El empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los imputados en el caso Begoña Gómez, es el flanco débil, el punto vulnerable contra el que el juez Peinado ha lanzado sus dardos judiciales para derribar a la esposa de Pedro Sánchez y, por ende, al actual Gobierno. El instructor cree que tiene pruebas que demuestran que hubo una relación entre el máster organizado por Begoña Gómez y las posteriores adjudicaciones que pudiera haber obtenido Barrabés. Acreditada esa conexión, se certificaría el delito de tráfico de influencias, piedra angular sobre la que se asienta toda la instrucción.
En su declaración del 1 de agosto de 2024, el empresario aseguró que se reunió con Sánchez solo una vez en la Moncloa y lo hizo en el marco de encuentros habituales en materia de innovación que también tuvo con otros representantes políticos, tal como informó EFE. Barrabés acudía a esas citas por el “buen nombre” que él tiene en el mundo de la innovación empresarial, según explicó el empresario zaragozano, sobre el que pivota la causa en la que tanto él como la mujer del presidente del Gobierno (y la asesora de esta, Cristina Álvarez) están investigados por presunto tráfico de influencias ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Barrabés, que precisó que en la reunión que mantuvo con el presidente no estaba Begoña Gómez, declaró durante poco más de media hora por videoconferencia, debido a su estado de salud, y contestó solo a preguntas de su letrado, según las mismas fuentes jurídicas citadas por EFE. El empresario, profesor del máster que codirigió la mujer del jefe del Ejecutivo, fue imputado tras comparecer como testigo. Entonces no pudo precisar algunas de las cuestiones que le preguntaban sobre la cátedra que obtuvo Begoña Gómez en la Universidad Complutense, pero que sí se reunió varias veces con ella en la Moncloa y que una vez se reunió con Sánchez. Además de esa entrevista con el premier socialista, explicó que también tuvo varios encuentros profesionales con su mujer porque esta le pidió ayuda para un módulo del máster. Según las fuentes, citó varias reuniones tanto en la Moncloa como en su empresa.
La Fiscalía Europea citó como investigado al empresario y a un directivo de Red.es en su indagación por denuncias de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en varios contratos que, según el juez Peinado, recibieron la recomendación de Begoña Gómez, añade EFE. La Fiscalía Europea asumió esa denuncia por afectar a la adjudicación de diversos contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiadas por el Fondo Social Europeo, dado que esta institución es la encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. Los fiscales de la UE iniciaron su investigación en mayo de 2024 y han llevado a cabo diferentes pesquisas, entre ellas la elaboración de informes periciales, la toma de numerosos testimonios de testigos y el análisis de documentos recibidos de diferentes instituciones y organismos. Paradójicamente, la Fiscalía española ha solicitado el archivo de la causa al no apreciar indicios de delito alguno.
En su momento, la Fiscalía Europea asumió la parte principal de la causa que había abierto el juez Peinado y que afectaba a las adjudicaciones de contratos públicos al empresario, si bien el magistrado posteriormente fue ampliando la causa por hechos distintos como la supuesta apropiación de un software del máster o la contratación de una asesora en Moncloa.
Barrabés fue director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez y fue beneficiario de varios contratos adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos, añade la agencia EFE.
Cabe recordar que la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado irregularidades administrativas en contratos adjudicados a Barrabés, siempre según las fuentes judiciales citadas por la agencia EFE. Así lo señala en un informe, enviado a la Fiscalía Europea, que analiza la adjudicación por parte de Red.es de lotes de dos contratos por valor de 8,3 millones de euros a la citada UTE. El informe cuestiona la forma en la que Red.es analizó las ofertas, así como el sistema de puntuación y los pliegos. Lo cual no quiere decir, en principio, que Hacienda haya detectado delito en esos expedientes, solo infracciones administrativas.
Pero más allá de la información que se dispone contra Barrabés, Peinado se ha encontrado con una dificultad añadida: probar que las supuestas adjudicaciones públicas al empresario se realizaron gracias a las intermediaciones de la esposa del presidente del Gobierno. El delito de tráfico de influencias exige una prueba muy rigurosa y estricta, no bastaría con la mera suposición de que esas licitaciones se concedieron simplemente por tratarse de la pareja de Sánchez. No vale como prueba que Gómez era “la mujer de”. En ese aspecto, la Justicia europea del TJUE es muy restrictiva y exige pruebas “sólidas” de que el tráfico de influencias fue decisivo a la hora de conceder las adjudicaciones de los fondos europeos. Hasta donde se sabe, las supuestas cartas de recomendación de la primera dama tendrían que ver con la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid, y ninguna relación con otro tipo de contratación con el Estado. Hay mucho que debatir sobre este asunto. Y quizá un jurado sin conocimientos de derecho no sea el tribunal más adecuado para conocer de este juicio.