Begoña Gómez ha declarado en la Fiscalía Europea que nunca habló con nadie del Gobierno sobre los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés. El Ministerio Público había citado a la esposa del presidente Sánchez como testigo en la investigación que analiza dos adjudicaciones públicas al industrial. Según fuentes jurídicas, no hay indicios de que la declaración de la primera dama la coloque en una difícil situación procesal, tal como informan hoy algunos periódicos de la derecha. Hasta ahora, su comparecencia se ha producido en calidad de testigo y los fiscales no han señalado que existan sospechas directas contra ella en esta vía europea.
Gómez ha declarado que no recuerda haber escrito una carta de recomendación para Juan Carlos Barrabés hasta que salió en prensa y que su relación con el empresario era profesional y no de amistad, según informa TVE citando fuentes judiciales. La mujer del presidente del Gobierno estaba llamada en calidad de testigo en el procedimiento abierto por la Fiscalía Europa para esclarecer si se cometió alguna irregularidad en la adjudicación de dos contratos públicos a una UTE de la que formaba parte una empresa de Barrabés.
El empresario se hizo con dos adjudicaciones de Red.es, un organismo ligado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, según TVE. Entre la documentación aportada en sendos procesos figura una carta de recomendación de Gómez. Barrabés acabó ganando el concurso, añade la cadena pública. Hasta la fecha, la Fiscalía española no ha encontrado pruebas de que haya una relación causa efecto entre la organización del máster para la Complutense a cargo de Begoña Gómez y la adjudicación de obra a Barrabés. Prestigiosos juristas recuerdan la dificultad que existen a la hora de demostrar el delito de tráfico de influencias. Y contra ese muro, el de la complejidad de encontrar pruebas de las supuestas mediaciones de Moncloa, ha chocado, una y otra vez, el juez Peinado a lo largo de su instrucción.
Gómez ha añadido que no sabía si finalmente el empresario se había presentado al concurso. “No tiene constancia de si la UTE se presentó finalmente al contrato ni de si se aportaron esas cartas y no le consta que el señor Barrabés se jactase de su cercanía o de una supuesta amistad con ella para influir en Red.es y obtener la contratación”, aseguran las mismas voces, que señalan que no ha podido aportar muchos más detalles porque “no recuerda nada adicional” sobre esas cartas.
Las fuentes jurídicas consultadas señalan que la declaración de Begoña Gómez ha durado unos 20 minutos y que los fiscales han centrado el interrogatorio en su relación con Barrabés. “Ha negado amistad y ha dicho que [su relación] era únicamente profesional, ya que él fue profesor en un máster que ella codirigía”, precisan las fuentes. Gómez además ha negado que tuviese una relación de amistad o cercanía con ningún alto cargo de la Secretaria de Estado de Transformación Digital, ni con la dirección general de Red.es, informa TVE.
La Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos de Red.es, uno destinado a la formación de jóvenes para la economía digital y otro para la formación de personas desempleadas, porque fueron financiados con fondos europeos. La UTE conformada por Innova Next, la empresa de Barrabés, y The Valley Digital Business School, consiguió la adjudicación de ambos por una diferencia mínima que decantó la parte subjetiva del proceso, el 40% de la nota. El 60% restante dependía de una serie de criterios cuantificables, añade TVE.
Cabe recordar que Begoña Gómez no está imputada en la investigación, que su declaración ha sido breve (unos 20 minutos) y orientada a aclarar su relación con Barrabés. Las fuentes consultadas indican que no hay sospechas directas sobre ella en esta causa. Hasta el momento la Fiscalía Europea no ha considerado su testimonio como incriminatorio. Se trata más bien de unas diligencias informativas en el contexto de la adjudicación de los fondos europeos a nuestro país. Por contra, el juez Juan Carlos Peinado sí ha pedido la apertura de juicio oral con jurado contra la esposa del presidente por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.