Fe, juventud y poder: cómo la derecha global convierte la religión en una máquina política

No es “una secta”: es una red de organizaciones, dinero, abogados y cultura pop que traduce moral en votos y derechos en retroceso

29 de Diciembre de 2025
Actualizado el 30 de diciembre
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Ayuso, Feijóo y los ultracatólicos de Hakuma en la Puerta del Sol. Foto: CAM
Ayuso, Feijóo y los ultracatólicos de Hakuma en la Puerta del Sol. Foto: CAM

Hay escenas que parecen inofensivas porque vienen envueltas en música, estética amable y un lenguaje que suena a “valores”. Un concierto con aire de celebración, una campaña que habla de “libertad”, una plataforma que pide “proteger a la familia”, una asociación que dice defender “los derechos de los creyentes”. La política contemporánea ha aprendido a ganar sin parecer política: primero conquista emociones, luego fija identidades y, por último, intenta convertir una moral concreta en leyes para todo el mundo.

A ese fenómeno se le llama a veces “internacional ultracatólica”. La expresión puede despistar, porque no describe una organización única con un carnet, una sede o un jefe mundial. Es más útil entenderlo como un ecosistema: grupos distintos que comparten objetivos y que cooperan, se recomiendan, se financian o se limitan a través de congresos, campañas, abogados, donantes y medios afines. Funciona como una cadena de producción: crea relato, lo convierte en movilización y, cuando puede, lo transforma en normas y sentencias.

Lo decisivo es el método. Y ese método suele tener tres ingredientes que se combinan según el país: movilización religiosa, estrategia jurídica y cultura juvenil.

El relato

El primer ingrediente es el relato. Para construir un bloque político sólido hace falta una historia sencilla, emocional y repetible. En vez de hablar de salarios, vivienda o sanidad, se habla de “guerra cultural”. En vez de explicar problemas complejos, se ofrece un mapa moral con buenos y malos. El adversario no es un partido, es “la ideología” que supuestamente corrompe a los niños, destruye la familia o persigue a los creyentes. Ese marco tiene una ventaja: convierte la política en identidad. Ya no se discute, se pertenece.

Aquí aparece un término que a menudo se usa sin explicar: “guerra cultural”. Significa trasladar el conflicto político desde lo material (impuestos, servicios públicos, economía) hacia lo simbólico y moral (sexualidad, educación, religión, feminismo, derechos LGTBIQ+). Es un terreno donde la indignación moviliza rápido, donde los datos importan menos que la sensación de amenaza y donde las soluciones simples venden mejor que las reformas difíciles.

El jurídico

El segundo ingrediente es el jurídico. Mucha gente piensa que estos movimientos solo ganan cuando ganan elecciones. No es así. Una parte central de su influencia se juega en tribunales, regulaciones y despachos. La herramienta se llama “litigio estratégico”: elegir casos concretos, bien diseñados, para empujar una doctrina legal que luego se extienda. No se trata de un pleito aislado; se trata de usar un pleito como palanca para cambiar el marco de derechos.

En ese campo destacan organizaciones legales conservadoras con proyección transatlántica. Por ejemplo, Alliance Defending Freedom (ADF) y su brazo internacional han sido descritos en investigaciones europeas como actores con presencia y estrategia en debates sobre aborto, derechos LGTBIQ+ y libertad religiosa entendida de forma expansiva. En lenguaje llano: donde una sociedad discute derechos, estos grupos intentan llevar el conflicto a un lugar donde una sentencia pueda imponerse incluso aunque la mayoría social piense lo contrario.

Esto conecta con otro término técnico que conviene aterrizar: “amicus curiae”. Es una figura por la cual terceros presentan argumentos ante un tribunal en un caso que no les afecta directamente como parte, pero sí les interesa por su impacto. Es una forma de influencia legal sofisticada: se introduce doctrina, se aportan marcos y se normaliza una visión del mundo con apariencia de neutralidad jurídica.

El cultural y juvenil

El tercer ingrediente es cultural y juvenil. Aquí es donde muchas democracias llegan tarde. Si la política institucional no ofrece pertenencia, comunidad y horizonte, alguien lo hará. Los movimientos religiosos juveniles con estética pop operan como espacios de identidad: canciones, encuentros, voluntariado, redes sociales, testimonios emocionales. No necesitas consignas explícitas sobre aborto o feminismo en cada letra para que el conjunto del mensaje empuje una idea de orden moral, roles de género y obediencia comunitaria. La cultura, cuando se vuelve rutina emocional, es una forma de disciplina.

En España, el caso de Hakuna ilustra esta dimensión cultural: un movimiento juvenil católico con rama musical y enorme capacidad de convocatoria, fundado por el sacerdote José Pedro Manglano, presentado en prensa como anteriormente vinculado al Opus Dei. Independientemente de simpatías o antipatías, lo relevante para el análisis político es que el formato pop reduce defensas: entra por el sentimiento, no por el debate. Y cuando una institución pública decide amplificar una expresión concreta, deja de ser solo “música”: pasa a ser un gesto de poder cultural. El problema democrático no es que exista religión en el espacio social, sino que el poder público elija, promocione y legitime una corriente como si representara a todos.

A esa tríada se suma un cuarto factor transversal: la profesionalización. No estamos ante “señores con pancartas” únicamente. Hay think tanks (laboratorios de ideas), agencias, captación de donantes, formación de cuadros y planificación electoral. En Estados Unidos, el trumpismo se apoyó en redes cristianas conservadoras y en organizaciones capaces de convertir agenda moral en programa político y en nombramientos. La nominación de Brian Burch, entonces presidente de CatholicVote, como embajador ante la Santa Sede es un ejemplo de cómo activistas confesionales pueden entrar en posiciones institucionales sensibles.  Esto no prueba una “conspiración”, pero sí un patrón: la frontera entre activismo religioso y poder de Estado se vuelve porosa.

Una pieza especialmente corrosiva en este tipo de estrategias es el victimismo diseñado. Se exagera o simplifica la violencia real en ciertos lugares para construir un relato universal de persecución, un “nos quieren exterminar” que permite justificar casi cualquier reacción política. No hace falta negar conflictos y ataques existentes; basta con entender la operación propagandística: si todo se presenta como una guerra total contra “los cristianos”, la democracia liberal aparece como débil y cualquier recorte de derechos se vende como “autodefensa”.

Y aquí conviene una precisión importante: el debate serio no consiste en ridiculizar a los creyentes ni en tratar la fe como sospechosa. Eso sería injusto y políticamente torpe. El debate serio es otro: qué ocurre cuando una parte organizada convierte la religión en herramienta de campaña permanente, y además usa tribunales, financiación y cultura juvenil para moldear el espacio público.

También es clave evitar el error de personalizar. A veces la conversación se atasca en figuras concretas, como si todo dependiera de un dirigente local. La realidad es más fría: el sistema es replicable. Cambian los nombres, no el método. Allí donde haya precariedad juvenil, desconfianza institucional y deseo de pertenencia, habrá actores dispuestos a ocupar ese vacío con certezas morales cerradas.

La respuesta democrática, si pretende ser eficaz, necesita menos grito y más precisión. Más transparencia en contratación y financiación, más vigilancia de lobby y puertas giratorias, más alfabetización mediática y jurídica, más apoyo a organizaciones de derechos civiles capaces de responder también en tribunales. Y, sobre todo, más política social real para jóvenes: vivienda, empleo, salud mental, cultura pública plural. Porque cuando la democracia no cuida, otros capturan.

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