Avanzan a diferentes velocidades los procesos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso cazado en delitos fiscales. La Justicia se ha dado mucha prisa en sentar en el banquillo de los acusados al jefe del Ministerio Público, por revelación de secretos, tanto es así que el juicio ya tiene fecha. En efecto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre la vista oral por presuntamente haber facilitado a la prensa, y para aclarar un bulo, información sobre el expediente tributario de la pareja de la lideresa madrileña. En concreto, las sesiones del juicio se celebrarán los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10.00 horas. Pocas veces se ha visto tanta celeridad y tanta eficacia en procesar a alguien en este país.
Sin embargo, González Amador ve cómo se ralentiza todo lo relacionado con sus causas pendientes con Hacienda. ¿Doble rasero? Hay razones para pensar que es así. El sector conservador de la Justicia española lleva entre algodones a Ayuso. Es la musa del PP, la última esperanza blanca para derrotar al sanchismo. Una protegida por el sistema. Incluso, en algún momento del procedimiento, se ha especulado con la posibilidad de sustituir al instructor por uno de mayor confianza o de cerrar el caso por prescripción. Como no han podido archivarlo, ahora se dedican a dilatar la causa para que duerma el sueño de los justos.
Tal es así que, tal como informa ElPlural, “la UCO aún no ha entregado el informe sobre el novio de Ayuso que se reclamó hace casi 100 días pese a su celeridad con el de Begoña Gómez”. Según este medio, “la doble vara de medir vuelve a ser una máxima en la política española y encuentra de nuevo su foco en dos procesos casi paralelos pero cuya investigación se está desarrollando de manera muy diferente”. Y es que el juez Peinado ha puesto la directa y ya se ha propuesto juzgar a la esposa del presidente, ante un jurado popular, por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación. Para ello, el juez ha solicitado diferentes informes a la UCO y a otros organismos del Estado, que ya tiene en su poder. La maquinaria del Estado actúa con diligencia cuando interesa.
Uno de los últimos ejemplos de esa forma distinta de tratarse las causas que afectan a uno u otro partido es que, según ElPlural, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva casi cien días sin dar un solo dato acerca de un informe que requirió el Ministerio Fiscal sobre el patrimonio de la pareja de Ayuso. La orden de la Fiscalía era clara y taxativa: “Que se encomiende (a la UCO) la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”, pedía a fecha de 27 de junio de este año. Así lo reclamó al apreciarse indicios de crimen organizado en los delitos supuestamente cometidos por Amador.
“El retraso con el que llega el documento solicitado choca frontalmente con la celeridad con la que el mismo organismo dio al juez Juan Carlos Peinado un documento similar que, en su caso, contenía un centenar de correos electrónicos distribuidos en 34 páginas de extensión”. El magistrado que investiga a la esposa del líder del Ejecutivo dio dos días a la UCO para entregar el informe que analizara los mensajes de Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa y quien intercediera ante una quincena de patrocinadores de la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El objetivo del juez sigue pasando por encontrar algo punible para demostrar que la asesora realizó trabajos para la agenda privada y las actividades profesionales de la esposa de Sánchez.
Hay razones para pensar que se están siguiendo dos velocidades, dos ritmos diferentes en uno y otro asunto, el que atañe al jefe de los fiscales españoles y el que se centra en el novio de la lideresa madrileña. El fiscal general del Estado ha sido víctima de una caza de brujas. Hasta seis periodistas han declarado en el Supremo que Ortiz no les filtró información alguna sobre el novio de Ayuso. Sin embargo, el magistrado instructor del tribunal no ha tenido en cuenta esos testimonios. Los ha pasado por alto sin darles la menor importancia cuando se trataba de pruebas decisivas y cruciales para poder cerrar el caso. Curioso cuando menos.