La tramitación de la ley de multirreincidencia (un guiño de Sánchez a Puigdemont que la izquierda califica de asunción de la xenofobia por lo que tiene de recorte a los derechos de los inmigrantes) ha reactivado una de las tensiones latentes en el Gobierno de coalición: el equilibrio entre la agenda de seguridad defendida por el PSOE y la visión más garantista y reformista de Sumar.
Aunque ambas formaciones han convivido con discrepancias desde el inicio de la legislatura, pocas iniciativas han puesto tan claramente de manifiesto sus diferencias como esta propuesta, que endurece las penas para quienes acumulen múltiples delitos leves. En todo caso, la ley solo tiene un objetivo: convencer a Puigdemont de que apruebe el escudo social, tumbado por las derechas en un primer intento de tramitación hace unos días. Desde el Ejecutivo aseguran que no saben si Junts mantendrá el rechazo anunciado al decreto y reconocen que la formación independentista siempre mantiene exigencias que van más allá de los textos legales en sí. Sánchez ha ido reagrupando a la mayoría de la investidura, pero no tiene garantías para los Presupuestos, especialmente por el previsible no de Junts.
El PSOE ha presentado la ley como una respuesta necesaria a un fenómeno que, según sus dirigentes, genera sensación de impunidad y erosiona la confianza ciudadana en el sistema penal. La idea de que ciertos delitos leves (hurtos, daños o estafas de pequeña cuantía) se cometen de forma reiterada por un número reducido de personas ha calado en parte de la opinión pública, especialmente en zonas urbanas donde el comercio local ha presionado para obtener soluciones más contundentes. Para los socialistas, la multirreincidencia no es solo un problema jurídico, sino un desafío político: demostrar que pueden garantizar seguridad sin renunciar a su identidad progresista.
Sumar, en cambio, percibe la iniciativa como un giro punitivista que rompe con la filosofía de reinserción y proporcionalidad que ha guiado las reformas penales de las últimas décadas. Sus dirigentes sostienen que endurecer las penas no resolverá las causas estructurales de la reincidencia (pobreza, exclusión, adicciones) y que la medida puede saturar aún más un sistema penitenciario ya tensionado. Además, temen que la ley abra la puerta a una escalada legislativa en la que la respuesta penal se convierta en el recurso preferente ante problemas sociales complejos. La polémica llega en medio de la propuesta de Gabriel Rufián para crear una alianza o frente amplio de izquierdas para frenar a la extrema derecha.
La discrepancia no es solo ideológica, sino estratégica. Para el PSOE, la ley de multirreincidencia puede servir para neutralizar el discurso de la oposición conservadora, que acusa al Gobierno de laxitud en materia de seguridad. Para Sumar, en cambio, aceptar esta reforma sin matices supondría diluir su perfil propio y alejarse de su electorado, que valora las políticas sociales y la defensa de los derechos civiles. La coalición se enfrenta así a un dilema clásico: cómo conciliar dos sensibilidades distintas sin erosionar la cohesión interna.
El riesgo de fractura se amplifica porque la ley llega en un momento en el que la relación entre los socios ya acumula fricciones. Las diferencias sobre vivienda, gasto social o política industrial han dejado cicatrices, y la negociación presupuestaria ha sido más áspera de lo previsto. En este contexto, la multirreincidencia actúa como catalizador de tensiones preexistentes. No es solo una ley; es un símbolo de hacia dónde se inclina el Gobierno cuando debe elegir entre seguridad y garantías, entre pragmatismo electoral y coherencia ideológica.
Aun así, ambos partidos saben que una ruptura abierta sería políticamente costosa. El PSOE necesita a Sumar para sostener la mayoría parlamentaria, y Sumar necesita al PSOE para mantener influencia institucional. Por eso, las negociaciones se han centrado en buscar fórmulas intermedias: introducir criterios más precisos para definir la multirreincidencia, reforzar programas de rehabilitación o limitar el endurecimiento penal a casos muy concretos. La clave será si estas modificaciones permiten a Sumar presentar la ley como un mal menor y al PSOE como una respuesta eficaz.
El desenlace de este pulso marcará el tono del resto de la legislatura. Si la coalición logra un acuerdo razonable, podrá exhibir capacidad de gestión y madurez política. Si, por el contrario, la ley se convierte en un punto de inflexión, podría abrir una grieta más profunda que afecte a futuras negociaciones y al clima interno del Gobierno. En un escenario parlamentario fragmentado, cada fisura cuenta.
La ley de multirreincidencia, en definitiva, es mucho más que una reforma penal. Es un guiño de Sánchez a Junts y un espejo en el que se reflejan las tensiones, prioridades y contradicciones de un Gobierno que intenta gobernar desde la pluralidad. La pregunta no es solo qué efectos tendrá sobre el sistema judicial, sino qué impacto dejará en la arquitectura política de la coalición. Y esa respuesta, más que en el texto legal, se jugará en la capacidad de ambos socios para entender que, en política, la firmeza y la flexibilidad no siempre son incompatibles.