Una de las grandes trampas del debate público es creer que el retroceso en derechos llega siempre con uniforme, gritos y símbolos evidentes. En realidad, muchas ofensivas contemporáneas avanzan con modales institucionales: informes bien editados, asociaciones con nombres amables, discursos sobre “derechos humanos”, “libertad” o “protección de menores”. No se presentan como extremas: se presentan como razonables. Y esa estética respetable es parte de su fuerza.
Cuando se habla de una “red ultraconservadora transnacional” conviene concretar qué significa “red”. No es una organización central, sino una coordinación práctica entre actores distintos: grupos jurídicos que litigan, plataformas que movilizan, políticos que presentan iniciativas, donantes que sostienen campañas y espacios internacionales donde se comparten tácticas. Su objetivo es similar en muchos países: limitar el aborto, frenar avances LGTBIQ+, desacreditar el feminismo y expandir una idea de libertad religiosa que permita excepciones amplias a normas antidiscriminación.
El dinero
Un punto de entrada útil es el dinero. La financiación es el oxígeno del activismo profesional: sostiene abogados, viajes, campañas, contenidos y presencia en instituciones. En Europa, informes como “Tip of the Iceberg” (EPF) han intentado mapear el ecosistema de actores “anti-género” y sus fuentes de financiación durante años, precisamente para mostrar que no se trata solo de espontaneidad social, sino de infraestructura organizada. Este tipo de mapeos no agotan el fenómeno, pero ayudan a entenderlo: cuando hay continuidad en la agenda, suele haber continuidad en los recursos.
El lobby
El segundo punto de entrada es el lobby, otra palabra técnica que merece traducción clara. Lobby significa influir en decisiones públicas mediante reuniones, informes, campañas y presión organizada. No es ilegal por sí mismo; el problema aparece cuando opera sin transparencia o cuando se camufla como “sociedad civil neutral” mientras responde a una estrategia ideológica y a donantes concretos. Investigaciones periodísticas han descrito cómo ciertas organizaciones legales conservadoras mantienen actividad en Europa, incluyendo presencia ante instituciones y tribunales.
Litigio estratégico
El tercer punto es el “litigio estratégico”, que aquí es más que una táctica: es una filosofía de poder. En lugar de intentar convencer a una mayoría social en un parlamento, se busca ganar en tribunales, donde una sentencia puede cambiar la realidad de millones. El litigio estratégico elige casos emblemáticos, selecciona demandantes adecuados, financia representación legal y produce argumentarios replicables. Con frecuencia se envuelve en términos de “libertad”: libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de los padres. El choque real, sin embargo, suele estar en si esa libertad se usa para discriminar o para limitar derechos de terceros.
En paralelo, se despliega la capa internacional. No solo para coordinar, sino para legitimar. Reuniones en sedes multilaterales, fotos en eventos globales, discursos con lenguaje de derechos humanos. Investigaciones de openDemocracy han descrito encuentros de Political Network for Values y su actividad en espacios vinculados a Naciones Unidas, con foco explícito en combatir el aborto y los derechos LGTBIQ+. De nuevo, esto no prueba un “gobierno en la sombra”, pero sí evidencia una estrategia: si consigues presentarte como defensor de derechos humanos, puedes vaciar el concepto desde dentro y usarlo contra los mismos derechos que decía proteger.
Aquí aparece un mecanismo retórico muy eficaz: la “reapropiación” del lenguaje de derechos. Se habla de “derecho del no nacido” en lugar de derechos reproductivos de las mujeres; se habla de “libertad educativa” para cuestionar educación sexual o políticas antiacoso; se habla de “protección de menores” para atacar identidades trans o contenidos LGTBIQ+. El debate no se plantea como recorte, sino como cuidado. Y eso confunde, porque mucha gente comparte la idea de cuidar a menores o proteger libertades; lo que cambia es el uso instrumental de esas palabras para imponer una moral única.
La comunicación emocional
La cuarta capa, decisiva, es la comunicación emocional. En el pasado, estas agendas se vehiculaban a través de homilías, asociaciones tradicionales y prensa militante. Hoy se vehiculan con vídeos cortos, música, estética juvenil y microcomunidades digitales. El objetivo no es solo convencer: es generar pertenencia y disciplina. Un joven no se adhiere a un programa jurídico; se adhiere a un grupo donde se siente visto, acompañado y con identidad. Y una vez dentro, el paquete ideológico entra sin necesidad de confrontación intelectual directa.
¿Por qué hoy se habla menos de etiquetas antiguas —movimientos secretos, nombres con aura clandestina— y más de “fundaciones”, “plataformas” o “asociaciones”? Porque la estrategia ha cambiado: la clandestinidad es un lastre reputacional. La nueva fórmula apuesta por la respetabilidad, la legalidad formal, el branding y la eficacia jurídica. Menos misterio, más normalización.
Frente a eso, la respuesta democrática tiene que evitar dos errores simétricos. El primero es la caricatura: tratar a todo creyente como enemigo. Eso solo fortalece el relato victimista. El segundo es la ingenuidad: pensar que estamos ante folclore sin consecuencias. No lo es cuando se traduce en normas que limitan derechos.
La respuesta eficaz no es censura. Es transparencia y competencia institucional. Transparencia sobre financiación y contratación pública cuando haya implicación de instituciones. Reglas de lobby claras y exigibles. Apoyo a organizaciones de derechos civiles capaces de responder también en tribunales. Educación mediática que enseñe a detectar manipulación emocional y “derechos” usados como arma arrojadiza. Y políticas públicas que devuelvan a los jóvenes un horizonte material: si la precariedad y el aislamiento son el caldo de cultivo, el antídoto no es solo retórica; es vida vivible.
Si la democracia quiere resistir, debe entender que hoy la batalla no siempre llega como asalto frontal. A veces llega como canción pegadiza, lenguaje amable y toga de abogado. Y precisamente por eso hay que mirar el engranaje completo, sin tecnicismos, sin pánico moral y con una exigencia firme: derechos para todos, neutralidad institucional y reglas transparentes para quien quiera influir en el poder.