El ministro Marlaska es el último personaje público en unirse al club de damnificados por las querellas del juez Peinado. El ministro del Interior ha decidido no dar un paso atrás en sus últimas declaraciones y valoraciones sobre el instructor del caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y no ha acudido al acto de conciliación. Así las cosas, la demanda del juez sigue adelante.
Marlaska ha recibido la temida carta de Peinado. Otro ministro, Óscar Puente, actual titular de Transportes, ya la tiene. Y Pablo Iglesias, ex ministro y exvicepresidente del Gobierno de coalición, también. El club de políticos afectados por la furia de Peinado crece por momentos.
El juez no solo se ha dirigido contra altos cargos políticos críticos con sus decisiones judiciales en el caso Begoña Gómez. También contra periodistas, al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Entre los demandados están: el politólogo y youtuber Alan Barroso (recibió un requerimiento para eliminar un vídeo crítico y pagar 40.000 euros si no lo hacía. Además, se le exigía publicar otro vídeo leyendo un texto de disculpas, lo que él denunció como intento de censura); el periodista y analista Antón Losada (incluido en las demandas por comentarios en medios y redes sociales cuestionando la imparcialidad del magistrado); el también periodista Ernesto Ekaizer (demandado por sus críticas directas a la investigación de Peinado, a la que calificó de irregular y politizada); y elDiario.es y su director Ignacio Escolar (por críticas a la instrucción). En este último caso, el juez ha exigido, mediante burofax, la eliminación de una entrevista realizada al ministro Óscar Puente. En el escrito, el magistrado reclama además una indemnización de 50.000 euros y una disculpa pública, bajo la advertencia de presentar una querella por injurias y calumnias. Escolar ha escrito en su tribuna: “El juez Peinado me ha llevado a los tribunales (…) Lo que en realidad busca es silenciar a elDiario.es. No lo conseguirá”.
La primera denuncia la presentó Peinado contra el periodista Max Pradera, quien le llamó “Peinetas” en alguno de los mensajes y criticó su instrucción. “Las hipótesis, que no acusaciones, son irónicas, pero no tienen recorrido en los tribunales. La demanda solo busca amedrentarnos”, insiste. El exconcejal del PSOE en Pastrana Fernando Jabonero fue el siguiente en recibir la notificación del juzgado. También Sergio Calderón, director de Contenidos de RTVE.
Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados (que no están obligados a asistir), el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias. Esta segunda opción contempla penas de prisión.
El juez Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial, ha sido duramente criticada desde dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también desde fuera.
Todo esto ocurre en un contexto de alta tensión política y mediática en torno al caso Begoña Gómez, en el que diversos miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz y la portavoz Pilar Alegría, han cuestionado públicamente la investigación. Además, el propio presidente Pedro Sánchez presentó una denuncia por prevaricación contra el magistrado, que fue finalmente archivada. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha elevado quejas formales ante el Consejo General del Poder Judicial al sentirse perseguido por el magistrado.
A todos ellos Peinado les pide además indemnizaciones de decenas de miles de euros por los “daños morales y perjuicios causados” en la “difusión de informaciones falsas, injuriosas y atentatorias contra su honor”. Lo dicho, ya hay personal suficiente como para crear el Club de Afectados por las Querellas de Peinado.