La Comisión Europea ha hecho algo poco habitual: ha dicho en voz alta lo que lleva años ocurriendo en silencio. Que la regularización de personas migrantes no es una anomalía jurídica ni un desliz político, sino una herramienta legal para sostener mercados laborales que ya no se sostienen solos. Bruselas no ha aplaudido ni criticado, simplemente ha reconocido un hecho: España actúa dentro de sus competencias y responde a una necesidad estructural. Lo demás, el ruido, queda en casa.
Competencia nacional, problema europeo
El comisario de Interior, Magnus Brunner, fue claro en Bruselas: la regularización de personas en situación administrativa irregular es una decisión que corresponde a los Estados. No es un vacío legal, ni una excepción española, ni una maniobra al margen de Europa. Es, simplemente, derecho nacional aplicado a una realidad común. Y esa precisión técnica desmonta buena parte del relato político que se ha construido en torno al decreto.
La Comisión, que no suele regalar palabras, fue aún más lejos al subrayar que estas medidas pueden ser una respuesta legítima a las “necesidades del mercado laboral”. Dicho de otro modo: la regularización no es un gesto humanitario ni una concesión moral, sino una política económica de pleno derecho. Una que muchos países practican de manera intermitente y sin publicidad, pero que España ha decidido formalizar.
El matiz importa, porque introduce una frontera incómoda: la que separa la política migratoria del discurso sobre la migración. Mientras unos discuten identidad, otros gestionan empleo, cotizaciones y servicios públicos.
El mercado laboral habla, la política grita
La intervención de Bruselas llega en un momento en el que los datos empiezan a ser obstinados. Sectores enteros —cuidados, construcción, agricultura, hostelería, logística— funcionan ya con una dependencia estructural de mano de obra extranjera. No como excepción, sino como norma. La irregularidad administrativa no ha impedido que esas personas trabajen; solo ha impedido que lo hagan con derechos.
La regularización extraordinaria no crea esa realidad: la ordena. Reduce la economía sumergida, amplía la base de cotización y ofrece seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores. Lo que hace el decreto es poner nombre y marco legal a lo que llevaba años ocurriendo en los márgenes, con la tolerancia tácita de todos los gobiernos.
En ese contexto, la posición de la Comisión Europea no es ideológica, es funcional. Reconoce que distinguir entre migración “legal” e “ilegal” sin abrir vías legales es un ejercicio retórico. Y que las políticas de visados más duras, que Bruselas prepara para terceros países, no sirven de nada si dentro de la Unión se sigue necesitando trabajo que nadie quiere o puede cubrir.
Bruselas ha marcado distancia: no es su competencia, no es su decreto, no es su problema inmediato. Pero al mismo tiempo ha despejado el terreno para que España actúe sin la sombra del reproche comunitario. No hay expediente, no hay advertencia, no hay corrección. Solo un reconocimiento implícito: regularizar es compatible con el marco europeo.
La paradoja es que la Comisión ha dicho menos de lo que parece y, sin embargo, ha dicho más que muchos gobiernos. Ha recordado que la migración legal no se gestiona con consignas, sino con normas. Y que cuando se hace, el sistema deja de funcionar como un castigo y empieza a funcionar como un Estado.
El resto —la indignación selectiva, los discursos de cupo, la confusión entre derechos y caridad— pertenece a la política doméstica. Europa, esta vez, se ha limitado a mirar los papeles y asentir. Porque la legalidad estaba ahí desde el principio. Solo faltaba voluntad para usarla.