El calendario judicial que le aguarda al Gobierno es letal. Ya lo era hasta ayer, cuando estalló la bomba final contra el PSOE con los agentes de la UCO recopilando información sobre el caso Leire Díez en la sede socialista.
A partir de hoy la atención se desplazará a Badajoz, donde arrancará el juicio en el que está implicado el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por la adjudicación de una plaza pública. Se trata de un proceso con once acusados, entre ellos también el exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, que comenzará con las cuestiones previas antes de entrar en materia. El proceso entra en su fase más relevante, con la comparecencia de los propios acusados en la recta final.
Al juicio contra el hermano de Sánchez se suma la citación, más bien ultimátum, que ha dado al juez Peinado a Begoña Gómez para informarla sobre la apertura del juicio con jurado por el caso de su máster universitario. Se trata de una “audiencia preliminar” que tendrá lugar el 9 de junio y el magistrado le ha advertido de que si no acude será conducida por la “fuerza pública” a su presencia.
Juan Carlos Peinado avisa de que en esa vista “podría adoptar alguna medida cautelar” que “evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de la pena de cárcel a la que se enfrenta. También ha citado a los otros dos investigados, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. “Deberán comparecer personalmente los tres”, asegura el instructor, que advierte de que en caso de que no acudan al llamamiento serán llevados por la Policía. Las acusaciones populares ultraderechistas han pedido que el magistrado retire el pasaporte a la esposa del presidente por el riesgo de fuga.
Todo ello ocurre mientras el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de posponer su declaración como investigado en el caso Plus Ultra y ha situado el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio a las 9.00 horas, según informa La Sexta. “En una providencia, el magistrado ha considerado que procede conceder este aplazamiento, inicialmente señalado para el día 2 de junio, atendiendo la solicitud del expresidente del Gobierno, cuya defensa había esgrimido la voluminosa extensión de la causa (más de 4.000 folios), a la que hasta el lunes no tuvo acceso”. El expresidente busca apuntalar su defensa junto a su abogado.
Además, se da por hecho que la condena por el caso mascarillas podría recaer en estas fechas y el exministro José Luis Ábalos, ex número tres de Ferraz, podría enfrentarse a una sentencia muy dura. Será la guinda del pastel. Todo lo que atañe o afecta al Gobierno avanza a una velocidad de vértigo mientras el informe sobre los presuntos delitos fiscales del novio de Ayuso duerme el sueño de los justos, el caso Montoro se aletarga durante años hasta la prescripción y el pueblo sigue sin saber quién era 'M Punto Rajoy' en el sumario del tesorero Bárcenas.
Con este panorama judicial en ciernes, resulta difícil que el Gobierno pueda llegar vivo al verano. Pedro Sánchez insistió ayer en que confía en la Justicia, añadió que en el caso de que se demuestre la implicación de militantes del partido tomará medidas drásticas como la expulsión, tal como ocurrió con Ábalos, y volvió a insistir en que su intención es agotar la legislatura. Ayer, en su comparecencia ante los medios para informar de su encuentro con el papa previo a la visita del Sumo Pontífice a nuestro país, Sánchez transmitió la sensación de tranquilidad, pero lo cierto es que el calendario judicial que ha trazado la Justicia es letal para él y para el PSOE. Los socios que sustentan la coalición empiezan a marcar distancias con el sanchismo y diputados del bloque progresista como Enrique Santiago advierten de que hay un límite, una línea roja: si se demuestra que hubo financiación ilegal del partido socialista, dejarán caer al Gobierno. En la misma línea se ha pronunciado Gabriel Rufián.
Es obvio que el calendario ha sido meticulosamente trabajado y preparado. Hay sintonía, sincronía, se podría decir, a la hora de fijar los hitos del vía crucis sanchista. La fecha escogida por el requerimiento de la UCO a Ferraz bajo mandamiento del juez Pedraz, ayer sin ir más lejos, coincidió sospechosamente con un acto tan importante como el encuentro entre Sánchez y el papa León XIV en el Vaticano. La Guardia Civil (que no necesitaba montar ese dispositivo policial propio de una redada antiterrorista porque podría haber requerido la información del PSOE por otros medios menos agresivos) se lo puso “a huevo” a Feijóo, como suele decirse, para hacer una de sus frases sonrojantes: “Si Sánchez quiere acercarse al papa debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás”. Y lo dice el dirigente de un partido al que han pillado en numerosos embustes y cuya organización política tiene juicios por corrupción pendientes para una década (precisamente estos días se juzga la Kitchen, el asunto de espionaje político más grave de la democracia). En el PP, los mandamientos de Jesús los observan muy pocos.
No se puede decir que todo en la Justicia española sea lawfare o guerra sucia judicial, pero unos casos se instruyen con lógica, sensatez y con la ley en la mano y otros se dejan impregnar por el mal endémico de la politización. Aznar pidió que el que pueda hacer que haga para derrocar el sanchismo, y muchos están haciendo. Jueces, fiscales, policías, periodistas... Las fotografías de las joyas de Sonsoles Espinosa debidamente filtradas a los medios de la derecha (procedentes de una herencia familiar y no de comisiones por el caso Plus Ultra, tal como se ha demostrado simplemente recurriendo a imágenes de hemeroteca sobre recepciones y actos oficiales en las que participó la esposa de Zapatero), demuestran que hay sectores de las fuerzas de seguridad del Estado que colaboran activamente con el golpe blando al Gobierno. El “partido de las togas”, como dice Enrique Santiago, existe. Así que es preciso juzgar caso por caso lo que es un caso de corrupción de una broma pesada, montaje o delirio judicial. De cualquier manera, conviene no perder de vista que la ofensiva para derrocar al Gobierno, cruenta como pocas y bastante antidemocrática (los cambios de gobierno se hacen por los procedimientos legales establecidos, o sea elecciones o mociones de censura), deja muy tocado al Gobierno. Sánchez pende de un hilo.