Pedro Sánchez ha llevado este jueves al Congreso una versión mucho más compleja de la crisis de Ceuta que la defendida por el Gobierno durante las primeras semanas posteriores al 30 de julio. El presidente continúa rechazando que existan pruebas suficientes para acusar a Marruecos de haber diseñado la entrada masiva, pero ha reconocido por primera vez de una manera particularmente explícita que durante aproximadamente diez horas la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera, ha admitido que todavía debe aclararse si aquello respondió a incapacidad o inacción y ha anunciado una revisión profunda de los mecanismos de cooperación con Rabat porque, después de lo sucedido, «esa cooperación tiene que ser diferente».
La comparecencia llega además después de conocerse el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, CENIF, que considera que la entrada de decenas de miles de personas no fue espontánea, detecta planificación, organización por fases y participación de fuerzas marroquíes guiando algunos cruces. Sánchez ha optado por no convertir esas conclusiones policiales en una acusación contra el Gobierno alauí, aunque tampoco ha cerrado ninguna hipótesis. "A día de hoy nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva [...] fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes", ha afirmado antes de insistir en que todas las unidades competentes continúan investigando.
De una alerta migratoria a una crisis que nadie dimensionó
Sánchez ha reconstruido las jornadas anteriores al 30 de julio para defender que existieron avisos y un incremento de la presión migratoria, pero no una previsión capaz de anticipar la dimensión final de la avalancha. Entre el 10 y el 25 de julio se registraron de media 37 entradas diarias a nado, cifra que aumentó progresivamente hasta alcanzar las 194 durante la noche del día 29. El Ejecutivo y las autoridades ceutíes detectaron ese repunte y reforzaron dispositivos, pero, según el presidente, lo interpretaron dentro de un patrón estacional que ya había registrado incrementos importantes otros veranos.
La mañana siguiente cambió todo. Las redes comenzaron a difundir masivamente mensajes según los cuales una sentencia del Tribunal Supremo impedía devolver a quienes consiguieran entrar por el mar. Miles de personas se desplazaron hacia Castillejos y cuatro de cada cinco accesos se produjeron finalmente rodeando a nado el espigón del Tarajal. Sánchez ha defendido la decisión de los agentes españoles de permitir temporalmente el paso ante el peligro de provocar una catástrofe en el agua y ha reivindicado que eligieran "defender la vida humana" frente a mantener a cualquier precio la estanqueidad de la frontera.
Para cuando el flujo comenzó a disminuir, el Gobierno calcula que habían entrado unas 70.000 personas. Sánchez ha destacado la cooperación posterior con Marruecos, que permitió retornar a unas 50.000 en menos de 24 horas y alrededor de 63.000 durante las primeras 72 horas, más del 90% del total estimado. Ese comportamiento posterior de Rabat es precisamente una de las contradicciones que ahora requieren explicación: la misma gendarmería que consiguió controlar las convocatorias posteriores del 12 y el 15 de agosto fue incapaz —o decidió no impedir— el paso durante las horas decisivas del 30 de julio.
La alerta del CENIF sale definitivamente a la luz
Una de las partes más relevantes de la intervención ha sido la reconstrucción de las comunicaciones previas del CENIF. Sánchez ha confirmado que el centro policial elaboró notas los días 28 y 29 de julio. La primera hablaba de un "incremento paulatino» de intentos de acceso por los espigones, mientras la segunda advertía de un «riesgo potencial de entradas irregulares" en Ceuta y Melilla.
La tabla de escenarios incorporada a esa segunda nota atribuía una probabilidad alta a nuevas entradas a nado, aunque con impacto bajo o medio, y una probabilidad media-baja al escenario más grave de entrada coordinada por mar y salto de la valla. El documento advertía expresamente de que no podía garantizarse que este último escenario fuese a producirse. Sánchez utiliza estos datos para sostener que sí hubo alertas, pero ninguna anticipó ni la escala ni la probabilidad de una movilización de unas 70.000 personas.
El presidente ha anunciado además algo que puede ser decisivo para terminar con la batalla política sobre quién sabía qué: ha ordenado publicar un dosier con todos los informes y documentos previos a la crisis para que puedan ser examinados directamente por periodistas y ciudadanos. La decisión permitirá comprobar no solo el contenido exacto de las alertas, sino también sus destinatarios y el nivel de riesgo que atribuían a cada escenario.
La pregunta incómoda dentro de la Policía
Sánchez ha introducido además otra cuestión que hasta ahora había permanecido en segundo plano. El Gobierno quiere saber por qué determinada documentación del CENIF no llegó a niveles superiores dentro de la Policía y de Interior, especialmente cuando su contenido podía tener consecuencias para la seguridad del Estado. "¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España?", se ha preguntado desde la tribuna.
La cuestión deberá matizarse con la existencia de actuaciones judiciales y posibles restricciones impuestas a los investigadores, pero políticamente abre un problema evidente: el Ejecutivo tendrá que reconstruir la cadena completa de información y determinar qué documentos circulaban únicamente entre unidades operativas, cuáles llegaron a mandos policiales y cuáles alcanzaron finalmente a Interior o Moncloa.
Marruecos: ni exculpación definitiva ni acusación sin pruebas
Sánchez ha intentado situarse deliberadamente entre dos posiciones. No acepta la acusación de que Marruecos organizó la crisis porque, asegura, las evidencias disponibles todavía no permiten afirmarlo, pero tampoco considera normal lo sucedido. Su propia cronología divide el comportamiento marroquí en tres fases: normalidad antes del día 30, permisividad durante las diez horas centrales de la avalancha y una actuación eficaz inmediatamente después.
"Si hubo incapacidad o inacción es algo que tiene que aclararse", ha reconocido. Y esa frase marca un cambio sustancial respecto a cualquier intento de presentar como completamente normal la actuación de Rabat.
El presidente ha vinculado además la crisis con las nuevas amenazas híbridas y ha defendido que España necesita reforzar no solo vallas y efectivos, sino inteligencia, ciberseguridad, capacidad de detección de campañas digitales y cooperación europea. Ha anunciado presencia permanente de Frontex, una petición a Europol para crear una misión específica sobre migración irregular en Ceuta y una revisión de todos los mecanismos de alerta compartidos con Marruecos.
La frase que resume probablemente mejor la nueva posición del Gobierno es precisamente la que Sánchez ha reservado para Rabat: "Tenemos que seguir cooperando con Marruecos", pero "después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente".
Después de un mes de crisis, Ceuta ya no aparece únicamente como un problema migratorio. El propio presidente habla de amenazas híbridas, de fallos que deben investigarse, de una frontera desbordada durante horas y de una gendarmería marroquí cuya actuación pasó inexplicablemente de permitir el cruce a impedirlo con eficacia pocos días después.
Sánchez no acusa todavía a Marruecos. Pero tampoco lo exculpa. Y, por primera vez, ha dejado claro en el Congreso que la explicación de aquellas diez horas sigue pendiente.
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