Isabel Díaz Ayuso vuelve a enfrentarse al Gobierno central. Esta vez, por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al aborto que exige la ley estatal desde 2023. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dio tres meses a cuatro comunidades autónomas para poner en marcha este instrumento administrativo, imprescindible para garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Todas, salvo Madrid, han anunciado que cumplirán.
Durante su visita al hospital José Germain de Leganés, Ayuso volvió a rechazar el registro al considerar que “estigmatiza” a los sanitarios que se niegan a practicar abortos. Sin embargo, el registro no es público, no identifica a nadie ante la ciudadanía y tiene un fin exclusivamente organizativo: asegurar que haya personal disponible para cumplir la ley.
Una ley que busca garantizar derechos
El Gobierno recuerda que el registro fue avalado por el Tribunal Constitucional en junio de 2024, que estableció que no vulnera la libertad ideológica ni la intimidad de los profesionales. Su único objetivo es que los servicios de salud puedan planificar recursos y evitar que la objeción de conciencia se convierta en un obstáculo para el derecho de las mujeres.
La ministra de Sanidad, Mónica García, fue tajante desde Moncloa: “La ley se cumple, punto. Usaremos todas las herramientas jurídicas y administrativas necesarias para que así sea”. También recordó que “las comunidades autónomas no pueden ir por libre cuando se trata de derechos fundamentales”.
El propio presidente Sánchez advirtió en su requerimiento que la negativa de algunas autonomías “limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho reconocido”.
Madrid, a la cola en la sanidad pública
Los datos del Ministerio de Sanidad son claros: mientras en Cataluña más del 55 % de los abortos se realizan en centros públicos, en Madrid la cifra apenas alcanza el 0,47 %. En Andalucía, gobernada también por el PP, la tasa es aún más baja, del 0,2 %. En cambio, comunidades como Galicia, Navarra o La Rioja superan el 70 %.
La diferencia, según el informe presentado por el Gobierno, evidencia “una doble privatización del aborto”: por un lado, se delega en clínicas privadas; por otro, se margina de la red pública, lo que “refuerza el estigma y debilita el principio de universalidad del sistema sanitario”.
El informe también apunta que en las comunidades donde la prestación es pública predominan los métodos farmacológicos, menos invasivos y más seguros, mientras que en Madrid y Andalucía sigue imponiéndose el procedimiento quirúrgico.
Una batalla ideológica
El pulso de Ayuso no es solo administrativo. Supone mantener el aborto como un asunto tabú, pese a que la ley y la sociedad española lo reconocen como un derecho consolidado. La resistencia de la presidenta madrileña la sitúa de nuevo en la órbita de la extrema derecha, que instrumentaliza la objeción de conciencia como arma política.
Mientras tanto, las mujeres madrileñas siguen sin poder elegir libremente si interrumpir su embarazo en la sanidad pública, algo que en la mayoría del país ya es una realidad. El Gobierno ha dejado claro que no permitirá retrocesos: “Ningún gobierno autonómico puede usar la objeción de conciencia como excusa para vulnerar derechos”.