Maricarmen desmonta el relato del inquilino aprovechado y muestra la otra cara de la crisis de vivienda

Maricarmen Abascal tiene 87 años y este miércoles fue desahuciada de la vivienda en la que llevaba viviendo desde 1956. Durante más de siete décadas estuvo vinculada a esa casa, primero como hija de sus antiguos moradores y después como inquilina, manteniendo una relación contractual y pagando su alquiler. La imagen de esta mujer saliendo de su casa en camilla está muy lejos del estereotipo del “inquiokupa” que se ha instalado en determinados discursos políticos y programas de televisión.

Y, sin embargo, acabó saliendo de su casa después de que la Policía ejecutara el cuarto intento de desahucio. La propiedad del inmueble había cambiado de manos y la nueva propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión, reclamó la extinción del contrato por la segunda subrogación. Maricarmen ganó inicialmente en los tribunales, pero la Audiencia Provincial revocó aquella decisión y finalmente el Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad. Es una circunstancia fundamental para entender el caso y que no debería ocultarse: el desahucio se produjo al amparo de una resolución judicial favorable a la propiedad. Pero que una decisión judicial sea legal no convierte automáticamente a quien pierde su vivienda en un “okupa”, ni permite utilizar su historia como ejemplo de un supuesto inquilino que se niega a pagar y se aprovecha del sistema.

Durante los últimos años se ha construido alrededor del alquiler un personaje que resulta extraordinariamente eficaz desde el punto de vista mediático: el inquilino que deja de pagar, se atrinchera en una casa, destroza el inmueble y obliga al propietario a iniciar un interminable proceso judicial para recuperarlo. Los casos que responden a esa descripción existen y los problemas de los propietarios que sufren impagos también son reales.

De hecho, según cifras del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 se practicaron 7.334 lanzamientos en nuestro país. De ellos, 5.644, el 76,95 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El propio CGPJ señala que el impago del alquiler fue la principal causa de esos procedimientos.

Pero una cosa es informar sobre esa realidad y otra muy diferente convertirla en la imagen general del inquilino. Una persona que entra ilegalmente en una vivienda no es lo mismo que un arrendatario que lleva décadas viviendo legalmente en ella; un impago no es lo mismo que una controversia sobre la duración o la subrogación de un contrato; y un desahucio judicial no convierte automáticamente al desahuciado en un ocupante ilegal. Cuando todas esas situaciones terminan agrupadas bajo palabras como “okupa”, “inquiokupa”, “moroso” o “aprovechado”, el lenguaje deja de describir realidades distintas y empieza a construir un personaje. Maricarmen resulta especialmente incómoda para ese relato porque resulta difícil convertir 71 años de alquiler en la historia de una recién llegada que pretende aprovecharse de un propietario.

El miedo como argumento

Durante años, determinados programas de televisión han dado una enorme visibilidad a historias de propietarios enfrentados a ocupantes o inquilinos morosos. El Programa de Ana Rosa, por ejemplo, ha emitido contenidos sobre propietarios que recuperaban viviendas después de conflictos con sus ocupantes y ha utilizado el término “inquiokupa” para determinadas situaciones de impago. En ese ecosistema mediático se ha ido consolidando una imagen del inquilino asociada a la ocupación, el conflicto y la amenaza, cuando una relación contractual puede generar problemas y discrepancias de naturaleza muy diferente.

En ese contexto también han adquirido notoriedad empresas como Desokupa, que han convertido la recuperación de viviendas y los conflictos inmobiliarios en una parte de su actividad y de su presencia pública. La difusión reiterada de determinados casos puede alimentar una preocupación perfectamente comprensible entre los propietarios: “¿Y si alquilo mi piso y el inquilino deja de pagar?”. El problema aparece cuando esa situación concreta termina convirtiéndose en la imagen dominante de la relación entre propietarios e inquilinos.

Asimismo, también existe otro miedo que no suele aparecer con la misma intensidad en esas mismas tertulias, el miedo del inquilino a que su barrio deje de ser su barrio, a que el edificio cambie de propietario, a que el alquiler se multiplique o a que una vivienda en la que lleva décadas viviendo termine convertida en un activo más dentro de una cartera inmobiliaria.

La cara B que desaparece del debate

Mientras una parte del discurso público se concentra en el pequeño propietario que teme encontrarse con un inquilino moroso, la entrada de grandes inversores, llamados coloquialmente “fondos buitres” en el mercado residencial ha convertido también la vivienda en un activo de inversión. Una transformación que conecta directamente con el artículo 47 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada y deben regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

En algunos barrios, sobre todo de las grandes ciudades, edificios enteros pueden pasar a estar controlados por sociedades inmobiliarias o inversores con una elevada capacidad financiera. La lógica cambia entonces porque la vivienda deja de ser exclusivamente el lugar donde vive una persona y se convierte también en un activo cuya rentabilidad puede aumentar cuando desaparecen determinados contratos antiguos y el inmueble vuelve al mercado en otras condiciones.

El caso de Maricarmen lo ilustra de una manera difícilmente más gráfica. La vivienda en la que durante décadas pagó una renta antigua de alrededor de 500 euros quedó en el centro de un conflicto después de que el inmueble cambiara de manos. Urbagestión pasó a reclamar una renta de 2.650 euros mensuales, una cantidad que la inquilina no podía afrontar. La propia RTVE ha documentado el paso de los 500 a los 2.650 euros y el recorrido de la propiedad desde la familia que tenía el edificio hasta Renta Corporación y posteriormente Urbagestión.

Y aquí aparece la otra cara de la crisis: no solamente existe el propietario que teme al inquilino; también existe el inquilino que teme al propietario con capacidad financiera suficiente para comprar viviendas, modificar sus condiciones de alquiler o esperar a que termine un contrato para volver a colocar el inmueble en el mercado.

Madrid ya conoce esta historia

Además, esta transformación no empezó con Maricarmen ni con Ayuso. Madrid tiene un antecedente especialmente relevante en la venta, en 2013, de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a Fidere, filial de Blackstone, durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa. Aquella operación se convirtió en uno de los grandes símbolos del debate sobre la vivienda pública madrileña porque los pisos, destinados inicialmente a familias que habían accedido a vivienda protegida, pasaron a manos de una sociedad vinculada a un gran grupo inmobiliario y posteriormente se produjeron conflictos con algunos residentes por las condiciones de sus alquileres y por la continuidad de sus contratos.

La operación generó una larga batalla política y judicial. En 2020, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de Ana Botella y de su equipo después de que el Tribunal de Cuentas hubiera revocado previamente una sentencia que había considerado que la operación había causado un perjuicio económico. Por tanto, existe una resolución judicial firme que cerró la vía de responsabilidad contable contra la exalcaldesa. La polémica política y social sobre aquella operación no equivale, por tanto, a una declaración judicial de ilegalidad de la venta.

Más de una década después, aquella historia sigue formando parte del debate sobre la vivienda en Madrid. Blackstone continúa teniendo presencia en el mercado residencial madrileño y aquella operación se convirtió en uno de los ejemplos más citados cuando se analiza qué ocurre cuando viviendas que nacieron dentro de políticas de protección social terminan vinculadas a grandes operadores inmobiliarios.

La cuestión que permanece sobre la mesa es cómo puede una vivienda que nació como instrumento de protección social terminar integrada en la lógica de una cartera inmobiliaria y qué ocurre con las familias que viven dentro cuando cambian las reglas económicas que rodean al inmueble.

Un fondo tiene derecho a operar dentro del marco legal y un propietario tiene derecho a defender sus intereses. El debate está en otro lugar: qué consecuencias tiene para una ciudad que cada vez más viviendas estén sometidas a una lógica financiera y qué capacidad tienen las administraciones para garantizar que la rentabilidad inmobiliaria no termine expulsando a quienes ya viven en esos barrios.

La fotografía de IFEMA

La imagen de esta semana añade una nueva capa al debate. Mientras cientos de personas se concentraban para intentar impedir el desahucio de Maricarmen, Isabel Díaz Ayuso inauguraba en IFEMA The District, una feria internacional dedicada a la inversión inmobiliaria que reúne a fondos, promotores, empresas y profesionales del sector. La propia Comunidad de Madrid presentó allí sus políticas ante inversores internacionales. La feria reúne a más de 15.000 profesionales y más de 360 empresas, según el Gobierno regional.

La presencia de Ayuso en la inauguración no fue casual: la Comunidad de Madrid había presentado previamente The District como un encuentro internacional de inversión inmobiliaria destinado a reunir a fondos de inversión, promotores y expertos del sector. La presidenta defendió en ese contexto las políticas de su Gobierno y su estrategia para facilitar el acceso a la vivienda y atraer inversión.

El Sindicato de Inquilinas protestó en el recinto y denunció que grandes fondos y rentistas estaban buscando nuevas oportunidades de inversión inmobiliaria mientras millones de personas afrontan alquileres elevados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusó a Ayuso de poner una “alfombra roja” a los fondos de inversión mientras se producía el desahucio de Maricarmen.

La coincidencia temporal entre ambas imágenes tiene, al margen de las interpretaciones políticas, una evidente fuerza simbólica: mientras en IFEMA se hablaba de inversión inmobiliaria, atracción de capital y desarrollo del sector, a pocos kilómetros una mujer de 87 años perdía la vivienda en la que llevaba viviendo desde los 16 años. Son dos realidades que no necesariamente se contradicen desde el punto de vista jurídico, pero que sí plantean una pregunta política de fondo sobre el modelo de ciudad que se está construyendo.

Y la reacción de Ayuso al día siguiente del desahucio añade todavía más elementos a esa fotografía. Este jueves por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó el caso como “uno de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España” y sostuvo que se había producido “en cumplimiento de la ley”, después de una orden judicial y con intervención de la Policía Nacional. También responsabilizó al Gobierno central y afirmó que esa legislación había podido ser modificada durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso calificó además de “algaradas” las protestas vinculadas al desahucio y acusó a Sánchez de alentarlas. Su intervención situó el foco en las cifras generales de lanzamientos, en el cumplimiento de la resolución judicial y en la responsabilidad del Gobierno central.

Pero la cuestión no es solamente cuántos desahucios se producen cada año, sino quién es la persona que acaba de perder su vivienda y cuál es la historia que hay detrás de cada uno de ellos. En el caso de Maricarmen, hablamos de una mujer de 87 años, con un 50 % de discapacidad, que llevaba 71 años viviendo en la misma casa y que había mantenido durante décadas el pago de su alquiler.

Así, con sus declaraciones, y cuando aún sigue sin explicar la polémica compra con dinero público de un ático de más de 6 millones de euros, la presidenta madrileña ha optado por esconderse detrás de las cifras sin aportar una solución real, de esperar desde las instituciones públicas, a la crítica situación de Maricarmen y sin manifestar un mínimo de empatía y de calidad humana con ella.  

El problema no es el propietario de al lado

El gran riesgo de reducir el debate a “propietarios contra inquilinos” es que desaparece una parte fundamental de la ecuación. No todos los propietarios son fondos de inversión, del mismo modo que no todos los inquilinos son víctimas ni todos los conflictos de alquiler responden a la misma causa. Un pequeño propietario que depende de una renta para complementar sus ingresos no tiene la misma posición económica que una sociedad que controla miles de viviendas, igual que un inquilino que incumple deliberadamente un contrato no se encuentra en la misma situación que una persona vulnerable que lleva décadas pagando su alquiler.

El problema es precisamente que el debate mediático y político ha tendido a enfrentar al propietario amenazado y el okupa aprovechado. Entre ambos desaparece todo lo demás: la vivienda pública que se vende, el inversor que compra, el edificio entero que cambia de manos, el vecino que no puede asumir el nuevo alquiler, el barrio que cambia de población y el trabajador que tiene que marcharse cada vez más lejos de su empleo porque ya no puede pagar donde vivía. Y también desaparece una pregunta esencial: ¿qué ocurre cuando una ciudad deja de ser accesible para las personas que viven y trabajan en ella?

Maricarmen obliga a cambiar el foco

Por eso Maricarmen resulta mucho más importante que su propio caso. No porque su historia demuestre que todos los propietarios sean malos, ni porque cualquier desahucio sea injusto, ni porque los impagos no existan. Su historia demuestra algo mucho más sencillo: que el estereotipo del inquilino aprovechado no sirve para explicar por sí solo la crisis de vivienda.

Maricarmen había pagado durante décadas. Su conflicto no nació de ocupar una vivienda ajena, sino de la evolución de un contrato de renta antigua y de las reglas legales sobre sus subrogaciones. El Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad y esa circunstancia también forma parte de la historia. Pero que una decisión judicial sea legal no elimina el debate social sobre sus consecuencias, especialmente cuando estamos hablando de una mujer de 87 años que ha pasado prácticamente toda su vida en la misma vivienda.

Y quizá esa sea la cuestión que debería ocupar más espacio en las tertulias. No solamente cuánto tarda un propietario en recuperar una vivienda cuando un inquilino deja de pagar, sino cuántas personas pueden seguir viviendo en los barrios donde nacieron cuando la vivienda se convierte en un activo de inversión. No solamente cuánto miedo tiene un propietario a alquilar, sino cuánto miedo tiene un inquilino a que el propietario venda el edificio, termine su contrato o multiplique su alquiler hasta expulsarlo. No solamente quién ocupa una vivienda, sino también quién está acumulando cada vez más viviendas y qué efectos tiene esa concentración sobre el precio de los alquileres.

Porque el problema de la vivienda no cabe en la palabra “okupa”. Y la historia de Maricarmen lo ha demostrado de la forma más contundente posible: una mujer que llevaba 71 años pagando un alquiler ha terminado convertida en el rostro de una crisis que va mucho más allá de los supuestos “inquiokupas”.