El desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que el pasado miércoles tuvo que abandonar en camilla la vivienda madrileña en la que había residido durante más de siete décadas, ha desembocado este sábado en una movilización por el derecho a la vivienda que ha recorrido el centro de Madrid desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. Convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos bajo el lema «Ni una Maricarmen más», miles de personas han trasladado a las calles su rechazo a los desahucios sin alternativa habitacional y han reclamado cambios legislativos para evitar que la finalización de un contrato de alquiler pueda dejar a familias enteras sin posibilidad de permanecer en sus hogares.
La manifestación ha comenzado alrededor de las 18.45 horas y ha avanzado por la calle de Alcalá, Cibeles y el entorno del Congreso entre pancartas contra la especulación inmobiliaria, consignas sobre el encarecimiento de los alquileres y críticas dirigidas a las distintas administraciones. La Delegación del Gobierno ha cifrado la asistencia en 25.000 personas a las 20.45 horas, mientras que los convocantes la han elevado a 250.000, una diferencia considerable entre ambas estimaciones que no permite presentar una cifra única como dato definitivamente acreditado.
La protesta ha reunido a jóvenes que encuentran cada vez más dificultades para emanciparse, familias preocupadas por la renovación de sus contratos, vecinos amenazados por procedimientos de desahucio y personas que denuncian la transformación de sus barrios en espacios destinados fundamentalmente al turismo y a la inversión inmobiliaria. Entre los gritos que han acompañado la marcha se han escuchado «Fuera rentistas de nuestros barrios» y «Rentistas culpables, Gobierno responsable», expresiones que reflejan que el malestar de los asistentes no se dirige exclusivamente contra una administración o un partido, sino contra las políticas de vivienda desarrolladas desde los diferentes niveles de gobierno.
Maricarmen convierte su desahucio en una reclamación colectiva
La movilización llega apenas tres días después del lanzamiento judicial ejecutado en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, donde Maricarmen había vivido desde 1956 y donde permaneció hasta que el procedimiento impulsado por la sociedad propietaria Urbagestión Desarrollo e Inversión terminó con su salida de la vivienda y su traslado al Hospital Gregorio Marañón. El desahucio se produjo al cuarto intento, pese a las concentraciones vecinales, las iniciativas de mediación y las propuestas económicas que se habían planteado para intentar que pudiera permanecer en su domicilio.
Desde el hospital, Maricarmen ha querido dirigirse directamente a las personas que la han acompañado durante estos días y al presidente del Gobierno para pedir que su caso sirva como impulso para modificar la legislación. En un mensaje difundido por el Sindicato de Inquilinas, ha insistido en que su experiencia no debería repetirse y ha reclamado la aprobación de medidas que protejan de forma efectiva a quienes se enfrentan a la pérdida de su vivienda.
Su intervención ha reforzado el carácter colectivo de una manifestación que no reclama únicamente una solución particular para ella, sino cambios en la legislación sobre arrendamientos, en las condiciones de renovación de los contratos y en los mecanismos públicos de protección frente a los desahucios. La organización convocante considera que lo ocurrido ha supuesto un punto de inflexión y pretende transformar la movilización de estos días en una negociación política sobre medidas estructurales que alcancen al conjunto de los inquilinos.
Ayuso, Almeida y Sánchez, señalados durante el recorrido
El itinerario de la manifestación ha tenido también una dimensión institucional, porque la marcha partió de la Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pasó por Cibeles, donde se encuentra el Ayuntamiento, y terminó ante el Congreso de los Diputados, trasladando así sus exigencias a las tres administraciones con capacidad de intervenir en diferentes aspectos de la política de vivienda.
Entre las consignas se han escuchado críticas a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, a quienes los convocantes reprochan las políticas autonómicas y municipales en materia de vivienda, pero también al Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigen que las medidas anunciadas se transformen en protección legal efectiva. Los manifestantes han reclamado que no se repitan situaciones como la de Maricarmen y han pedido que las administraciones abandonen el intercambio de responsabilidades para abordar las consecuencias de la crisis del alquiler.
Antes del inicio de la marcha, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, calificó el desahucio como un punto de inflexión y reclamó al Gobierno central la aprobación del denominado «decreto Maricarmen» en el Consejo de Ministros del próximo martes. Del Río dirigió reproches tanto al Ejecutivo autonómico de Ayuso, al que acusó de favorecer un modelo inmobiliario especulativo, como al Gobierno de Sánchez, al que responsabilizó de no haber impulsado a tiempo una respuesta legislativa suficiente. Se trata de acusaciones formuladas por la organización convocante, que ha situado la exigencia de cambios legales en el centro de sus reivindicaciones.
El «decreto Maricarmen»: contratos indefinidos y protección frente a los desahucios
La principal reivindicación legislativa de la convocatoria es la aprobación urgente de un paquete de medidas contra la inseguridad residencial que el Sindicato de Inquilinas ha denominado «decreto Maricarmen», una propuesta que la organización ha trasladado a los grupos parlamentarios y que pretende ir más allá de la respuesta individual al caso de la mujer desahuciada.
Entre las medidas planteadas figuran la renovación automática de los contratos de arrendamiento, la congelación de los alquileres, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar determinadas prácticas vinculadas a los alquileres temporales y por habitaciones, así como el establecimiento de mayores garantías para evitar desahucios sin alternativa habitacional. El sindicato también propone que la finalización de un contrato no permita recuperar automáticamente la vivienda sin una causa justificada y plantea una indemnización vinculada a los años de residencia cuando el inquilino deba abandonarla sin esa causa.
Conviene diferenciar esta iniciativa del sindicato de las negociaciones que mantiene el Gobierno para impulsar un nuevo real decreto-ley de vivienda. Aunque ambas responden al debate abierto tras el desahucio de Maricarmen, el texto defendido por la organización incorpora reivindicaciones propias y su aprobación en el próximo Consejo de ministras y ministros no está confirmada.
Los jóvenes y las familias llevan sus propias historias a la manifestación
Entre los testimonios recogidos durante el recorrido aparecen historias que muestran las distintas formas en las que la crisis residencial afecta a la población madrileña. Ainara Rueda y Aroa Bravo, dos estudiantes universitarias de 17 años, han expresado su preocupación tanto por sus perspectivas de futuro como por las dificultades económicas que ya afrontan sus familias, mientras que Marta Ortega, profesora de 26 años, ha explicado que tuvo que abandonar La Latina, el barrio en el que había crecido, ante la transformación de su entorno y la dificultad de encontrar allí una vivienda asequible.
También ha participado Vanessa García, una vecina de Pinto de 42 años que teme perder su vivienda cuando finalice su contrato de alquiler en 2031. Según su testimonio, la entrada de un fondo de inversión en su comunidad ha llevado a los residentes a afrontar una situación en la que tendrían que pagar 350.000 euros por piso para mantener sus hogares, una perspectiva que explica por qué considera que lo ocurrido con Maricarmen no es un problema aislado ni exclusivamente relacionado con las personas de edad avanzada.
La presencia de estos testimonios ha ampliado el alcance de la protesta, que reúne tanto a personas sometidas a procedimientos de desahucio como a otras que, aun teniendo actualmente una vivienda, temen no poder afrontar futuras renovaciones de contrato o consideran que sus ingresos resultan insuficientes para acceder a un alquiler en condiciones estables.
La acampada en Sol abre una nueva fase de movilizaciones
La cabecera ha llegado a las inmediaciones del Congreso pasadas las 20.30 horas y, durante la lectura del manifiesto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha anunciado que algunas personas habían comenzado a acampar en la Puerta del Sol. La organización ha difundido posteriormente un llamamiento para que los participantes regresaran a la plaza y se sumaran a una protesta que pretende prolongarse más allá de la manifestación de este sábado. El anuncio de la acampada procede del sindicato y todavía no permite determinar cuántas personas permanecerán allí ni durante cuánto tiempo.
La referencia a Sol incorpora además una dimensión simbólica, al tratarse del mismo escenario que acogió las movilizaciones del 15-M en 2011, aunque la convocatoria actual tiene sus propias reivindicaciones y una organización diferente. Los convocantes buscan mantener la presión sobre las instituciones en un momento en el que la crisis residencial ha vuelto al centro de la agenda política por el caso de Maricarmen y por las negociaciones que mantienen los partidos para impulsar nuevas medidas de protección.
El regreso de Maricarmen sigue sin estar resuelto
La situación particular de Maricarmen continúa pendiente de una solución, pese al anuncio realizado el viernes por Urbagestión, la sociedad propietaria de su antigua vivienda, sobre su disposición a estudiar el regreso de la mujer mediante el programa municipal ReViVa.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo rechazó esa propuesta en los términos planteados porque, según explicó, no cumplía los requisitos legales del programa. El Ayuntamiento ofreció, no obstante, su Servicio de Intermediación del Alquiler y anunció una reunión para el lunes 28 de septiembre, a las 16.00 horas, entre la propiedad y los representantes de Maricarmen, con mediación de los profesionales de la EMVS. Por tanto, el regreso a su antigua casa continúa sin estar garantizado.
La manifestación concluye así con dos cuestiones pendientes: la solución habitacional de Maricarmen y la respuesta legislativa que el movimiento inquilino reclama para evitar nuevos casos semejantes. La movilización ha situado ambas exigencias ante las administraciones madrileñas y el Congreso, mientras el anuncio de una acampada en Sol abre la posibilidad de que las protestas continúen durante los próximos días.
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