problema que, de simple, no tiene nada. Que todo se arregla interviniendo el mercado hasta la asfixia... o, en la trinchera contraria, dejando la suerte del inquilino a la ley del más fuerte. Son espejismos, los dos. La realidad, siempre más tozuda que el dogma, demuestra que las soluciones de trazo corto solo han servido, hasta ahora, para retraer la oferta, disparar los precios y expulsar a los jóvenes del sueño de un hogar propio.

La salida de este laberinto, pues bien, no va a llegar desde los maximalismos. Va a llegar, si llega, del pragmatismo institucional porque cuando se retira el ruido de las bancadas y se leen con frialdad técnica los programas con los que PSOE y PP concurrieron a las últimas generales, emerge una verdad incómoda para quienes viven de la polarización: bajo la confrontación verbal hay una arquitectura compartida. Un espacio de convergencia capaz, en teoría, de sostener un auténtico pacto de Estado por la vivienda.

Dos miradas a un mismo edificio que se cae

El punto de partida ideológico de ambos partidos es, ciertamente, opuesto. El PSOE se ha movido históricamente en torno a la intervención pública y el desarrollo normativo, con la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 como bandera. Su apuesta pasa por ampliar el parque público, con el objetivo declarado de acercarse al 20 por ciento del parque total en dos décadas, muy lejos todavía del dos por ciento actual, topar los precios en zonas tensionadas y movilizar ayudas directas como el Bono Alquiler Joven o los avales del ICO para la compra.

El PP, por su parte, prioriza dinamizar la oferta privada y proteger la propiedad. Su receta pasa por liberar suelo público, rebajas fiscales agresivas y tolerancia cero con la okupación ilegal, con desalojos más rápidos. En lugar de intervenir las rentas, propone incentivos al arrendador para que baje precios de forma voluntaria, y programas autonómicos de avales para que los menores de 35 años salten la barrera del ahorro previo.

A simple vista, dos mundos condenados al choque permanente. Sin embargo, al cruzar los compromisos escritos de ambos partidos, las coincidencias operativas saltan a la vista... y bastantes, por cierto.

Los cuatro pilares de un consenso posible

El primer terreno de encuentro está en el acceso de los jóvenes a la primera vivienda. Tanto el PSOE como el PP coinciden en un diagnóstico que, para variar, no es descabellado: el verdadero cuello de botella no es la cuota mensual de la hipoteca, que muchos jóvenes podrían afrontar, sino el ahorro previo que exige la banca, ese 20 por ciento de entrada que convierte comprar un piso en una carrera de obstáculos. Los avales públicos (vía ICO o mediante esquemas autonómicos del PP) apuntan en la misma dirección: un sistema unificado y permanente de cobertura estatal que financie hasta el cien por cien del valor del inmueble para menores de 35 años y familias vulnerables. Francia, por cierto, lleva años con una fórmula parecida, el llamado Prêt à taux zéro, que combina crédito público sin interés con la compra de primera vivienda, y que ha servido de referencia a varios de estos esquemas españoles.

El segundo eje es la gestión del suelo. Ambos partidos admiten, aunque no siempre en público, que acumular parcelas dotacionales inactivas en manos de ayuntamientos y ministerios es un lujo que España no puede permitirse. El cruce de programas permite imaginar un Plan Nacional de Suelo Público que ceda parcelas en desuso a promotoras privadas mediante derechos de superficie a largo plazo: el Estado conserva la titularidad de la tierra, el sector privado edifica y gestiona alquileres asequibles. Es, de hecho, el modelo que ha permitido a Viena sostener su parque de vivienda social sin tener que comprar cada metro de suelo que ocupa.

El tercer punto de encuentro aparece en la fiscalidad del alquiler. Aunque el PSOE ha coqueteado con el control directo de precios, su propio programa admite bonificaciones en el IRPF de hasta el 90 por ciento para arrendadores que moderen la renta en zonas tensionadas, una medida ya recogida en la Ley de Vivienda de 2023. El PP, por su lado, aboga por deducciones directas para quien alquile a jóvenes. Los incentivos fiscales al alquiler asequible son, en el fondo, la alternativa pragmática a los topes coercitivos: un esquema tributario estable que convenza al pequeño propietario de poner su piso en el mercado con rentas razonables, a cambio de seguridad jurídica y premio fiscal.

El cuarto pilar, y quizá el más libre de fricción ideológica, es la rehabilitación energética del parque edificado. El uso de fondos europeos, la simplificación de licencias y la modernización de edificios antiguos unen a ambos partidos sin apenas discusión. Casi un oasis, en medio de tanto ruido.

Las renuncias que nadie quiere hacer en voz alta

Para que esta arquitectura compartida pase de los folios electorales al Boletín Oficial del Estado hace falta algo que la política actual escatima con avaricia: renuncias tácticas recíprocas, y de las dos partes. La izquierda tendría que aparcar la tentación de intervenir los precios de forma rígida (cuyo efecto bumerán, como demuestra la experiencia de Berlín, acaba destruyendo la oferta allí donde se aplica sin matices) y aceptar reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente a impagos y ocupaciones. La derecha, por su parte, tendría que asumir que el mercado libre, por sí solo, no resuelve las bolsas de exclusión, y que la inversión pública sostenida en suelo y vivienda protegida no es una concesión ideológica, sino un pilar irrenunciable del bienestar.

Los ciudadanos, con la nómina devorada por la renta y sin poder trazar un proyecto de vida mínimamente estable, no necesitan más diagnósticos de trinchera ni proclamas que duran lo que un vídeo en redes. Puede que la solución a esta crisis, o al menos una parte sustancial de ella, esté ya escrita en las propias coincidencias de los dos grandes partidos. Falta, eso sí, la altura de miras y el coste electoral asumido para firmar la paz del ladrillo y convertir la vivienda, de una vez, en un verdadero asunto de Estado.