La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a convertir un asunto de derechos fundamentales en un pulso ideológico y personal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su última comparecencia ante la prensa, Ayuso atacó la ley del aborto y el requerimiento del Ejecutivo central para que Madrid cumpla con su obligación de crear el registro de médicos objetores. Lo hizo recurriendo a un tono agresivo, afirmaciones falsas y apelaciones emocionales que poco tienen que ver con los hechos.
“El aborto en España es legal, pero tiene que ser poco frecuente en un país donde se realizan más de 106.000 abortos al año, uno de cada cinco en Madrid”, afirmó la presidenta, quien calificó esa cifra como “atroz” y la presentó como un “fracaso de la sociedad”. Sin embargo, lo que Ayuso no mencionó es que esos datos no son consecuencia de un “fracaso moral”, sino de la existencia de un sistema sanitario que garantiza el acceso a un derecho fundamental en condiciones seguras.
Y el verdadero fracaso —social, político y moral— sería permitir que se vuelva a cuestionar desde el poder lo que las mujeres ya conquistaron hace décadas
Las cifras y la realidad
Según los últimos informes del Ministerio de Sanidad, en 2023 se realizaron en España 96.316 interrupciones voluntarias del embarazo, no 106.000 como afirmó Ayuso. De ellas, algo menos del 22% se realizaron en la Comunidad de Madrid, lo que equivale a unas 21.000 intervenciones. La cifra no demuestra que Madrid sea un “foco de abortos”, sino que en muchas regiones gobernadas por el Partido Popular —como Castilla y León, Murcia o Galicia— las mujeres se ven obligadas a desplazarse porque no pueden ejercer su derecho en sus hospitales públicos.
Precisamente por esa razón, la ley obliga a todas las comunidades autónomas a crear un registro de objetores de conciencia. No se trata, como sugiere Ayuso, de un mecanismo de “señalamiento”, sino de una herramienta administrativa para garantizar que siempre haya personal disponible en los centros públicos para realizar las intervenciones. El modelo ya existe en Madrid para la eutanasia, sin que nadie haya cuestionado su constitucionalidad.
El requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros busca que la Comunidad de Madrid cumpla con la ley y deje de obstaculizar el acceso de las mujeres a un servicio sanitario básico. El Gobierno lo ha dejado claro: no se trata de ideología, sino de igualdad efectiva y seguridad jurídica.
“Del franquismo al sanchismo”
Ayuso, sin embargo, prefirió desplazar el debate hacia lo personal y lo emocional. “He sufrido la pérdida de dos bebés. Sé lo que es. No tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno. En España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las del sanchismo”, declaró, en una intervención que buscó situarla como víctima frente a un supuesto ataque machista de Sánchez.
Pero el presidente no la había aludido en esos términos. Pedro Sánchez se limitó a recordar que ninguna comunidad autónoma puede incumplir una ley estatal, y que el derecho al aborto debe estar garantizado en todo el territorio. Frente a esa afirmación legal y objetiva, Ayuso respondió con una narrativa emocional cargada de confrontación y desinformación.
El aborto no es un fracaso. Es una decisión personal, difícil y legítima, amparada por la ley
Su discurso —mezcla de moralismo y cálculo político— intenta presentarse como defensa de la “libertad”, pero termina siendo lo contrario: una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Un derecho que el Gobierno quiere blindar
Mientras Ayuso denunciaba un supuesto “ataque del machito Sánchez”, el Ejecutivo avanzaba en una de las reformas más relevantes de la legislatura: la incorporación del derecho al aborto en la Constitución Española.
El texto acordado entre PSOE y Sumar añadirá un nuevo apartado al artículo 43:
“Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
Esta reforma pretende impedir que futuras mayorías conservadoras puedan recortar un derecho conquistado tras décadas de lucha feminista. Y lo hace en un momento en el que las declaraciones de Ayuso o de líderes ultraderechistas de Vox reabren debates que la sociedad española había dado por superados.
La manipulación del lenguaje
Cuando Ayuso afirma que “no se puede obligar a un médico a practicar un aborto” o que “no se puede señalar a nadie por sus creencias”, mezcla verdades parciales con falsedades. Nadie propone obligar a un médico individual a realizar una intervención contra su conciencia; lo que exige la ley es que los hospitales públicos garanticen la prestación. Y eso solo es posible si las administraciones saben con antelación cuántos profesionales se acogen a la objeción.
Ayuso convierte la defensa de un derecho individual (el del médico) en un pretexto para limitar un derecho colectivo (el de las mujeres). Y lo hace bajo una retórica de “libertad” que en realidad encubre un modelo profundamente conservador, donde la autonomía femenina se supedita a la moral religiosa.
Madrid, la región donde abortar sigue siendo más difícil
Detrás de los discursos están los hechos: la mayoría de los abortos en Madrid se realizan en clínicas privadas concertadas, no en hospitales públicos. Las mujeres que acuden al sistema sanitario público son derivadas a centros externos, un proceso que puede tardar semanas y que en la práctica limita el acceso al aborto seguro y gratuito que garantiza la ley.
La Comunidad de Madrid no ha impulsado políticas activas para corregir esa desigualdad. Al contrario: mantiene un sistema opaco y sin registro público de objetores que impide planificar adecuadamente los recursos. Mientras tanto, Ayuso culpa al Gobierno central y a la izquierda de fomentar el aborto, cuando lo que se exige es simplemente cumplir la ley vigente.
Una estrategia política
Más allá del debate moral, la actitud de Ayuso responde a una estrategia política: presentarse como la principal opositora de Sánchez, incluso a costa de convertir en arma un tema tan sensible como los derechos reproductivos. “¿Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?”, preguntó con ironía. Pero la realidad es que Sánchez no habla en nombre de todas las mujeres, sino en defensa de su derecho a decidir sin tutelas.
Ayuso, en cambio, habla en nombre de un sector ideológico que pretende recuperar el control sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la agenda pública mediante la confrontación constante.
Libertad para unas pocas
Bajo su discurso de “libertad”, Ayuso defiende un modelo de sociedad en el que las mujeres que pueden pagar tienen opciones, y las que no, se quedan atrás. Su resistencia a crear el registro de objetores no protege a los médicos: protege un sistema desigual que convierte un derecho en un privilegio.
Ayuso llama "machito" a Pedro Sánchez
"Yo les voy a decir mi opinión y voy a fijar la posición de la Comunidad de Madrid y la mía personal en tres puntos. A partir de ahí, insisto en que cada uno coja lo que quiera. Esta va a ser mi declaración sobre el aborto ahora y en todo momento mientras viva. Esto es lo que opino", ha dicho la presidenta.
Ayuso a continúado: "Lo primero: ¿el aborto en España es legal? Sí, pero tiene que ser seguro y, sobre todo, tiene que ser poco frecuente en un país donde se realizan más de 106.000 abortos al año, uno de cada cinco en Madrid, de mujeres que vienen de todas partes de España, especialmente de regiones gobernadas por la izquierda".
"Por tanto, esto es intentar engañar y, sobre todo, mi pregunta es: ¿queremos más?, ¿nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y me parece que es un fracaso como sociedad, y más en un país donde faltan niños y políticas en positivo, como estamos haciendo nosotros en la Comunidad de Madrid: por el niño que está en camino, por las familias que necesitan tener más hijos, en un país que envejece a esa velocidad".
"Segundo punto: no se puede obligar a nadie ni se puede señalar a nadie por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo. Y no puede ser señalado ni por sus familias, ni por sus condiciones económicas, ni por nada. Tampoco se puede obligar a un médico a practicar o no practicar un aborto. No se puede", insistido.
La presidenta continúo: "Además, voy a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid: el respeto y el anonimato de los profesionales. Eso está amparado por la Constitución española, la libertad de conciencia y el derecho a que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias. Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes".
"Y tercero, sobre Sánchez —esto ya es personal—: se lo digo porque hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito sobre el tema del aborto. Le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. No tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno."
Y finalizó: "¿Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? ¿Y también se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad? Por tanto, en España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos."
El aborto no es un fracaso. Es una decisión personal, difícil y legítima, amparada por la ley. Y el verdadero fracaso —social, político y moral— sería permitir que se vuelva a cuestionar desde el poder lo que las mujeres ya conquistaron hace décadas.