El PP quiere llevar a Bruselas el proceso masivo de regularización de inmigrantes, pero la UE ya le ha dicho que ese tipo de políticas sociales dependen de cada país miembro del club comunitario. Es evidente que el Partido Popular está haciendo un nuevo ridículo europeo, esta vez a cuenta de la inmigración.
Feijóo ha optado por asumir el discurso ultra de Vox, que roza la xenofobia cuando no el racismo. Y cuando va con esa matraca a Bruselas, los dirigentes de la UE se huelen la tostada, que apesta a ultraderecha rancia, y la despachan por el procedimiento de urgencia. La estrategia comunitaria del Partido Popular vuelve a situarse en el centro de la polémica. No es la primera vez que los dirigentes de Génova muestran sus carencias en política europeísta. Ya se hable de memoria histórica, de lo que supuso la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, de cambio climático o de agricultura, los populares demuestran que están en Bruselas sin tener mucha idea de para qué se creó la UE. En esta ocasión, el motivo de la polémica es el intento de la formación conservadora española de utilizar las instituciones comunitarias como altavoz de su discurso interno sobre inmigración, una maniobra que no solo ha generado incomodidad entre sus socios del Partido Popular Europeo (PPE), sino que ha evidenciado, una vez más, la desconexión entre la línea oficial del grupo conservador europeo y la deriva política del PP español. El resultado ha sido un nuevo episodio surrealista, un ridículo diplomático y político, especialmente por la falta de respaldo que la delegación española ha encontrado en su propio espacio ideológico.
En España, el PP ha convertido el Senado en un juzgado, cuando no en un circo donde hacer sangre y escarnio a los socialistas (lo de ayer de Óscar Puente, los gritos de dimisión, dimisión para el ministro, fue sencillamente esperpéntico). Ahora pretende hacer lo mismo con el Europarlamento. Desde hace meses, el PP intenta convertir la inmigración en uno de los ejes centrales de su oposición al Gobierno español. Sin embargo, la traslación de ese discurso a Bruselas ha chocado con la realidad de una Unión Europea que, pese a sus tensiones internas, trabaja en un marco común para la gestión migratoria. La insistencia del PP en presentar la situación española como una “crisis descontrolada” no ha encontrado eco entre los eurodiputados conservadores de otros países, que consideran que el enfoque español no se ajusta a los datos ni a las prioridades del PPE.
El penúltimo episodio sonrojante se produjo cuando la delegación del PP intentó forzar un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre la política migratoria española. La iniciativa fue recibida con frialdad por la mayoría del hemiciclo, que la interpretó como un intento de instrumentalizar las instituciones europeas para fines de política doméstica. Incluso dentro del PPE, varios representantes mostraron su incomodidad ante lo que consideraron una “maniobra partidista” que no respondía a una preocupación real del conjunto de la Unión. Es decir, le estaban diciendo al PP que allí se va a hablar de cosas serias, no a montar el show electoralista.
A este traspié se ha sumado otro movimiento, en las últimas horas, que ha generado aún más desconcierto en Bruselas. Tras el fracaso de su intento de abrir un debate urgente, el PP ha decidido ahora denunciar ante las instituciones comunitarias la propuesta de regularización de alrededor de medio millón de personas en situación administrativa irregular en España. El gesto buscaba presentar la medida como una amenaza para la política migratoria europea, pero la respuesta de la UE ha sido contundente: las regularizaciones son competencia exclusiva de los Estados miembros.
La Comisión Europea ha reiterado que cada país puede decidir cómo gestionar a las personas que ya viven en su territorio, siempre dentro del marco jurídico común. No hay expediente que abrir, ni infracción que investigar, ni motivo para intervenir. Bruselas ha recordado, además, que numerosos países (incluidos algunos gobernados por fuerzas conservadoras) han llevado a cabo regularizaciones masivas sin que ello supusiera un conflicto institucional. La maniobra del PP, por tanto, ha vuelto a quedarse sin recorrido político.
Este choque entre la narrativa del PP y la posición europea ha reforzado la percepción de que el partido está utilizando Bruselas como escenario para sus batallas internas, aun cuando el terreno comunitario no respalda sus planteamientos. Para varios eurodiputados del PPE, la insistencia del PP en denunciar una medida que la UE considera plenamente legítima resulta difícil de justificar y transmite la imagen de un partido más preocupado por generar ruido que por contribuir a la agenda común.
El contraste entre el discurso del PP y la posición oficial del PPE es cada vez más evidente. Mientras el grupo europeo defiende un pacto migratorio basado en la corresponsabilidad, la solidaridad y la gestión conjunta, el PP español insiste en un relato centrado en el alarmismo y la confrontación. Esta divergencia ha generado tensiones internas que se han hecho visibles en votaciones clave, donde los eurodiputados del PP han quedado aislados al intentar desmarcarse de la línea mayoritaria del grupo.
Uno de los elementos más llamativos del episodio ha sido la reacción de algunos socios europeos del PPE, que han expresado su sorpresa ante la insistencia del PP en presentar la inmigración como un problema exclusivamente español. Para muchos de ellos, la gestión migratoria es un desafío compartido que requiere soluciones coordinadas, no discursos que alimenten la polarización. La falta de apoyo a la iniciativa del PP ha sido interpretada como un toque de atención: Bruselas no está dispuesta a convertirse en escenario de batallas partidistas nacionales.
Además, el intento del PP de trasladar su narrativa a Bruselas ha coincidido con un momento especialmente delicado en el debate europeo sobre inmigración. La aprobación del Pacto de Migración y Asilo ha requerido años de negociaciones y equilibrios entre países con posiciones muy distintas. En este contexto, la maniobra del PP ha sido vista como un gesto poco constructivo que no contribuye a fortalecer la posición española ni a mejorar la coordinación europea.
El Gobierno español, por su parte, ha aprovechado la situación para subrayar el aislamiento del PP en Bruselas. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la política migratoria española se ajusta a los marcos europeos y que la cooperación con la Comisión y los Estados miembros es constante. La falta de respaldo al PP en el Parlamento Europeo ha sido utilizada como prueba de que su discurso no tiene recorrido fuera del ámbito político nacional.