En su declaración ante el juez Peinado de diciembre de 2024, Begoña Gómez aseguró que siguió las indicaciones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la hora de inscribir el dominio del software para su máster universitario. “En un escrito, Gómez ya había explicado que si inscribió la marca TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, el software de la cátedra, fue porque la UCM así le dijo que lo hiciera”, informa La Vanguardia.
Su abogado, Antonio Camacho, ha aportado una serie de correos electrónicos que supuestamente ponían de manifiesto que Begoña Gómez hizo lo que le indicó la dirección de la universidad. “Fuentes presentes en el interrogatorio sostienen que la esposa de Sánchez ha defendido que el software y todo lo realizado por la universidad fue sin ánimo de lucro”, añade el citado medio. En esa misma línea va la Fiscalía, que pide el archivo de la causa: “No hay delito. La retribución es cero”, asegura el Ministerio Público. Además, critica que Peinado haya tachado de “corrupta” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “como si de una trama u organización criminal se tratara”.
En relación al registro del software, el fiscal se posiciona con las defensas en que no hay delito de apropiación indebida porque este nunca se registró y, de haberlo, es una cuestión de materia civil. “Si estaba o no en la mente” de Begoña Gómez explotar esta plataforma en el futuro “lo desconocemos”, indica la Fiscalía, “sí podemos decir que, en nuestra opinión, la actividad realizada hasta ese momento no ha rebasado los umbrales del delito”. Aunque apunta, eso sí, que hay determinadas actuaciones en su labor con la Complutense que “no parecen seguir la trayectoria de nitidez deseable en aras a una perfecta transparencia cuando se trata de instituciones públicas”. “La mezcla de marcas y registros personales con proyecto con alcance e interés público no resulta deseable y puede hacer nacer la sospecha”, informa El País.
La mujer del presidente del Gobierno se enfrenta al delito de apropiación indebida (además de a malversación en la contratación de una asesora de Moncloa, tráfico de influencias y corrupción en los negocios). Y puede tener un problema, ya que según fuentes judiciales Peinado ha reunido una carga probatoria “amplia y contundente”. La tesis del magistrado es que la primera dama realizó todas las gestiones sin conocimiento de la Complutense ni de las propias empresas patrocinadoras del curso. El juez Peinado asegura: “En ningún momento se informó a la UCM o a las empresas que participaron en la financiación, patrocinio y desarrollo de la cátedra y del propio software de las actuaciones paralelas que se estaban llevando a cabo junto con María Cristina Álvarez Rodríguez [asesora de Moncloa], en particular en lo relativo al registro de marcas, la constitución de una sociedad mercantil y la utilización del software a través de la web transformatsc.org, sin poner en conocimiento que dicha web coincidía nominal y funcionalmente con los elementos previamente desarrollados en el ámbito universitario”.
“Tras lo cual, la Universidad Complutense de Madrid inició actuaciones internas para esclarecer lo sucedido. Elaborado un informe en que se cuantifica un daño patrimonial directo para la UCM de, al menos, 108.765,79 euros, al que deben añadirse otros costes asociados no inicialmente incorporados, como los derivados de la dedicación del personal técnico y administrativo, así como de los recursos y servicios puestos a disposición del proyecto por la Universidad”, añade el juez.
Begoña Gómez insistió a preguntas de su abogado en que “nunca” pretendió apropiarse de las marcas. “Apropiarse, además, quiere decir que pertenecían a otro”, extremo que ella niega. “Todo lo que hizo y cómo lo hizo fue con conocimiento, dice, de la universidad. Según ha explicado, todos los procesos de contratación son guiados, es decir, los órganos gestores de la Escuela de Gobierno y el propio vicerrector asesoran, orientan y proporcionan instrucciones”, añade La Vanguardia, que ha tenido acceso a las declaraciones.
Peinado insiste en que “debe añadirse, por su indudable relevancia, que el proyecto no se agotaba en el mero desarrollo interno de una herramienta tecnológica ni en la elaboración de una metodología de carácter académico (...) Incorporaba desde un inicio una evidente vocación de proyección externa y operatividad en el tráfico económico, mediante el diseño de una certificación profesional vinculada a la metodología TSC, orientada a acreditar que determinadas mercantiles reunían los estándares o condiciones exigidos para ser consideradas alineadas con la denominada transformación social”, informa Libertad Digital. De esta manera, Peinado entiende que hubo ánimo de lucro y un perjuicio para la universidad.