En plena escalada bélica internacional y con los mercados tensionados por la incertidumbre geopolítica, el Partido Popular ha vuelto a situar la rebaja fiscal en el centro de su discurso económico. Alberto Núñez Feijóo insiste en que la solución para aliviar a las familias pasa por reducir el IRPF, bajar el IVA de la energía y suprimir determinados tributos vinculados a la generación eléctrica. Puro populismo demagógico; puro trumpismo. “Estén donde estén, repiten lo que les dice el señor Trump”, dice el analista Javier Aroca.
En realidad, bajar impuestos no es ninguna solución. Al menos para la mayoría del pueblo, clases trabajadoras y personas vulnerables. Cuantos menos impuestos, más debilidad del Estado (de la Sanidad, de la Educación, de los servicios públicos en general), sobre todo en un contexto especialmente crítico, cuando el Gobierno, más tarde o más temprano, tendrá que aprobar un escudo social para luchar contra la inflación y el facturón de la luz que se avecina por culpa de la subida del precio del petróleo tras el estallido de la guerra de Trump contra Irán.
A esta línea se ha sumado Isabel Díaz Ayuso, que reclama la bajada del IVA de los combustibles, así como voces empresariales como Juan Roig, dueño de Mercadona, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quienes reclaman “aligerar la carga fiscal” para “dar oxígeno” a empresas y consumidores. Sin embargo, la insistencia en recortar ingresos públicos en un contexto de economía de guerra, con un gasto social disparado y una presión extraordinaria sobre las cuentas del Estado, choca frontalmente con lo que recomiendan la mayoría de economistas cuando un país atraviesa una crisis profunda. La evidencia histórica y los análisis académicos apuntan en la dirección contraria: en tiempos de crisis severa, los Estados necesitan reforzar su capacidad fiscal, no debilitarla.
La paradoja de pedir menos impuestos cuando se necesita más Estado
La guerra (sea en Ucrania, en Oriente Medio o en cualquier otro punto caliente) no solo dispara los precios de la energía y tensiona las cadenas de suministro. También obliga a los gobiernos a desplegar escudos sociales, ayudas directas, subsidios energéticos, refuerzo de la defensa, apoyo a sectores estratégicos y medidas de estabilización macroeconómica. Todo ello cuesta dinero. Mucho dinero. Por eso, cuando el PP insiste en que la salida pasa por reducir impuestos, se produce una contradicción evidente: ¿cómo financiar un gasto extraordinario con ingresos menguantes?
El economista Paul Krugman, premio Nobel, lo ha explicado en múltiples ocasiones: “En una recesión o en un shock externo severo, el Estado debe actuar como amortiguador. Reducir su capacidad de gasto es como quitarle los frenos a un coche en plena bajada”. En la misma línea, la economista francesa Esther Duflo, también Nobel, ha señalado que “los momentos de crisis requieren más inversión pública, no menos. Los recortes fiscales pueden sonar bien políticamente, pero suelen ser contraproducentes si erosionan la capacidad del Estado para proteger a los vulnerables”.
La visión ortodoxa: estabilizadores automáticos y progresividad
La teoría económica convencional sostiene que, en tiempos de crisis, los llamados estabilizadores automáticos (prestaciones por desempleo, ayudas sociales, gasto sanitario, subsidios energéticos) deben reforzarse. Para ello, el Estado necesita ingresos suficientes. El economista español José Moisés Martín, especialista en políticas públicas, lo resume así: “Bajar impuestos en plena crisis es como abrir un agujero en el casco del barco para que entre más aire. Suena a alivio inmediato, pero debilita la estructura que mantiene a flote a toda la sociedad”.
Incluso organismos habitualmente partidarios de la disciplina fiscal, como el FMI, han advertido que las rebajas de impuestos generalizadas en contextos de incertidumbre geopolítica pueden ser “ineficientes y regresivas”, beneficiando más a las rentas altas y reduciendo el margen de maniobra del Estado.
El discurso empresarial: menos impuestos para “proteger la actividad”
Juan Roig y Antonio Garamendi han insistido en que la prioridad debe ser “proteger la actividad económica” y “evitar que las empresas pierdan competitividad”. Este argumento no es nuevo: se repite en cada ciclo de crisis. Pero la evidencia empírica muestra que las rebajas fiscales no garantizan ni inversión ni creación de empleo cuando la incertidumbre es alta.
La economista Mariana Mazzucato, referente en economía de la innovación, lo explica así: “Las empresas no invierten más porque paguen menos impuestos, sino porque ven oportunidades claras y un entorno estable. En tiempos de guerra o crisis global, lo que genera estabilidad es un Estado fuerte, no uno debilitado”.
El caso español: un Estado que ya recauda menos que la media europea
España parte de una situación fiscal peculiar: recauda entre 4 y 7 puntos de PIB menos que la media de la UE, según Eurostat. Esto significa que el margen para bajar impuestos es mucho menor que en países con estructuras fiscales más robustas. El economista Xavier Sala-i-Martin, aunque liberal en muchos aspectos, ha reconocido en varias ocasiones que: “España tiene un problema de ingresos. No se puede pedir servicios europeos con impuestos latinoamericanos”.
Si a esta brecha estructural se le suma un contexto de guerra, inflación y tensiones energéticas, la propuesta de reducir aún más los ingresos públicos parece difícil de sostener desde un punto de vista técnico. En situaciones de guerra o crisis global, los países suelen activar mecanismos extraordinarios: subsidios energéticos para hogares y empresas; refuerzo de la defensa y seguridad; ayudas a sectores estratégicos (agricultura, industria, transporte); prestaciones sociales ampliadas para evitar pobreza y exclusión.
El economista Thomas Piketty lo sintetiza con claridad: “Las sociedades que han superado grandes crisis lo han hecho gracias a sistemas fiscales fuertes y progresivos. La solidaridad no es un eslogan: es una arquitectura financiera”. ¿Por qué entonces la derecha política y económica de este país insiste en bajar impuestos? Hay varias razones, la primera de ellas la rentabilidad política: las rebajas fiscales son fáciles de comunicar. Remueven la bilis y el miedo de la gente en tiempos de guerra. Y ayuda a desgastar al Gobierno. Pero la evidencia dice que no. En crisis severas, las rebajas fiscales suelen tener un impacto limitado en el consumo y pueden agravar los déficits públicos, obligando después a recortes más duros.