Si se analiza el comportamiento de las potencias de Europa, el caso español se ha convertido en la gran comidilla de los corrillos económicos en Bruselas. Nadie daba un duro por la península cuando en 2020 el producto interior bruto se hundió cerca de un 11%, dejando un paisaje desolador en el turismo y la hostelería. La tortilla se ha dado la vuelta en los marcadores macroeconómicos. El FMI acaba de subir otras cuatro décimas sus estimaciones para el país, fijando el crecimiento del PIB en España en un sólido 2,5%. Una cifra que prácticamente calca los números que manejaban con cautela en el Ministerio de Economía y en la sede del Banco de España.
Si estas proyecciones se cumplen cuando suene la última campanada del año, la economía española habrá encadenado cuatro ejercicios consecutivos creciendo más del doble que sus socios de la zona euro, estancados en un tímido 1,1%. Es más: la producción nacional superará en un 15% los niveles de riqueza que teníamos justo antes de que el coronavirus lo paralizara todo. El empuje de la afiliación, el aguante del turismo y un consumo que no afloja están tirando del carro con un brío que ya querrían para sí en los polígonos industriales del centro de Europa, notablemente gripados por la crisis energética.
Desigualdad y datos de Eurostat
Sin embargo, cuando se apagan las luces de los grandes titulares macroeconómicos y se desciende al nivel de la calle, la "sorpresa española" revela su cara más amarga. La gran contradicción del modelo nacional es que el vertiginoso ritmo de crecimiento del PIB coexiste con grietas sociales cada vez más profundas. España continúa encaramada a los puestos más preocupantes en las estadísticas de exclusión del continente. Los datos de Eurostat y la tasa AROPE ofrecen un baño de realidad helada sobre el triunfalismo de Moncloa.
Mientras el PIB se expande a velocidad de crucero, casi un 26% de la población española, más de doce millones de personas, se encuentra atrapada en la franja del riesgo de pobreza o la privación material severa. España se mantiene sistemáticamente en la parte alta del ranking de la desigualdad en la Unión Europea, solo por detrás de países con marcos de protección social sensiblemente más débiles. Esto no se trata de opinón o del argumentario del Partido Popular, son datos oficiales de la Unión Europea.
La brecha entre las rentas más altas y los hogares con menos recursos sigue creciendo de manera imparable. El índice Gini y los indicadores de distribución salarial confirman que la bonanza macroeconómica se está filtrando de manera muy desigual. Gran parte del crecimiento acumulado en estos cuatro años se ha ido a amortiguar el impacto de los costes fijos o a engrosar márgenes empresariales en sectores clave, mientras que las familias de las capas medias y bajas ven cómo su capacidad de compra real se disuelve en las estanterías del supermercado.
Salarios raquíticos y el fenómeno del trabajador pobre
El corazón de este desacople entre los datos macroeconómicos y la vida real reside en la estructura de los ingresos. El incremento acelerado de los puestos de trabajo ha servido para reducir el desempleo bruto, pero no para erradicar el drama de la suficiencia financiera. La proliferación de salarios bajos e inflación ha consolidado una figura social que no deja de crecer: la del trabajador pobre. Tener una nómina y estar dado de alta en la Seguridad Social ya no es garantía automática para cruzar el umbral de la pobreza.
Una parte sustancial del tejido asalariado percibe retribuciones situadas en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional o por debajo de él en términos efectivos de jornada. Cuando un sueldo medio de mil o mil doscientos euros se enfrenta a un mercado del alquiler desbocado en las grandes áreas urbanas, el resultado es la imposibilidad de ahorrar un solo euro a fin de mes.
La subida de los alimentos frescos, los suministros básicos y los costes de la vivienda ha actuado como un rodillo sobre los sueldos más modestos, licuando cualquier avance nominal pactado en la negociación colectiva.
Precariedad laboral
El otro gran engranaje defectuoso de la bonanza española es la persistencia de la precariedad laboral y la parcialidad involuntaria. A pesar de los retoques legislativos y del trasvase masivo de trabajadores hacia la contratación indefinida, la estabilidad real de los ingresos sigue siendo una asignatura pendiente.
La rotación contractual se ha desplazado hacia el uso recurrente de los periodos de prueba y la inactividad de los contratos fijos discontinuos, generando picos de ingresos seguidos de meses de sequía financiera. A esto se suma que cerca del 13% de los asalariados trabaja a tiempo parcial, y más de la mitad de ellos declara hacerlo de forma obligada, al no encontrar una jornada completa en el mercado.
Esta amputación de horas se traduce en nóminas reducidas que perpetúan la inestabilidad. En definitiva, España avanza a dos velocidades claramente diferenciadas: una economía de cabecera que deslumbra a los analistas de Bruselas y Washington por su capacidad de tracción, y una estructura social donde millones de ciudadanos continúan atrapados en la precariedad de sus empleos y en la asfixia de sus facturas.
Radiografía de la pobreza en España
A pesar del notable dinamismo macroeconómico y del crecimiento del empleo en España, los indicadores sociales publicados por Eurostat y analizados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) y la Plataforma de Infancia reflejan una persistente brecha entre el volumen de riqueza que genera el país y las condiciones de vida de sus hogares más vulnerables.
La distancia entre la realidad social española y el promedio de la Unión Europea se manifiesta con especial gravedad en la población infantil. España registra una tasa AROPE general de 25,7%, alrededor de 12,6 millones de personas, mientras que la media de la UE se sitúa de forma aproximada en el 21,3% o 21,5%.
España se mantiene en el quinto puesto de la UE con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, superada solo por "potencias económicas" como Rumanía o Bulgaria. Esta cifra confirma que más de una de cada cuatro personas en España vive al borde o dentro de la exclusión social, un rasgo estructural que la fuerte recuperación del PIB no ha logrado erradicar.
Pobreza infantil
El dato más alarmante se concentró en la población menor de 18 años. Históricamente, tener hijos en el hogar ha actuado en España como un factor de vulnerabilidad económica debido a la insuficiencia de las transferencias sociales a las familias. La tasa de menores en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en torno al 33,2% según la Encuesta de Condiciones de Vida, y en un 28,4% atendiendo estrictamente al umbral de pobreza monetaria. Con un indicador armonizado por Eurostat del 28,4% en riesgo estricto de pobreza infantil, España lidera el ranking de pobreza infantil en toda la Unión Europea, situándose más de 8,8 puntos porcentuales por encima del promedio comunitario.
Cerca de 2,6 millones de niñas, niños y adolescentes viven en España en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Los microdatos de Eurostat y de las ONG de infancia señalan tres factores clave para explicar por qué el empleo no logra erradicar la pobreza infantil.
Las causas del desacople
Trabajo pobre e inestabilidad salarial. A diferencia de otros socios europeos, el hecho de que los adultos del hogar trabajen no garantiza salir de la exclusión en España. La parcialidad involuntaria y los sueldos en torno al SMI hacen que los ingresos del hogar no alcancen para cubrir la cesta de la compra y la vivienda.
Impacto de la vivienda. El encarecimiento de los alquileres absorbe una proporción desmedida del presupuesto familiar en los hogares con niños. Las personas que viven en hogares con menores registran una renta media un 35,9% menor que las personas en hogares sin presencia de niños.
Escasa efectividad de las transferencias públicas. España destina un porcentaje del PIB a prestaciones directas a la infancia y a la familia muy inferior a la media de la Eurozona. Mientras países como Alemania, Francia o los nórdicos reducen la pobreza infantil a la mitad mediante ayudas públicas y subsidios universales por hijo, en España las transferencias públicas tienen una capacidad correctora mucho más limitada. La gran incógnita para los próximos años es si este crecimiento récord servirá finalmente para coser la brecha de la desigualdad o si, por el contrario, terminará consolidando un modelo donde la riqueza del Estado no llega a las mesas de quienes la producen.
¿Dónde está el dinero?
La pregunta que flota es inevitable: ¿dónde está el dinero?, porque si la macroeconomía crece, si España es el motor económico de Europa, ¿por qué hay esos niveles de pobreza, precariedad laboral y pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras?
La respuesta no es sencilla. Pero la realidad es bastante más incómoda de lo que los grandes titulares macroeconómicos quieren hacer creer porque el crecimiento del PIB no se traduce automáticamente en bienestar para las familias. La riqueza que genera el país se filtra de manera muy desigual, y gran parte de ella se queda atrapada en los márgenes empresariales, los costes fijos y los beneficios de los grandes patrimonios.
La proliferación de salarios bajos, la inflación acumulada y el encarecimiento de la vivienda han actuado como un rodillo sobre los sueldos más modestos. Y el resultado es que millones de familias trabajadoras ven cómo su capacidad de compra real se disuelve en las estanterías del supermercado.
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