Alberto Núñez Feijóo soñaba con un juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en plena campaña a las elecciones generales. Sin embargo, los planes de la derecha parecen saltar por los aires, tal como recoge el periódico conservador Vozpopuli. “El posible juicio con jurado contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés no se celebrará hasta dentro de, al menos, un año y medio, según fuentes conocedoras de los plazos procesales. Esto quiere decir que, si finalmente la Audiencia Provincial de Madrid avala que la mujer del presidente del Gobierno se siente en el banquillo de los acusados ante nueve ciudadanos legos en Derecho, tendrá lugar en la próxima legislatura, ya que está previsto que se celebren las elecciones generales en julio de 2027”.
La prensa de derechas, bien informada de los asuntos judiciales, cita fuentes de la Audiencia Provincial de Madrid, que parece haber tomado la decisión de que el caso Begoña Gómez vaya a un ritmo más lento que el esperado por PP, Vox y las acusaciones populares ultraderechistas personadas en la causa. A la Audiencia Provincial le quedan varios trámites no menores antes de que la mujer del presidente se siente ante el jurado popular, entre ellos decidir sobre el recurso de la Fiscalía para archivar el caso. El Ministerio Público ha pedido al tribunal que archive completamente el procedimiento al considerar que los hechos no constituyen delito y que no existen indicios suficientes contra Begoña Gómez, su asesora y Barrabés.
Además, la Audiencia ya ha anulado varias resoluciones del juez Peinado por falta de fundamentación, especialmente su decisión de enviar el caso a un jurado popular sin concretar suficientemente los hechos imputados ni los indicios. Ahora debe determinar si el procedimiento puede avanzar o si debe retrotraerse o cerrarse.
A su vez, las defensas de los imputados han pedido la nulidad de las decisiones del juez y el archivo; las acusaciones populares (Hazte Oír, Manos Limpias) reclaman que se abra juicio y solicitan penas de hasta 24 años de prisión. La Audiencia debe decidir qué parte tiene razón en esta fase procesal. La Audiencia Provincial de Madrid debe resolver si el caso sigue adelante o se archiva, y si las decisiones del juez instructor fueron válidas o deben anularse. Su resolución marcará si la causa continúa en instrucción, pasa a juicio o se cierra definitivamente.
Hasta ahora se pensaba que la Audiencia Provincial podía fijar la vista oral a lo largo de 2027, fecha de elecciones generales. El ambiente estaría más crispado y polarizado que nunca. La tensión sería máxima en la calle. Y esa crispación se trasladaría, inevitablemente, a la sala de vistas. Ningún jurado podría sustraerse o aislarse de la ola antisanchista que recorrerá el país en esos días. Y eso podría influir en el desarrollo de un proceso politizado desde el principio (cabe recordar que fueron grupos de la extrema derecha quienes iniciaron la causa con una querella basada en simples recortes de prensa). De esta forma, el caso Begoña Gómez sería una parte más de la campaña electoral, lo que indudablemente beneficiaría a PP y Vox. Una nada despreciable madera para los incendiarios mítines de Feijóo y Abascal. El reloj de la Justicia conservadora parecía perfectamente sincronizado. Pero las noticias filtradas a la prensa de la caverna, y que hablan de un retraso de la vista oral, desmienten ese plan. ¿Es solo un señuelo para despistar y que no se pueda acusar a la Justicia española de connivencia con las organizaciones ultras personadas en la causa? ¿Sigue en pie la hoja de ruta para sentar en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular, a la esposa del presidente del Gobierno? Habrá que esperar a 2027 para saberlo. En principio, según los parámetros de un Estado de derecho, era más consecuente juzgar el caso por un tribunal profesional. El jurado ofrece serias dudas en un asunto que va más allá de lo jurídico para entrar en el terreno político y sociológico.