El Gobierno ha decidido actuar. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado un requerimiento formal a las comunidades de Madrid, Aragón y Baleares para que cumplan con la ley del aborto y creen el registro de objetores de conciencia. Es un paso previo antes de acudir a los tribunales, si en el plazo de un mes las tres administraciones no dan respuesta. “La ley se cumple. Punto”, ha zanjado García, que ha dirigido un mensaje directo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: “Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio. Nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente. Le recomiendo que recoja cable y cumpla la ley como las demás comunidades”.
La medida supone un pulso político y jurídico con la Comunidad de Madrid, la única que se ha declarado abiertamente en contra del registro, al que Ayuso ha calificado de “lista negra” de médicos. Sin embargo, el propio Ministerio aclara que el listado es estrictamente confidencial y privado, igual que el existente para la eutanasia, que la región sí mantiene operativo. Este registro, previsto en la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023, busca organizar los servicios hospitalarios y garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público.
Un paso previo antes de los tribunales
El requerimiento enviado por Sanidad tiene base legal en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trata de una advertencia formal: si las comunidades no cumplen, el Gobierno podrá recurrir ante los tribunales. La Dirección General de Ordenación Profesional ha estado vigilando durante meses el cumplimiento del acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de diciembre de 2023, donde todas las autonomías —incluidas las del PP— se comprometieron a implantar el registro de objetores.
Desde entonces, casi todas lo han hecho. Solo Madrid, Baleares y Aragón se mantienen en rebeldía. Asturias, la cuarta que quedaba, ya ha iniciado el proceso. El Gobierno insiste en que la creación del registro no es opcional, sino una obligación legal. Su objetivo es doble: proteger a los profesionales que se acojan a la objeción de conciencia y, al mismo tiempo, garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto sin obstáculos ni desplazamientos forzosos.
“Ayuso se ha creído que está por encima de la ley”
La ministra García no ha dudado en señalar a la presidenta madrileña, que la semana pasada llegó a afirmar en la Asamblea regional que las mujeres podían “abortar en otro sitio”. La respuesta de la titular de Sanidad ha sido contundente: “Ayuso se ha creído que está por encima de la ley y de los derechos de las mujeres”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha respaldado el requerimiento desde una entrevista en la Cadena SER: “Las mujeres no se van a ir a ningún lado. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es cumplir la ley”. Sánchez ha subrayado que la negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir una norma estatal “no es un debate ideológico, sino un problema de legalidad”.
El Ejecutivo defiende que el registro es una herramienta esencial para compatibilizar el derecho a la objeción con el derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro en el sistema público. Hoy, menos del 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en hospitales públicos en comunidades como Madrid o Andalucía, lo que evidencia —según Sanidad— una grave desigualdad territorial.
El Gobierno quiere blindar el aborto en la Constitución
El enfrentamiento con las comunidades del PP llega justo cuando el Consejo de Ministros ha aprobado el texto que propone blindar el derecho al aborto en la Constitución. El Ejecutivo de coalición ha acordado introducir un nuevo apartado, el cuarto, en el artículo 43, para reconocer expresamente “el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo”. El texto añade que “el ejercicio de este derecho será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva y con protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
La reforma, pactada entre el PSOE y Sumar, busca dar al aborto el máximo rango jurídico posible, aunque no se incluirá en el capítulo de derechos fundamentales, lo que evita el procedimiento más complejo de reforma constitucional. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado el paso como “histórico”: “Por primera vez, las mujeres tienen reconocida la libertad sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Es fundamental blindar este derecho porque vemos cómo mayorías absolutas, como la de Madrid, intentan revertir avances logrados”.
La derecha se fractura ante el debate
Mientras el Gobierno refuerza su posición, el PP afronta un debate interno. En el Partido Popular, el pulso entre el sector moderado y el alineado con la ultraderecha de Vox es evidente. Vox sigue defendiendo la derogación completa de la ley del aborto, mientras que Feijóo intenta evitar un discurso extremo sin enfrentarse directamente a Ayuso, cuya influencia interna es cada vez mayor. Desde el Gobierno interpretan la maniobra como una estrategia para “retratar al PP” y evidenciar su falta de consenso en temas sociales.
Un mes para decidir: cumplir o enfrentarse a la justicia
El requerimiento enviado a Madrid, Aragón y Baleares marca el inicio de un proceso que podría acabar en los tribunales si las comunidades no rectifican. Tienen un mes para responder. Si persisten en su negativa, el Gobierno dispondrá de dos meses más para interponer un recurso contencioso-administrativo.
Mientras tanto, la ministra Mónica García ha dejado clara la posición del Ejecutivo: “No vamos a permitir que se incumpla una ley que garantiza derechos fundamentales. Las mujeres no son súbditas de ningún gobierno autonómico. La ley se cumple, punto”.