A primera hora de la mañana, el juez Peinado abrió pieza separada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por prevaricación y fraude a los fondos europeos. De esta manera, el magistrado añadía dos figuras delictivas más a las cuatro que había imputado a la primera dama por la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Todo sonaba extremadamente extraño, confuso, ya que ese caso, aparentemente y según los medios de comunicación, se había sustanciado y archivado. Alberto Ibáñez i Mezquita, diputado de Compromís en el Congreso, ironizaba con el asunto: "Debería abrirse una pieza separada y secreta que investigara la implicación de Begoña Gómez en la muerte de Manolote". Efectivamente, a lo largo del día, Peinado rectificó y retiró la imputación a la primera dama. Todo había sido un error de transcripción del instructor.
Una vez más, esta nueva resolución del juez Peinado se asentaba sobre frágiles indicios probatorios. Para empezar, no existía ninguna carta de recomendación de Begoña Gómez al empresario Juan Carlos Barrabés en este caso. La primera dama no tenía nada que ver con el asunto que sustanciaba la pieza separada. Así lo recogían medios como Artículo 14, el digital de Pablo Montesinos: "La nueva pieza abierta es relativa a un contrato firmado por Juan Carlos Barrabés y KPMG en la que no tiene nada ni Begoña Gómez ni su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez". Las reacciones de juristas no se hacían esperar. "El colocar ahí el nombre de Begoña Gómez es cuando menos una negligencia", aseguraba con rotundidad, en el programa Mañaneros 360 de TVE, Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional. Se trataría de transmitir la idea de que Begoña Gómez está metida en todos los delitos que se cometen en este país, de modo que "se está jugando con el buen nombre de las personas", aseguraba el experto.
En segundo lugar, el instructor Peinado acordaba la pieza separada después de que la Audiencia Nacional hubiese cerrado la investigación de la Fiscalía Europea por la posible afectación de fondos públicos. En su día, el magistrado Antonio Piña, juez de garantías con la UE, ya remitió las diligencias practicadas por los fiscales europeos, entre ellas un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al respecto.
Para mayor sorpresa, una nueva extraña coincidencia: Peinado siempre lanza sus bombas judiciales justo cuando Pedro Sánchez se encuentra en algún importante foro internacional, en este caso la reunión ordinaria del Consejo Europeo. ¿Simple casualidad o patrón de comportamiento? "Este hombre [Peinado] está haciendo un flaco favor a la confianza de la ciudadanía en la Justicia", concluía Urías, que alertaba sobre el peligro de la politización de la justicia.
"En esta nueva línea de investigación del juez Peinado, la mujer del presidente quedaría fuera, ya que el contrato es del empresario Juan Carlos Barrabés, y no existe ningún tipo de carta de recomendación por parte de Begoña Gómez. Pero es más, la Fiscalía Europea lo envía al juzgado de Peinado para que lo añada después de que el juez de garantías de la Audiencia Nacional le haya dado carpetazo a la investigación de fraude de subvenciones de la Unión Europea que había abierto el Ministerio Público", según informa El Plural.
"De hecho, en el decreto de Fiscalía dice el fiscal que, en realidad, lo que están haciendo es, una vez archivado el procedimiento en la Audiencia Nacional, dar traslado de un informe de la UCO al que Peinado no ha tenido acceso ya que la investigación no se ha hecho en plaza de Castilla”. Ese informe es “el atestado número 38/2026 acerca del contenido de las comunicaciones electrónicas obrantes en las cuentas Office 365 de 13 personas en el que aparecería el Expediente de Red.es 044/20-ED. Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento", añade El Plural.
El caso Begoña Gómez está adquiriendo tintes caóticos y kafkianos, tanto como lo ha sido la instrucción del juez Peinado desde hace más de dos años, cuando decidió abrir diligencias contra la mujer de Sánchez por la organización de un máster para la Complutense.
Fondos europeos
La Fiscalía Europea –que sigue investigando otros contratos adjudicados a Barrabés– solicitó al juez Peinado ese expediente tras recibir el informe de la UCO, si bien la defensa del empresario lo recurrió al considerar que la causa del Juzgado de Instrucción 41 ya estaba finalizada –Peinado la cerró el 11 de abril y la Fiscalía Europea lo reclamó el 20–, informa Efe. Reprochó entonces la defensa de Barrabés a la Fiscalía Europea pretender "reiniciar a capricho la investigación de unos hechos que ya se han instruido durante casi dos años en el procedimiento nacional". Antes del mencionado informe de la UCO, esta defensa advirtió sin éxito a la Fiscalía Europea de que el juez seguía teniendo en sus manos dicho expediente.
Ahora, el juez de garantías de la Audiencia Nacional –que es el que resuelve las impugnaciones de procedimientos de la Fiscalía Europea– ha dado la razón a Barrabés y ha determinado que este expediente recaiga en el juzgado de Peinado para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según Efe. Según esta agencia, la adjudicación de Red.es que ahora pasa a examinar Peinado recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next –empresa de Barrabés– y la consultora KPMG, y se refería al servicio de Oficina Acelera Pyme, una asesoría gratuita a negocios ofrecida por Red.es. Esta adjudicación estaría financiada con fondos FEDER, aunque la Abogacía del Estado discutió este extremo. La licitación tuvo un presupuesto base de 4.053.500 euros y se tramitó de forma paralela a los otros dos expedientes por valor de 8,3 millones de Red.es que sigue investigando la Fiscalía Europea, adjudicados a la UTE Innova Next y The Valley Digital.
Al analizar este tercer expediente, la Guardia Civil observó que el informe de valoración habría "obviado deliberadamente", que no existía un requisito exigido en los pliegos –un libro blanco– y que debía puntuar en un criterio, el número 3, del que dependían los juicios de valor y donde la UTE obtuvo la máxima nota, resultando adjudicataria.
En los borradores del informe de valoración sí se aludía a la ausencia del mencionado libro blanco, pero en los informes finales "habría sido deliberadamente ocultado" al efecto de que "no fuese detectado por otros licitadores". La persona que firmó los informes de valoración de los tres expedientes investigados es el mismo trabajador de Red.es que está investigado por la Fiscalía Europea, añade Efe.