España tiene una extraordinaria capacidad para descubrir a los pensionistas cada vez que se convocan elecciones. De pronto, los mayores se convierten en el centro del universo político. Se les promete tranquilidad, estabilidad, revalorización y un futuro maravilloso. La generosidad resulta enternecedora, especialmente porque suele durar lo mismo que la campaña electoral.
El próximo 29 de noviembre volveremos a votar. La convocatoria se publicó en el BOE el 6 de octubre, la campaña oficial comenzará el 13 de noviembre y terminará el 27. Quince días para prometerlo todo. Después, hasta las siguientes elecciones, ya veremos.
Pero existe un colectivo que ni siquiera disfruta de ese amor electoral intermitente: los funcionarios y pensionistas de Clases Pasivas.
Pensionistas que no salen en la fotografía
Según las estadísticas oficiales, en agosto de 2026 había 720.276 pensionistas de Clases Pasivas, con 740.431 pensiones reconocidas y una nómina mensual de 1.774 millones de euros. No estamos hablando precisamente de cuatro jubilados jugando al dominó.
Entre ellos hay militares, policías, guardias civiles, docentes y personal de la Administración de Justicia. También jueces y fiscales, naturalmente, aunque convendría recordar que el universo funcionarial no empieza ni termina en quienes ocupan los despachos más distinguidos.
Gestores procesales, tramitadores, funcionarios de auxilio judicial y otros empleados públicos sostienen diariamente servicios esenciales. Sin embargo, cuando llega el momento de jubilarse, descubren que décadas de trabajo, guardias, disponibilidad, festivos y complementos no se traducen necesariamente en una pensión calculada sobre todo lo efectivamente percibido.
El sistema utiliza haberes reguladores legalmente establecidos, no una reproducción automática del salario real. La diferencia puede resultar especialmente gravosa para determinados cuerpos y carreras profesionales.
El Estado reconoce el trabajo extraordinario cuando necesita que se haga, pero no necesariamente cuando toca calcular lo que vale una vida trabajando.
Negociaciones para unos, paciencia franciscana para otros
La actualidad ofrece un ejemplo delicioso. El 30 de septiembre, Comisiones Obreras denunció que el Ministerio del Interior estaba negociando mejoras en las pensiones de policías nacionales y guardias civiles mientras permanecía sin reunirse el grupo de trabajo general sobre Clases Pasivas creado en julio. No es que policías y guardias civiles no merezcan mejoras. Por supuesto que las merecen. El problema es que los demás funcionarios también existen, aunque no lleven uniforme, sean amigos de VOX, ni dispongan de la misma visibilidad institucional.
Las organizaciones policiales han situado sobre la mesa reivindicaciones económicas concretas. JUCIL y JUPOL anunciaron incluso una reunión con Interior para el 27 de octubre. Mientras tanto, el personal de Justicia continúa esperando una negociación general que examine las diferencias de cálculo y las consecuencias de su régimen de jubilación. En España hemos perfeccionado tanto el diálogo social que ya no hace falta dialogar con todos. Basta con escoger interlocutores, repartir calendarios y confiar en que el resto tenga paciencia.
La igualdad es un principio constitucional. La velocidad con que se negocia, al parecer, depende del colectivo.
Un decreto nuevo, los problemas de siempre
El 21 de octubre, en plena precampaña, el BOE publicó el Real Decreto-ley 31/2026. Introduce modificaciones en Clases Pasivas, entre ellas la revalorización conforme al IPC y cambios en determinadas prestaciones familiares. Son mejoras que deben reconocerse. También hay que recordar que las pensiones del régimen ya se habían revalorizado un 2,7 % durante 2026. Pero ninguna de esas disposiciones resuelve la reivindicación central sobre la adecuación de los haberes reguladores a las retribuciones reales de determinados funcionarios.
Revalorizar una pensión y revisar la justicia de su cálculo inicial son cosas distintas. La primera actualiza una cantidad. La segunda obliga a preguntarse cómo se obtuvo. Y esa segunda pregunta parece despertar bastante menos entusiasmo ministerial. En la Administración de Justicia, además, las preocupaciones alcanzan a MUGEJU. El 8 de octubre se publicó la licitación del concierto sanitario para 2027 mediante procedimiento abierto acelerado, justificado por una necesidad inaplazable.
Qué reconfortante resulta comprobar que la urgencia administrativa aparece cuando el calendario aprieta. Lástima que no siempre tenga idéntica puntualidad para atender las reivindicaciones de los mutualistas.
Reclamar también puede salir caro
Todavía queda otra particularidad. Cuando un trabajador del régimen laboral reclama sus derechos, encuentra en la jurisdicción social importantes garantías de gratuidad. Cuando un funcionario debe acudir al contencioso-administrativo, puede enfrentarse a una condena en costas. Es decir, no solo puede discutir una pensión calculada mediante criterios que considera perjudiciales. También puede pagar por perder el pleito.
Una magnífica manera de fomentar la confianza institucional: primero se discute el derecho y después se presenta la factura. Y entretanto, los partidos vuelven a hablar de sostenibilidad, justicia social y protección de los pensionistas. Todos encuentran tiempo para debatir sobre el futuro del sistema. Mucho menos para explicar qué harán con quienes llevan años señalando diferencias concretas dentro del propio empleo público.
El 29 de noviembre habrá urnas, papeletas, interventores, programas y grandes discursos. El 23 de diciembre se constituirán las nuevas Cortes. Los funcionarios de Clases Pasivas seguirán esperando respuestas sobre sus pensiones. Algunos, además, seguirán esperando una justicia económicamente accesible para poder reclamarlas.
Porque en España hay derechos que se proclaman en campaña, derechos que se negocian en los despachos y derechos que sus titulares deben pagarse para poder defender.
Y estos últimos tienen la mala costumbre de no caber en un eslogan electoral.
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