Sánchez desafía al PP y a Ayuso: “El aborto debe estar garantizado en toda la sanidad pública”

El Gobierno reclama a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid que creen el registro de objetores de conciencia que marca la ley para asegurar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho sin obstáculos

06 de Octubre de 2025
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Sánchez desafía al PP y a Ayuso: “El aborto debe estar garantizado en toda la sanidad pública”
Manifestación por el aborto legal, libre, gratuito, foto archivo Agustín Millán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha movido ficha en uno de los debates más sensibles de la política española. Ha enviado una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid instándoles a cumplir con la ley que obliga a crear un registro de objetores de conciencia en materia de aborto. La medida, aprobada en 2023, busca garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sin que las decisiones personales de los profesionales impidan el ejercicio de un derecho reconocido por ley.

El requerimiento del Ejecutivo central se dirige especialmente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, algunas de las cuales, como de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso o la de Aragón, todavía no han activado este registro pese a haber pasado casi un año desde su aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En la carta, Sánchez recuerda que el cumplimiento de este mandato es “obligatorio” y advierte de que, si en tres meses no se ha puesto en marcha, el Gobierno adoptará las medidas legales necesarias para garantizarlo.

El derecho al aborto, en la sanidad pública

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se realizaron en España 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo. De ellas, el 78,7% se llevaron a cabo en clínicas privadas, frente a un 21,2% en hospitales públicos. La diferencia evidencia que, a pesar de los avances legislativos, el acceso real al aborto en el sistema sanitario público sigue siendo limitado.

El registro de objetores de conciencia pretende corregir esa desigualdad, permitiendo a las administraciones conocer cuántos profesionales se acogen a la objeción y organizar los servicios de forma que ninguna mujer se vea obligada a desplazarse a otra provincia o recurrir a un centro privado. El Tribunal Constitucional ya avaló en 2023 que el aborto es un derecho fundamental vinculado a la libertad y la autonomía personal, lo que obliga a los poderes públicos a garantizarlo en condiciones de igualdad.

Para el Gobierno, la falta de este registro en algunas comunidades supone, en la práctica, una vulneración del derecho de las mujeres. “El respeto a la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria”, sostienen fuentes de la Moncloa.

Ayuso se desmarca y apela a la libertad de conciencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al requerimiento con su estilo habitual: marcando distancia con el Gobierno central y defendiendo que nadie debe ser obligado a actuar contra sus principios.

Ayuso sostiene que el aborto “no puede imponerse como una obligación” ni convertirse en motivo de señalamiento para quienes no quieren practicarlo. Según su argumentación, debe prevalecer tanto el respeto a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como a los profesionales que optan por no hacerlo.

La presidenta madrileña ha evitado concretar si su Gobierno activará el registro de objetores, pero insiste en que cualquier regulación debe garantizar la libertad de conciencia del personal sanitario. En su opinión, el Ejecutivo central busca abrir un debate “ideológico” para distraer la atención de otros asuntos políticos.

Su postura reaviva el tradicional equilibrio que la derecha intenta mantener entre el respeto a la ley y la defensa de la moral personal, una tensión que dentro del Partido Popular vuelve a dividir sensibilidades.

Aragón, responde con reproche político

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha respondido que su Gobierno cumplirá “sin ningún problema” la obligación de crear el registro, aunque ha acusado a Sánchez de utilizar este asunto para “distraer de sus propios escándalos”. Desde Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha evitado pronunciarse de forma directa sobre el requerimiento, pero ha insistido en que el aborto “no debe enfrentarse a la libertad de conciencia de los médicos”.

Mientras tanto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que el registro es una exigencia legal imprescindible para hacer compatibles los derechos de las mujeres y la objeción de conciencia del personal sanitario. En una entrevista en Radio Nacional, recordó que “no puede haber mujeres de primera y de segunda dependiendo del territorio donde vivan”.

El paso dado por Sánchez llega apenas unos días después de la polémica moción de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid, que pedía informar a las mujeres sobre un inexistente “síndrome postaborto”. La iniciativa, respaldada inicialmente por el PP y luego matizada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, generó una fuerte división dentro del partido y abrió un nuevo frente con la ultraderecha.

El Gobierno ha aprovechado esa fractura para recuperar la iniciativa política y situar al PP en una posición incómoda. Desde Ferraz interpretan el debate como una oportunidad para subrayar las contradicciones internas de los populares, divididos entre el ala moderada que intenta no perder el centro y el sector más conservador, afín a Vox y a la herencia ideológica de Aznar.

La batalla del relato

El aborto sigue siendo, décadas después de la Transición, un terreno minado para el Partido Popular. Cada intento de limitarlo ha terminado en retroceso: desde la ley de supuestos de 1985 hasta la frustrada reforma de 2014 que provocó la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón. El PSOE lo sabe y lo utiliza como recordatorio de la falta de una posición clara del PP.

El presidente Sánchez ha aprovechado la coyuntura para anunciar su intención de impulsar una reforma constitucional que consagre el derecho al aborto en la Carta Magna. Con esta medida, busca blindar de forma definitiva una libertad que considera “esencial” y protegerla de posibles retrocesos.

El debate, sin embargo, no solo es jurídico. También es social y moral. Mientras una mayoría de la ciudadanía considera el aborto un derecho consolidado, persisten resistencias en algunos sectores religiosos y políticos que siguen tratando de imponer su visión sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres.

Un derecho en construcción

Más allá de los choques partidistas, el fondo del debate apunta a una cuestión de igualdad y justicia social. La capacidad de decidir sobre la maternidad sigue siendo un indicador de la autonomía real de las mujeres y de la madurez democrática de un país. Garantizar el aborto en la sanidad pública no solo implica cumplir la ley, sino también reconocer que los derechos deben ejercerse en condiciones de equidad.

Con esta carta, Pedro Sánchez busca no solo exigir responsabilidades, sino también abrir un debate que el Gobierno considera esencial: el de un Estado que protege la libertad individual frente al dogmatismo y que asume que los derechos sexuales y reproductivos son, ante todo, derechos humanos.

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