La decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos, actual sede institucional de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática constituye un hecho profundamente preocupante para cualquier sociedad que aspire a consolidar una democracia madura, consciente de su pasado y comprometida con los derechos humanos. Desde UGT Madrid consideramos que este auto representa un retroceso político, institucional y moral que afecta directamente al deber democrático de preservar la memoria de las víctimas de la dictadura franquista.
La Puerta del Sol no es únicamente uno de los espacios más emblemáticos de Madrid. También fue un lugar marcado por el miedo, la persecución y la violencia política durante décadas. En ese edificio operaron estructuras represivas de la dictadura franquista donde numerosos ciudadanos y ciudadanas fueron detenidos, interrogados y torturados por defender libertades sindicales, derechos políticos y principios democráticos. Pretender hoy desvincular ese espacio de su memoria histórica no fortalece a las instituciones; las debilita.
La resolución judicial sostiene que la declaración como Lugar de Memoria podría afectar negativamente a la “imagen institucional” de la Comunidad de Madrid. Ese argumento resulta profundamente inquietante. La imagen de las instituciones democráticas no se protege ocultando el pasado, sino afrontándolo con honestidad, responsabilidad y transparencia. Las democracias sólidas no temen a la memoria; la integran como una herramienta de reparación, aprendizaje y garantía de no repetición.
Resulta especialmente alarmante que el auto llegue a considerar que la señalización memorial o la instalación de placas explicativas puedan provocar un “perjuicio irreversible”. Lo verdaderamente irreversible fue el sufrimiento padecido por miles de personas represaliadas durante el franquismo. Irreversible fue la violencia ejercida contra sindicalistas, estudiantes, militantes democráticos y trabajadores que luchaban por derechos y libertades básicas. Irreversibles fueron las secuelas físicas y psicológicas que arrastraron muchas víctimas durante toda su vida.
UGT forma parte de esa memoria democrática. Nuestro sindicato sufrió ilegalización, persecución, encarcelamientos y represión durante la dictadura. Muchos afiliados y afiliadas fueron detenidos en dependencias policiales vinculadas a aquel aparato represivo. Por eso sabemos perfectamente lo que significa que determinados lugares sean reconocidos oficialmente como espacios de memoria. No se trata de abrir heridas; se trata precisamente de impedir que el olvido las normalice.
El reconocimiento institucional de estos espacios no persigue atacar a ninguna administración actual ni cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas existentes. Así lo recuerda con claridad el voto particular del magistrado que discrepa de la mayoría y que señala una cuestión fundamental: los hechos históricos que motivan la declaración ocurrieron antes incluso de la existencia de la actual Comunidad de Madrid. Recordar aquellos crímenes no supone desacreditar a las instituciones autonómicas contemporáneas, sino reafirmar el compromiso democrático con los derechos humanos.
Es importante subrayar además que la declaración como Lugar de Memoria no altera el funcionamiento ordinario del edificio ni impide el desarrollo de la actividad institucional. La propia normativa establece mecanismos de compatibilidad entre el uso administrativo y la preservación memorial. Lo que realmente parece molestar a determinados sectores es que exista un reconocimiento oficial de lo que ocurrió entre esas paredes.
La memoria democrática no puede quedar subordinada a intereses partidistas ni a estrategias de confrontación ideológica. Cuando una sociedad convierte el recuerdo de las víctimas en objeto de disputa política, corre el riesgo de degradar los consensos básicos sobre los que se construye la convivencia democrática. La defensa de la verdad histórica y de la dignidad de las víctimas debería ser un mínimo compartido por todas las instituciones del Estado.
En Europa existen numerosos ejemplos de espacios públicos e institucionales que conservan y visibilizan la memoria de episodios traumáticos. Alemania, Italia, Francia o Portugal han entendido que recordar los horrores del autoritarismo fortalece la cultura democrática. España no puede seguir actuando como si la memoria del franquismo fuese un asunto incómodo que conviene relegar al silencio.
La suspensión cautelar transmite además un mensaje muy negativo a las víctimas y a sus familias. Muchas personas llevan décadas reclamando reconocimiento, reparación y verdad. Escuchar ahora que preservar la memoria puede perjudicar la imagen institucional de una administración supone añadir una nueva forma de desamparo. No puede haber reparación efectiva si las instituciones transmiten la idea de que recordar la represión constituye un problema reputacional.
Desde UGT Madrid consideramos especialmente grave que se presente la memoria democrática como una amenaza para la convivencia. La verdadera amenaza para la convivencia democrática aparece cuando se relativiza la dictadura, cuando se minimiza la represión o cuando se pretende reducir los espacios de memoria a una cuestión estética o propagandística. Una democracia que olvida termina debilitando sus propios fundamentos éticos.
También preocupa el impacto internacional que este tipo de decisiones puede generar. España ha asumido compromisos claros en materia de derechos humanos, memoria y reparación democrática ante organismos internacionales. Paralizar actuaciones destinadas a reconocer espacios vinculados a la represión franquista proyecta una imagen de fragilidad democrática y de insuficiente compromiso con la verdad histórica.
UGT Madrid defiende que la memoria democrática no pertenece a ningún partido político ni a ninguna administración concreta. Pertenece al conjunto de la ciudadanía. Es una obligación colectiva que busca honrar a quienes lucharon por las libertades de las que hoy disfrutamos. Cada placa, cada espacio memorial y cada reconocimiento institucional constituyen una victoria de la democracia frente al silencio impuesto durante décadas.
Por ello, reclamamos que se revierta esta suspensión cautelar y que continúe el proceso de declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Madrid no puede permitirse construir su futuro sobre la desmemoria. Las instituciones democráticas deben ser capaces de mirar de frente a la historia, asumirla y convertirla en una herramienta pedagógica para las nuevas generaciones.
Porque la memoria no degrada a las instituciones. Lo que realmente las degrada es la tentación de esconder el pasado para evitar incomodidades políticas. Y porque ninguna democracia plena puede consolidarse mientras las víctimas de la dictadura sigan encontrando más obstáculos que reconocimiento.
Isabel Vilabella Tellado es Secretaria de Formación Empleo y Memoria Democrática de UGT MDRID