La ofensiva de Isabel Díaz Ayuso contra Casa Árabe no es un episodio aislado ni estrictamente contable. Es un movimiento político cargado de simbolismo, que combina el uso interesado de un informe técnico con una estrategia ideológica de fondo: arrinconar espacios de diálogo intercultural y reforzar un relato identitario compatible con su cercanía a corrientes ultracatólicas como Hakuna, a menudo vinculadas —por afinidades doctrinales y redes personales— al Opus Dei. El choque con Casa Árabe, institución pública de diplomacia cultural, se inscribe en ese marco.
¿Qué es Casa Árabe y por qué importa?
Casa Árabe es un consorcio público creado en 2006 para fortalecer las relaciones entre España y el mundo árabe mediante la cultura, la educación y el debate público. Integran el consorcio el Ministerio de Asuntos Exteriores, la AECID, comunidades autónomas y ayuntamientos. Su sede principal está en Madrid y mantiene una segunda sede en Córdoba, en la Casa Mudéjar, un enclave simbólico de la historia andalusí.
Conviene explicarlo con claridad: Casa Árabe no es una embajada, ni una ONG, ni un centro religioso. Es una herramienta de diplomacia cultural, comparable a los institutos Goethe o Cervantes en su lógica de proyección exterior, aunque centrada en el ámbito árabe. Su función es tender puentes, no hacer política partidista.
El informe del Tribunal de Cuentas: qué dice y qué no dice
El detonante de la ruptura anunciada por la Comunidad de Madrid es un informe del Tribunal de Cuentas que analiza los ejercicios 2023 y 2024. El documento alerta de una “situación financiera crítica” y de deficiencias en el control interno durante la etapa de dirección anterior. Habla de problemas de planificación, debilidades administrativas y falta de supervisión adecuada por parte del Ministerio de Exteriores.
Lo relevante es esto: el informe no cuestiona la razón de ser de Casa Árabe, ni recomienda su cierre, ni propone la salida de ninguna administración. Señala irregularidades de gestión que deben corregirse. Es decir, pide reformas y control, no demolición institucional.
La reacción de Ayuso: ruptura sin consenso
Pese a ello, el Gobierno madrileño ha decidido abandonar el consorcio, presentando la medida como una defensa de la transparencia. Sin embargo, esta decisión no ha sido secundada por otros gobiernos del PP. Ni Juanma Moreno en Andalucía, ni José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid han optado por el portazo. Ambos sostienen que la institución está en vías de corrección tras el relevo en la dirección y que el vínculo cultural con el mundo árabe es estratégico.
Este aislamiento político debilita el argumento de Ayuso. Si el problema fuera estrictamente técnico y de tal gravedad, ¿por qué el resto de socios no actúa igual?
Cultura, identidad y pulsión ideológica
Aquí aparece el trasfondo ideológico. Ayuso ha mostrado reiteradamente simpatía por movimientos como Hakuna, que promueven una religiosidad emocional, militante y muy visible en el espacio público. No es ilegal ni ilegítimo, pero sí políticamente significativo cuando se combina con una ofensiva contra instituciones que representan la pluralidad cultural y religiosa.
La amenaza sobre Casa Árabe —y el discurso que la acompaña— conecta con una visión empobrecida de la historia de Madrid y de España. Madrid no se entiende sin su pasado islámico y judío, sin al-Ándalus como sustrato cultural. Desprestigiar o debilitar instituciones que preservan y explican ese legado equivale a borrar capas incómodas de la memoria colectiva.
¿Cerrar Casa Árabe? Las consecuencias reales
Cerrar o vaciar de contenido Casa Árabe tendría efectos concretos: pérdida de programas educativos, ruptura de redes académicas, deterioro de la imagen exterior de España y un mensaje inquietante a comunidades árabes y musulmanas. No se trata de ideología abstracta, sino de políticas públicas con impacto real.
Además, las cifras desmontan el dramatismo financiero: la aportación de la Comunidad de Madrid rondaba los 40.000 euros anuales, una cantidad marginal en los presupuestos regionales. El argumento económico se diluye frente a la carga simbólica de la decisión.
Una guerra cultural encubierta
La ofensiva de Ayuso contra Casa Árabe encaja en una guerra cultural más amplia: confrontar “lo propio” frente a “lo otro”, instrumentalizar informes técnicos para justificar decisiones políticas y reforzar alianzas con sectores ultracatólicos mientras se cuestionan espacios de diálogo intercultural.
No es casual que esta estrategia conviva con gestos internacionales de alto voltaje simbólico y con una retórica permanente de confrontación con el Gobierno central. Casa Árabe se convierte así en un daño colateral de una política basada en el choque y la simplificación.
Lo que está en juego
Lo que se discute no es solo la gestión de una institución, sino el modelo de sociedad. Transparencia y control son exigibles, pero no pueden ser coartadas para el vaciamiento cultural ni para la desaparición de instituciones que incomodan a un determinado relato identitario.
Defender Casa Árabe no es defender una sigla, sino el derecho de la ciudadanía a una cultura pública plural, informada y compleja. Y recordar que Madrid —y España— no se fundaron desde la exclusión, sino desde el mestizaje histórico que hoy algunos parecen empeñados en borrar.