La sesión de control a Isabel Díaz Ayuso dejó una imagen política muy reconocible: una presidenta que convierte cada pregunta sobre Madrid en una guerra cultural y una oposición que, desde posiciones muy distintas, le obligó a responder sobre inmigración, sanidad, vivienda, servicios públicos y el uso partidista de las instituciones. Mar Espinar, por el PSOE-M, Manuela Bergerot, por Más Madrid, y Pérez Moñino, por Vox, cargaron contra la presidenta madrileña. Pero el peso político del debate no estuvo en la ofensiva ultra, sino en las intervenciones de la izquierda, que situaron el foco donde Ayuso intenta apartarlo: los derechos, la desigualdad y la realidad material de quienes viven y trabajan en Madrid.
Regularización extraordinaria de migrantes
La portavoz socialista fue directa al núcleo del debate sobre la regularización extraordinaria de migrantes: “Jornadas de ocho horas en vez de doce, el salario mínimo, un pasaporte en regla que le permita ir a su lugar de origen para visitar a sus familiares, pagar impuestos”. Espinar resumió así lo que Ayuso y el PP presentan como una amenaza: personas que ya están aquí, que ya trabajan, que ya sostienen sectores enteros de la economía y que necesitan derechos y obligaciones reconocidas. “Son nuestros vecinos, compañeros, amigos, trabajadores que ya ayudan a mantener la educación y la sanidad pública”, añadió.
Ahí el dato importa más que la consigna. El BOE establece que la autorización de residencia temporal por arraigo extraordinario se dirige a personas extranjeras que se encontraran en España el 1 de enero de 2026, que acrediten residencia ininterrumpida durante los cinco meses anteriores, que aporten pasaporte o documento de viaje y que carezcan de antecedentes penales. No hay barra libre, ni regularización automática, ni premio a la delincuencia. Hay un procedimiento reglado, con comprobación de antecedentes en España, en bases de datos europeas e informe policial. Además, el solicitante debe aportar certificado de antecedentes penales de su país de origen o de aquellos en los que haya residido en los últimos cinco años.
Ese punto deja en evidencia una de las grandes trampas del discurso del PP y de Vox. Cuando Feijóo y Ayuso sugieren que la regularización abre la puerta a delincuentes, omiten que la norma obliga a revisar antecedentes penales y que incluso los informes policiales deben valorarse caso por caso, sin automatismos. El BOE no avala el bulo: lo desmiente. La propia norma dice que la autorización tendrá un año de vigencia y habilitará para residir y trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Es decir, convierte economía sumergida en empleo regulado, cotización y derechos.
Ayuso deshonrar la memoria de los inmigrantes españoles
Mar Espinar fue más allá y acusó a Ayuso de “deshonrar la memoria de los que se fueron para intentar aprovecharse de los que vienen”. La frase golpea porque conecta la historia de la emigración española con la hipocresía de una derecha que reivindica la hispanidad en los discursos, pero levanta sospechas sobre los hispanos pobres cuando reclaman papeles, nómina, contrato y derechos. “Los quieren limpiando su chalet, sus áticos, con cofia, pero sin derechos”, denunció la portavoz socialista.
Manuela Bergerot colocó el debate en el terreno de la vida cotidiana. “Hay que ser mala persona para oponerse a que los migrantes que ya trabajan y ya viven en España puedan vivir un poco mejor”, afirmó. Y añadió una de las claves más potentes de la sesión: “Los inmigrantes somos personas normales, con trabajos normales, que tenemos vidas normales y sueños normales”. Frente al marco de Ayuso, que habla de “ley y orden” mientras alimenta sospechas, Bergerot puso rostro a quienes la derecha presenta como amenaza: niños que van al colegio, trabajadores que cogen el metro, familias que intentan abrir una cuenta bancaria, pagar impuestos y vivir sin miedo.
La mentira de las listas de espera en la sanidad publica
La presidenta respondió con una mezcla de datos sanitarios, ataques al Gobierno central y una larga digresión sobre China, Irán, Cuba y Venezuela. Aseguró que Madrid es líder “por cuatro años consecutivos” en menores listas de espera para intervención quirúrgica y que la espera para especialistas está por debajo de la media española. Es cierto que Madrid figura entre las comunidades con menores demoras quirúrgicas en los datos comparados, pero esa afirmación no agota el problema. España ha alcanzado un récord de 853.509 personas esperando una operación y las listas de espera no incluyen todas las demoras que sufren los pacientes, como atención primaria o pruebas diagnósticas.
Además, los propios datos de la Comunidad de Madrid para marzo de 2026 reconocen una espera media quirúrgica de 68,85 días en salidas totales y de 62,41 días en lista estructural, con 42.704 salidas en el mes. No es el “colapso” que dibuja Vox, pero tampoco el paraíso sanitario que vende Ayuso. La presidenta utiliza el dato comparativo para esconder la experiencia real de miles de madrileños que esperan consultas, pruebas, operaciones o citas en atención primaria.
El racismo de VOX y de Ayuso
La intervención de Vox tuvo un protagonismo menor, pero sirvió para mostrar el terreno en el que Ayuso se mueve con comodidad. Pérez Moñino acusó a la presidenta de convertir Madrid en “el hospital del mundo” y afirmó que “nuestros compatriotas” mueren en listas de espera mientras se atiende a personas migrantes. La afirmación es grave, pero no prueba causalidad alguna entre atención sanitaria a extranjeros y fallecimientos en listas de espera. Además, negar asistencia sanitaria a personas sin papeles no elimina enfermedades: las agrava y puede convertir problemas individuales en problemas de salud pública. Incluso Ayuso, pese a su endurecimiento discursivo, tuvo que admitirlo: “Una persona, aunque sea inmigrante, si se le niega la asistencia sanitaria, puede sufrir enfermedades, patologías que acaben con su vida”.
Ahí está la contradicción central. Ayuso intenta parecer más dura que nadie contra la regularización, pero sabe que un sistema sanitario serio no puede dejar morir a una persona en la puerta de un hospital. Intenta competir con Vox en inmigración, pero no puede asumir hasta el final la deshumanización de Vox sin romper el mínimo marco legal y sanitario. Por eso responde con frases cortas —“ley y orden”— y luego deriva hacia Irán, China o Venezuela.
Vivienda
Bergerot cerró la pinza por la vivienda y la desigualdad: “La culpa de que vivamos peor en Madrid es de los especuladores. La culpa es de los que viven de las rentas. La culpa es de los que acaparan pisos, riqueza y poder”. Ayuso contestó hablando de inversiones, Danone, turismo, inteligencia artificial y becas. Pero no respondió al fondo: en Madrid, el problema no son los trabajadores migrantes, sino un modelo que presume de crecimiento mientras expulsa a familias de sus barrios.
La sesión dejó a Ayuso en su papel habitual: mucha épica, muchos enemigos exteriores y poca respuesta concreta. La oposición, con especial fuerza desde el PSOE-M y Más Madrid, le obligó a mirar a Madrid. Y ahí el relato presidencial se vuelve más frágil. Porque el BOE no dice lo que dice el PP. Porque las listas de espera no desaparecen por presumir de ranking. Porque la inmigración no es una invasión, sino parte de la sociedad madrileña. Y porque gobernar no consiste en convertir cada pleno en un mitin contra el mundo, sino en responder a quienes viven, trabajan, pagan impuestos y esperan soluciones.