El abogado del expresidente Zapatero ha presentado dos escritos al juez Calama pidiendo el contenido de los chats y mensajes que sirvieron a la agencia norteamericana Homeland Security Investigations (HSI) para implicarlo en una red de corrupción internacional. El letrado quiere saber si la intervención del teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes en el aeropuerto de Miami hace cinco años contó con mandamiento judicial y si se respetó la cadena de custodia de la prueba. En caso contrario, pedirá la nulidad del sumario por no haberse contemplado las garantías procesales.
De esta forma, el abogado recurre la decisión del juez Calama de no ampliar a Estados Unidos la petición de información sobre el teléfono móvil del dueño de Plus Ultra. Según El País, “la controversia se centra principalmente en dos dispositivos: un disco duro denominado Crucial, intervenido al abogado M.P., y el teléfono móvil del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, cuyo contenido fue remitido a España por autoridades estadounidenses. Ambos soportes contienen conversaciones y documentos que han sido utilizados por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF para apuntalar la tesis de un presunto tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia”. 'Crucial' es un dispositivo informático incautado durante registros vinculados a investigaciones internacionales (Francia y Suiza). Contiene chats y comunicaciones privadas del citado abogado y de terceros.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha intensificado su estrategia de defensa en el denominado caso Plus Ultra, poniendo en entredicho la validez y el origen de varias pruebas consideradas esenciales por la Audiencia Nacional. Según los escritos presentados por la defensa, el disco duro incautado alberga conversaciones de WhatsApp y otros documentos que habrían sido analizados por la Policía sin que exista constancia de una resolución judicial motivada que autorizara dicho examen. Zapatero reclama conocer qué juez autorizó el acceso al contenido del dispositivo, en qué fecha y bajo qué fundamentos, ya que considera que la ausencia de esta habilitación vulneraría derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales.
La defensa subraya que parte de este material fue inicialmente obtenido en el marco de cooperación judicial internacional con Francia y Suiza, con una finalidad distinta a la investigación española. Su reutilización en un procedimiento diferente, argumentan, requeriría una autorización específica que no ha sido localizada en la causa. Si esta irregularidad se confirmara, las conversaciones analizadas deberían ser excluidas del procedimiento, lo que podría afectar de forma sustancial la base probatoria del caso.
La defensa recuerda que la jurisprudencia española exige una habilitación judicial clara y motivada para acceder a comunicaciones privadas, especialmente cuando estas se obtienen en el marco de investigaciones extranjeras y se reutilizan con un fin distinto al original. La ausencia de esta garantía podría suponer una vulneración de derechos fundamentales.
El caso Plus Ultra ha generado un intenso debate político desde que se conoció el rescate público a la aerolínea en 2021. La imputación de Zapatero, basada en supuestos indicios de tráfico de influencias, ha añadido una dimensión adicional al caso. Ahora, la validez de las pruebas que sustentan la investigación se ha convertido en el centro del proceso.
Si el juez Calama determina que las pruebas fueron obtenidas sin la debida autorización, el procedimiento podría verse seriamente comprometido. Por el contrario, si se acredita la legalidad de las actuaciones policiales y fiscales, la causa continuará su curso con las pruebas intactas.
Por el momento, la defensa del expresidente insiste en que solo busca garantizar el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales y la regularidad del procedimiento. El desenlace dependerá de si la Fiscalía y el juez pueden acreditar la existencia de las resoluciones judiciales que autorizaron el análisis de los dispositivos.
El letrado del que fuera líder del PSOE no ha tenido todavía acceso al contenido íntegro de este dispositivo porque permanece en una pieza separada que está secreta, según reflejan fuentes de la investigación, añade El País. La Policía basa una parte de sus informes en un chat que se encontró en ese dispositivo llamado “Danilo-España” y que, supuestamente, contenía mensajes que hablaban de “hacer regalos a Zapatero”. “La Fiscalía Anticorrupción mantuvo unas diligencias preprocesales, es decir, que no estuvieron judicializadas, mientras que el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid (que se hizo cargo de la investigación antes de la Audiencia Nacional) ya estaba instruyendo el caso Plus Ultra. El letrado indica que la información obtenida en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales, como en este caso, deben estar sometidos a un control y una validación judicial específicos”, añade el citado medio.
El magistrado Calama ha emitido una comisión rogatoria a Estados Unidos pidiendo luz verde para poder incorporar los chats a través de los cauces judiciales (no únicamente policiales) en la causa, pero ha rechazado de momento pedir esa información que reclama Zapatero. Su defensa ha presentado recurso a esta decisión porque considera que se ha limitado el alcance del contenido de la comisión rogatoria cuando es necesario para saber si esa prueba se puede utilizar. “Sin tener constancia de cada uno de los extremos”, dice, “no cabe utilizar un elemento probatorio extranjero [...] por mucho que se obtenga autorización de las autoridades del país donde se hubiera adquirido”.