Isabel Díaz Ayuso acudió a la clausura del año académico del Centro de Estudios Garrigues no solo para felicitar a una promoción de estudiantes, sino para desplegar una concepción del mundo profundamente conservadora, centralista y occidentalista. Su intervención fue mucho más que un discurso institucional: fue un alegato político contra el Gobierno, contra la pluralidad territorial, contra la memoria democrática y contra cualquier idea de Estado que no esté subordinada a la lógica del mercado.
La presidenta madrileña presentó España como “una de las mejores naciones del mundo” y afirmó que “Occidente no se entendería” sin ella. La frase, formulada como exaltación patriótica, es políticamente reveladora. Ayuso no habla de una España diversa, atravesada por culturas, lenguas, migraciones, conflictos sociales y memorias históricas distintas. Habla de una España homogénea, blanca, occidental, ordenada desde el centro y presentada como medida de civilización.
Una visión occidentalista y excluyente
Cuando Ayuso defiende “nuestra forma occidental de entender el mundo”, no está haciendo una reflexión histórica: está trazando una frontera ideológica. Dentro quedan quienes comparten su idea de Occidente; fuera, quienes no encajan en esa narrativa. Esa mirada olvida que Europa no se explica sin Oriente, sin el mundo árabe, sin África, sin América Latina, sin Asia y sin siglos de intercambios culturales, científicos y económicos.
La brújula, el papel, la pólvora, el álgebra, la transmisión medieval de la filosofía clásica, la medicina árabe o el sistema decimal no nacieron de una supuesta pureza occidental. La historia de la civilización es mestiza, conflictiva y global. Reducirla a una épica occidental es una forma de propaganda cultural.
El Estado de derecho como coartada
Ayuso invocó el Estado de derecho como si fuera patrimonio exclusivo de su campo ideológico. Pero el Estado de derecho no consiste en repetir palabras solemnes sobre la ley, sino en garantizar derechos, controles democráticos, igualdad ante las normas y servicios públicos capaces de hacer reales las libertades.
Su discurso denuncia el “exceso de regulación”, el “gasto público descontrolado” y la “intervención estatal” como amenazas, pero no explica qué derechos sociales quedarían protegidos si el Estado se debilita. La libertad que defiende Ayuso parece una libertad a medida de quienes ya tienen recursos: libertad de empresa, libertad de elección privada, libertad para competir. Para quienes dependen de la sanidad pública, la educación pública, la vivienda asequible o la protección social, esa libertad puede convertirse en abandono.
El país que Ayuso describe no coincide con los datos
La presidenta dibujó una España al borde del colapso: apagones, servicios públicos hundidos, burocracia, gasto descontrolado y decadencia institucional. Pero ese retrato apocalíptico no encaja con los principales indicadores económicos recientes. La Comisión Europea preveía para España un crecimiento del PIB real del 2,4% en 2026, por encima del conjunto de la eurozona, mientras que la afiliación a la Seguridad Social alcanzó en junio de 2026 un récord de 22,47 millones de personas ocupadas.
Eso no significa que España no tenga problemas graves: los tiene. Persisten el desempleo, la precariedad en algunos sectores, la crisis de vivienda, las desigualdades territoriales y la presión sobre los servicios públicos. Pero una cosa es señalar problemas reales y otra construir un relato de ruina nacional para justificar una ofensiva ideológica contra lo público.
¿Quién decide quiénes son “los mejores”?
Uno de los pasajes más reveladores fue su ataque a quienes, según ella, llegan a las instituciones sin “mérito” ni “patrimonio reputacional”. Ayuso contrapone “los mejores” a “activistas”, como si la democracia tuviera que ser tutelada por élites profesionales, escuelas de negocios o redes de poder económico.
La pregunta es inevitable: ¿quién decide quiénes son los mejores? ¿El voto ciudadano? ¿Los tribunales de oposición? ¿Las universidades públicas? ¿O los círculos empresariales y políticos que se reparten influencia, contratos y prestigio?
La democracia no consiste en que gobiernen “los mejores” según una definición aristocrática del mérito. Consiste en que gobiernen quienes obtienen legitimidad democrática, sometidos a controles, transparencia y rendición de cuentas. El lenguaje de Ayuso desprecia esa base igualitaria y sugiere que hay una minoría naturalmente llamada a dirigir.
Memoria democrática frente a equidistancia
Especialmente grave fue su apelación a una supuesta cultura “guerracivilista” de los bandos. Esa formulación borra una verdad histórica elemental: en 1936 hubo un golpe de Estado contra la legalidad republicana que desembocó en una guerra y en una dictadura de casi cuarenta años.
Hablar de “bandos” como si la memoria democrática fuera un capricho divisivo equivale a ocultar la represión, los fusilamientos, el exilio, la cárcel, la depuración profesional y la persecución política. El Censo Estatal de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista contabilizaba ya más de 510.000 registros en 2026, dentro de un proceso todavía en revisión.
No es “guerracivilismo” recordar a las víctimas. Es democracia.
Contra la España plural
Ayuso también cargó contra el “regionalismo identitario” y lamentó que se hable más de territorios que de nación. Pero España no es una unidad abstracta diseñada desde Madrid. Es un Estado compuesto, con nacionalidades y regiones reconocidas por la Constitución, con lenguas propias, instituciones autonómicas y una diversidad histórica que no desaparece porque incomode al centralismo madrileño.
Su discurso no defiende la cohesión: defiende la subordinación de la pluralidad a una idea única de nación. Y esa idea, lejos de unir, excluye.
La Constitución que Ayuso simplifica
La presidenta apeló a Grecia, Roma y al liberalismo español, pero la Constitución de 1978 no puede explicarse solo desde esa genealogía idealizada. El constitucionalismo español contemporáneo recibió influencias decisivas del derecho comparado europeo, entre ellas la Ley Fundamental de Bonn de 1949, especialmente en derechos fundamentales, jurisdicción constitucional y concepción del Estado social y democrático de derecho.
España no se entiende desde una épica civilizatoria, sino desde pactos complejos, conflictos sociales, influencias europeas, memoria antifascista, descentralización territorial y reconocimiento de derechos.
Una intervención de combate ideológico
Ayuso no fue a Garrigues a hablar solo de excelencia académica. Fue a colocar ante futuros juristas una lectura cerrada del país: España como nación amenazada, Occidente como refugio, el Estado como obstáculo, la pluralidad como problema y la memoria democrática como división.
Ese discurso no fortalece el Estado de derecho. Lo estrecha. Lo convierte en una bandera partidista al servicio de una visión elitista, centralista y excluyente.
Frente a esa España blanca, uniforme y occidentalizada, existe otra España real: plural, mestiza, trabajadora, autonómica, democrática, feminista, migrante, social y consciente de su memoria. Esa España también tiene derecho a decir que no acepta lecciones de libertad de quienes confunden libertad con privilegio.
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