El futuro de Begoña Gómez pasa por el Tribunal Supremo y, probablemente por el Tribunal Constitucional. El recorrido judicial (más bien calvario) que le aguarda a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será largo y, previo paso por la Audiencia Provincial de Madrid, donde se celebrará el juicio con jurado, podría llegar previsiblemente, en forma de recurso si es que es condenada, al Alto Tribunal. El Supremo ya ha mostrado en resoluciones previas su incomodidad con la forma en que el juez Juan Carlos Peinado ha conducido la instrucción. No obstante, pueden transcurrir largos meses hasta que se celebre el juicio con jurado. Y la fecha fijada por la Audiencia Provincial podría coincidir con las elecciones generales del 2027. Sería un calendario diabólico. El sector conservador de la judicatura sueña con ese contexto: un juicio contra la esposa del presidente del Gobierno en plenas elecciones. Ni hecho a propósito el guion tramado como una película de terror para la familia de Moncloa.
Al margen de la decisión esencial sobre si hay materia o no para ir a juicio, la Audiencia de Madrid también deberá pronunciarse sobre si se pueden llevar los cuatro delitos al jurado por la conexidad entre ellos, o bien solo los dos expresamente previstos para ello (tráfico de influencias y malversación). La investigación por el máster de la Universidad Complutense de Madrid, iniciada a raíz de una denuncia de Manos Limpias, ha generado un intenso debate jurídico y político desde su origen. El juez Peinado decidió abrir diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, basándose en simples recortes de prensa, bulos de las redes sociales y en documentos cuya relevancia penal ha sido cuestionada por distintas instancias. La Fiscalía ha sostenido desde el primer momento que no existen indicios sólidos para sostener la causa, mientras que la defensa de Gómez ha denunciado irregularidades y falta de fundamento jurídico. Los sucesivos informes de la UCO de la Guardia Civil han descartado en todo momento que haya habido delito de corrupción alguno en la conducta de la primera dama.
El papel del juez Peinado ha sido objeto de críticas desde distintos sectores del ámbito jurídico. Y todo apunta a que la batalla final terminará en el Supremo que, en el caso de ser condenada la mujer del presidente por un jurado popular, tardaría más de un año en decidir dictando sentencia. Para entonces, el PP podría estar ya en el poder tras haber rentabilizado electoralmente el caso. El Supremo ha ido dictando resoluciones relacionadas con los diferentes recursos presentados en fases anteriores del procedimiento, y ya dejó entrever su malestar por la forma en que se han adoptado algunas decisiones en el caso Begoña. Sin entrar en valoraciones políticas, el Alto Tribunal apuntó a defectos procesales y a una interpretación expansiva de los indicios que, a su juicio, no se ajustaba a los estándares exigidos para abrir una causa penal. Entre los mayores tirones de orejas: el revés que el Supremo le dio a Peinado cuando desautorizó su intento de imputar en la causa al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por contratar a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa de Begoña Gómez: “No hay el más mínimo respaldo indiciario”, dijo en aquella ocasión el Supremo. La Sala Penal archivó la exposición razonada enviada por el instructor, que pedía imputar al ministro por malversación y falso testimonio. Sería irónico que después de todo el laberinto jurídico y la polvareda mediática, el Supremo terminara absolviendo a Gómez con Sánchez ya derrotado. Ese final tampoco desagrada al sector conservador de la judicatura que, de una forma o de otra, gana la partida. Aquello que dijo Aznar, el que puede hacer que haga para derrotar el sanchismo, va camino de consumarse.
Las sucesivas advertencias de la Audiencia Provincial y el Supremo al juez Peinado por su arriesgada y controvertida instrucción no han frenado al magistrado, que ha continuado avanzando con nuevas diligencias, citaciones y requerimientos documentales. Sin embargo, juristas consultados consideran que la acumulación de controversias procesales y la relevancia institucional del caso hacen prácticamente inevitable que el asunto termine en manos del Supremo, que deberá pronunciarse sobre la corrección jurídica de todo el recorrido previo. Como último recurso, a Begoña Gómez le quedaría el Tribunal Constitucional, el mismo recorrido que seguirá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por filtrar a la prensa datos sobre los supuestos delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
La causa contra Begoña Gómez no es una investigación más. Su dimensión institucional, al afectar directamente al entorno del presidente del Gobierno, ha convertido cada movimiento judicial en un acontecimiento político. Aunque los tribunales insisten en que actúan con independencia, la presión mediática y el clima de polarización han añadido una capa de complejidad que no suele darse en procedimientos ordinarios. En este contexto, el Supremo aparece como el único órgano capaz de cerrar definitivamente el debate jurídico. Su intervención, según las fuentes consultadas, será determinante para fijar criterios sobre la validez de las pruebas, la interpretación de los delitos imputados y la corrección de las decisiones adoptadas por el juez instructor.
El hecho de que el Supremo ya haya cuestionado aspectos de la instrucción de Peinado añade un elemento adicional de interés. Aunque el Alto Tribunal no ha entrado aún en el fondo del asunto, sí ha dejado constancia de su preocupación por la forma en que se han manejado algunos elementos probatorios y por la falta de solidez de ciertos indicios. Estas observaciones, que en otros casos podrían pasar desapercibidas, adquieren especial relevancia en un procedimiento tan sensible. Para algunos juristas, son una señal de que el Supremo podría inclinarse hacia una interpretación restrictiva de los hechos investigados, lo que aumentaría las posibilidades de un archivo. Otros, sin embargo, advierten de que el Alto Tribunal podría optar por una revisión exhaustiva del caso para evitar cualquier sombra de duda sobre su imparcialidad.
Lo único que parece claro en este momento es que el proceso será largo. La acumulación de recursos, la complejidad jurídica del caso y la relevancia institucional de la investigada garantizan que cada decisión será recurrida y revisada en instancias superiores.