La polémica sobre el aborto volvió a estallar en Madrid tras un error político de primer orden del Partido Popular y del alcalde José Luis Martínez-Almeida. El pleno del Ayuntamiento aprobó junto a Vox una propuesta que obligaba a informar a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo de un inexistente “síndrome posaborto”, sin respaldo científico. Apenas 24 horas después, y tras la reacción de los sectores liberales del propio PP, Almeida se vio obligado a rectificar y reconocer que dicha categoría “no es científica”.
Lo que podía parecer un movimiento táctico menor se convirtió en un problema de primer nivel para la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. El episodio volvió a poner de manifiesto las contradicciones del PP en materia de derechos de las mujeres y dejó en evidencia su dependencia del discurso de Vox en un tema tan sensible como el aborto.
Un error político con consecuencias
En el texto aprobado inicialmente se vinculaba el aborto con supuestos efectos como alcoholismo, depresión, pensamientos suicidas, cáncer o incluso mayor riesgo de muerte en el año siguiente a la intervención. Todo ello, sin ninguna base científica ni en la clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) ni en el manual de referencia en salud mental (DSM-5).
El desconcierto fue inmediato. Mientras dirigentes conservadores defendían públicamente la medida con el argumento de que “la información nunca es un problema”, en privado reconocían que Vox había marcado la agenda y que el PP había caído en la trampa de un debate que no le interesa abrir. “Es un error meternos en este jardín”, admitían fuentes de la dirección popular.
Almeida, consciente de la dimensión de la polémica, reculó al día siguiente. Explicó que la información sobre el aborto no sería obligatoria y que, en cualquier caso, no vendría determinada por Vox, sino por profesionales del Ayuntamiento. La rectificación fue celebrada por Génova, que se apresuró a cerrar un asunto que generaba incomodidad interna y daba munición al Gobierno.
Sánchez mueve ficha
El presidente Pedro Sánchez aprovechó la oportunidad política para anunciar una medida de gran calado: iniciar una reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. El Ejecutivo quiere que España se convierta en el segundo país de Europa, después de Francia, en incluirlo expresamente en su Carta Magna.
El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres. Por eso, vamos a:
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 3, 2025
1️⃣ Impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto, reformando el Real Decreto…
El objetivo, explicaron fuentes gubernamentales, es “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres” y evitar que futuras mayorías parlamentarias puedan limitar este derecho con argumentos ideológicos o pseudocientíficos. La reforma, que necesita el apoyo del PP, se antoja complicada, pero el Gobierno ya prepara un plan alternativo: modificar por mayoría simple el decreto de 2010 para garantizar que toda información que reciban las mujeres tenga aval científico y se base en los estándares de organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Americana de Psiquiatría.
De este modo, el Ejecutivo intenta cortar de raíz el uso de bulos o falsas teorías como el llamado “síndrome posaborto”, habitual en las campañas de asociaciones ultracatólicas y que Vox ha intentado introducir en las instituciones.
Un debate recurrente en el PP
El episodio de Madrid no es aislado. En Castilla y León, en 2023, el Gobierno autonómico del PP y Vox ya intentó implantar un protocolo que ofreciera escuchar el latido fetal a las mujeres que quisieran abortar, una medida que tampoco prosperó. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha oscilado entre defender el derecho de las menores a decidir y proponer medidas para “enlazar” a mujeres que contemplan abortar con familias adoptantes, dentro de su estrategia de natalidad.
Estas posiciones contradictorias reflejan la incomodidad del PP con un asunto que divide a sus bases: mientras el ala más conservadora comparte el discurso antiabortista, los sectores liberales prefieren mantener el tema fuera de la agenda para no alejar a votantes moderados.
Un derecho
El Gobierno quiere evitar que estas oscilaciones partidistas pongan en riesgo un derecho que las mujeres españolas conquistaron hace cuatro décadas. Aunque el aborto es legal en España desde 1985, sigue enfrentando obstáculos, desde la falta de recursos en la sanidad pública —donde se practican muy pocos procedimientos— hasta el hostigamiento en las clínicas privadas, perseguido penalmente desde 2023.
El choque entre el Ejecutivo y la derecha muestra que la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un campo de batalla político en el que la desinformación y los errores estratégicos pueden tener un alto coste. Esta vez, el tropiezo del PP ha servido para que el Gobierno dé un paso más en la protección de los derechos de las mujeres.