Pedro Sánchez ha defendido este jueves en el Congreso la actuación del Gobierno ante la crisis de Ceuta, ha anunciado que hará públicos todos los informes y documentos elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia y ha insistido en que España responderá con contundencia si aparecen pruebas sólidas que permitan atribuir a Marruecos una participación directa o indirecta en los acontecimientos del 30 y 31 de julio. La comparecencia ha servido, además, para comprobar hasta qué punto la crisis ha abierto un debate que desborda la política migratoria y alcanza de lleno a la seguridad nacional, las relaciones con Rabat y el futuro económico y político de Ceuta.
El presidente ha construido buena parte de su intervención alrededor de tres principios: transparencia, prudencia y respuesta del Estado. Sánchez ha asegurado que no existe interés alguno del Ejecutivo en ocultar información y ha comprometido la publicación de los documentos disponibles para que pueda reconstruirse qué conocía cada organismo antes, durante y después de la entrada masiva. Al mismo tiempo, ha rechazado anticipar conclusiones sobre una eventual participación del Estado marroquí mientras las investigaciones no aporten hechos suficientemente contrastados.
La posición del Gobierno no equivale, sin embargo, a considerar normal lo sucedido. Sánchez ha reconocido que durante aproximadamente diez horas la actuación de la Gendarmería marroquí permitió el paso de personas hacia Ceuta y ha admitido que las relaciones de cooperación con Marruecos tendrán que incorporar nuevas garantías después de una crisis que puso a prueba la capacidad de respuesta de ambos países. También ha recordado que la embajadora marroquí fue convocada después de las declaraciones de miembros del Gobierno de Rabat cuestionando Ceuta y Melilla.
La defensa de la actuación policial
Uno de los puntos centrales de la comparecencia ha sido la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil durante las horas más críticas. Sánchez ha asumido políticamente aquella respuesta y ha defendido que los agentes actuaron correctamente al priorizar la vida humana ante una concentración extraordinaria de personas en los pasos fronterizos y en los accesos marítimos.
El presidente ha planteado ante PP y Vox cuál habría sido la alternativa real en aquellas circunstancias y ha rechazado que proteger la frontera pudiera significar ordenar a los agentes disparar contra una multitud en la que había numerosos menores. Para Sánchez, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue proporcional, profesional y coherente con las obligaciones legales y humanitarias de un Estado democrático.
Esa defensa ha ido acompañada de un importante despliegue de cifras. El Gobierno asegura haber movilizado en apenas un mes cientos de millones de euros, centenares de policías y guardias civiles, miles de militares y profesionales sanitarios, sociales y administrativos para afrontar las consecuencias de la crisis. Sánchez ha recordado además que nueve de cada diez personas que entraron irregularmente regresaron en las primeras horas o días y que continúan los procedimientos de identificación, retorno, asilo y protección de menores.
Ceuta, más allá de la emergencia
La intervención del presidente también ha tratado de desplazar el debate desde la respuesta inmediata hacia el futuro de Ceuta. El Ejecutivo ha aprobado un paquete extraordinario de alrededor de 300 millones de euros y prepara nuevas inversiones estructurales destinadas a seguridad, infraestructuras, servicios públicos y actividad económica.
Sánchez ha insistido en que una de las prioridades debe ser diversificar la economía ceutí para que la ciudad no dependa permanentemente de su condición fronteriza. El objetivo del Gobierno pasa también por profundizar su integración europea, impulsar su entrada en la Unión Aduanera con un régimen fiscal específico y avanzar hacia un reconocimiento que permita a Ceuta y Melilla beneficiarse de una mayor presencia institucional de la Unión Europea.
La frontera, en esta concepción, no puede afrontarse exclusivamente mediante vallas, vigilancia o presencia policial. El presidente ha defendido que la enorme diferencia económica entre ambos lados constituye una presión estructural que obliga a combinar seguridad, cooperación internacional y vías regulares de migración.
Feijóo endurece el enfrentamiento
Alberto Núñez Feijóo ha realizado una lectura completamente distinta de la crisis. El líder del Partido Popular ha sostenido que lo ocurrido fue una vulneración de la soberanía española, ha acusado al Gobierno de haber recibido avisos previos y ha exigido responsabilidades políticas por lo que considera una respuesta insuficiente.
Feijóo ha afirmado que existen indicios de que la operación fue consentida e incluso coordinada desde Marruecos y ha reprochado a Sánchez que mantenga una posición excesivamente prudente respecto a Rabat. También ha planteado un refuerzo permanente de la frontera, una mayor presencia policial y militar, la ampliación de las infraestructuras del Tarajal y una política más exigente de retornos.
Sánchez ha respondido al jefe de la oposición reclamándole que detalle qué habría hecho de forma diferente y ha recordado las políticas desarrolladas por anteriores gobiernos del PP hacia Marruecos, desde José María Aznar hasta Mariano Rajoy, cuyos ejecutivos también consideraron estratégica la cooperación con el país vecino.
Vox convierte la crisis en una acusación de "traición"
Mucho más lejos ha llegado Santiago Abascal, que ha vertebrado su discurso alrededor de una acusación de «traición» contra el presidente del Gobierno. Vox considera lo ocurrido una invasión y reclama que se depuren responsabilidades políticas e incluso penales.
Sánchez ha rechazado frontalmente este marco y ha acusado a Vox de utilizar el sufrimiento de Ceuta y de las personas migrantes para alimentar un discurso de miedo y confrontación. El debate ha alcanzado especial dureza por las anteriores declaraciones del diputado José María Figaredo sobre la posibilidad de «cazar» migrantes, expresión que ha sido condenada reiteradamente durante la sesión.
La izquierda reclama más firmeza con Marruecos
La comparecencia también ha evidenciado diferencias dentro del espacio progresista sobre la respuesta que debería darse a Rabat. Enrique Santiago y Aina Vidal, de Sumar, han reclamado una investigación más profunda sobre el comportamiento marroquí y han defendido que las imágenes y los indicios existentes justifican exigir explicaciones.
Santiago ha señalado directamente a Marruecos y ha reclamado que se aceleren los traslados desde Ceuta a la Península, especialmente de menores y personas vulnerables, para evitar que la ciudad soporte durante meses una presión extraordinaria. Vidal ha cuestionado lo que considera una política demasiado complaciente con Rabat y ha recuperado además el debate sobre el Sáhara Occidental y la externalización de las fronteras europeas.
Gabriel Rufián ha formulado una acusación aún más explícita contra Mohamed VI y ha sostenido que la entrada masiva debe entenderse en un contexto geopolítico mucho más amplio. Al mismo tiempo, el portavoz de ERC ha advertido a la izquierda de que no basta con responder mediante consignas y ha reclamado combinar derechos, integración, obligaciones y una gestión ordenada de la inmigración.
Ione Belarra ha sido también especialmente crítica con Marruecos y ha reclamado incluso una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales mientras el régimen no avance hacia una democratización y un mayor respeto de los derechos humanos. Su intervención ha combinado esa crítica con una severa censura a la gestión humanitaria de la crisis y con una denuncia del discurso de PP y Vox sobre la «invasión».
Patxi López cierra filas con el Gobierno
El respaldo más firme a Sánchez ha llegado desde el Grupo Socialista. Patxi López ha defendido una respuesta basada simultáneamente en «legalidad y humanidad» y ha reivindicado el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los sanitarios, las ONG, los voluntarios y buena parte de la sociedad ceutí.
López ha acusado al Partido Popular de haber endurecido su posición migratoria por la presión política de Vox y ha recuperado declaraciones de Feijóo de 2015, cuando siendo presidente de Galicia defendía una respuesta «humanitaria y sensata» ante la llegada de refugiados sirios. Para el portavoz socialista, el problema no consiste en elegir entre seguridad y humanidad, sino en garantizar ambas.
Transparencia antes de señalar responsabilidades
El debate ha dejado abiertas numerosas preguntas, pero también una decisión políticamente relevante: Sánchez ha comprometido la publicación de la documentación disponible sobre la crisis. Esa información será determinante para conocer hasta dónde llegaron los avisos previos, cómo circularon dentro de los organismos del Estado, qué información tuvo el Gobierno y qué papel desempeñó Marruecos durante las horas decisivas.
Hasta entonces, el presidente mantiene su línea: prudencia para no atribuir responsabilidades sin pruebas, contundencia si esas pruebas aparecen y movilización de recursos para recuperar la normalidad en Ceuta.
La comparecencia no ha eliminado las discrepancias sobre Marruecos ni sobre la política migratoria, pero sí ha colocado sobre la mesa una cuestión más amplia. Ceuta no puede convertirse únicamente en escenario de una disputa partidista cada vez que su frontera entra en crisis. Su seguridad, su desarrollo económico, su plena integración europea y la convivencia de sus ciudadanos exigen una estrategia de Estado que permanezca cuando desaparezcan los focos y las declaraciones desde la tribuna.
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