El juez Peinado ha advertido a Begoña Gómez, veladamente, de que puede haber consecuencias ni le vuelve a dar plantón en su segunda citación en el juzgado de Instrucción Número 41 de Plaza Castilla. Peinado ha vuelto a citar este lunes a Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que investiga desde hace año y medio por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. El magistrado ha decidido que, en caso de llegarse a juicio, la causa sea enjuiciada por un jurado popular por los cinco delitos, de ahí que haya convocado a la primera dama para informarle de sus derechos.
Sin embargo, Begoña Gómez no acudió a su primer cara a cara con Peinado. Ahora, su abogado, Antonio Camacho, le ha recomendado que no acuda, ya que puede acogerse al derecho a no hacerlo, establecido en la ley procesal. Todo lo cual ha enervado al juez. Por tanto, hay máxima tensión en los tribunales de Plaza Castilla, ya que la pareja de Sánchez podría mantener su desafío ante el instructor y este podría reaccionar con contundencia. Peinado podría incluso sancionar a la mujer del presidente, según fuentes judiciales, un castigo que podría ser una multa o incluso la apertura de una nueva pieza por desobediencia. El delito de desobediencia es el que comete quien, de forma inconsciente e injustificada, resiste o desobedece a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o, siendo autoridad o funcionario público, deja de cumplir una orden emanada de un superior jerárquico. Para que la conducta de desobediencia sea considerada como delito, debe ir contra una autoridad definida como aquel que ejerce jurisdicción propia; funcionarios públicos, que son aquellos que participen en el ejercicio de funciones públicas (jueces y policías); y personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando coopere con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La pena prevista para este delito es la de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.
El juez Peinado precisó en su último auto a los investigados que “deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado”, si bien fuentes jurídicas consultadas por EFE explican que se trata del mismo escenario y que en esta ocasión los investigados no tienen tampoco por qué asistir. En esta vista, el magistrado debe concretar la imputación contra los investigados y las partes argumentar cómo quieren que discurra la causa: si archivar o seguir adelante practicando más diligencias, informa EFE.
Malversación
Es la misma decisión que adoptó respecto al delito de malversación por el que la investiga en una pieza separada y supone que, en caso de acabar en juicio, dos jurados juzguen a la mujer del presidente del Gobierno por una causa que se inició en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias.
Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha convocado a Begoña Gómez y a los otros dos investigados (su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés) a las 17.30 horas de este lunes para celebrar una vista exigida en la ley del jurado para concretar la imputación.
Una vista que ya celebró el sábado 27 de septiembre en la parte de la investigación relativa a la presunta malversación y a la que ni Begoña ni los otros imputados en esa pieza (Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín) acudieron, al esgrimir sus defensas una circular de la Fiscalía que avala que a este tipo de trámites sólo asistan los abogados.
Imputación de Sánchez
Con lo investigado, una de las acusaciones populares, Iustitia Europa, ve base para plantear a Peinado que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como presunto cooperador necesario del tráfico de influencias por el que se investiga a su mujer, según explican fuentes jurídicas.
El magistrado, que investiga delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, trata de indagar si Begoña Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido el patrocinio empresarial de un ‘software’ para la misma.
En uno de sus últimos autos, Peinado sostiene que la relación de “parentesco” de Begoña Gómez con el presidente del Gobierno es fundamental para el presunto delito de tráfico de influencias, que es el que ha determinado, según el juez, la competencia de un jurado para conocer los hechos.