Isabel Díaz Ayuso volvió a utilizar un gran foro mediático para presentar a Madrid como una isla de libertad frente a una España supuestamente tomada por la corrupción, el sectarismo, los sindicatos, el independentismo, el Gobierno central y una larga lista de enemigos políticos. Su intervención en el 35 aniversario de El Mundo no fue solo un discurso de gestión autonómica. Fue, sobre todo, una pieza de combate ideológico construida sobre afirmaciones muy graves que exigen ser examinadas una por una.
Los sindicatos
La primera carga fue contra los sindicatos. Ayuso afirmó que “han estado cómplices, callados todos estos años” mientras la clase media “se iba desguazando” y las pequeñas empresas sufrían. La frase busca instalar una idea: que las organizaciones sindicales solo se movilizan cuando conviene al Gobierno. Pero esa afirmación no se sostiene. UGT y CCOO han mantenido conflictos, movilizaciones y presión pública durante estos años en materias como salarios, pensiones, negociación colectiva, vivienda, siniestralidad laboral, reducción de jornada o precariedad. Se podrá discrepar de sus posiciones, pero no afirmar seriamente que han estado callados.
Además, los principales avances laborales recientes no se explican sin presión sindical: la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, la mejora de las pensiones, la recuperación de la negociación colectiva o la denuncia permanente de la parcialidad involuntaria y la precariedad en sectores feminizados. El dato clave es que el mercado laboral español ha alcanzado máximos de afiliación y ha reducido de forma significativa la temporalidad tras la reforma laboral. Presentar a los sindicatos como actores pasivos o meros instrumentos del poder no es un análisis: es una deslegitimación política.
¿Cuánto cuesta vivir en el Madrid de Ayuso?
Ayuso también sostiene que la clase media se está “desguazando” y que los salarios están prácticamente estancados desde el año 2000. El malestar salarial existe, sobre todo por el encarecimiento de la vivienda y de los bienes básicos, pero la afirmación necesita matices. El INE situó el salario medio anual en 29.540 euros en 2024, un 5,3% más que el año anterior. Eso no niega los problemas de poder adquisitivo ni la desigualdad salarial, pero impide dibujar un escenario de hundimiento homogéneo. El problema no es solo cuánto se cobra, sino cuánto cuesta vivir, y en Madrid la vivienda se ha convertido en el gran factor de expulsión social.
Vivienda, un negocio en Madrid
Ahí aparece una de las principales contradicciones del discurso de Ayuso. La presidenta presume de haber sentado las bases para 300.000 viviendas y de que 70.000 tendrán algún tipo de protección antes de que termine la legislatura. Sin embargo, el dato real disponible del Plan Vive es mucho más modesto: la propia Comunidad de Madrid habla de 5.785 viviendas entregadas hasta mayo de 2026. Es una cifra relevante, pero muy alejada de la dimensión propagandística del problema. Madrid no sufre una crisis de vivienda por falta de relato político, sino por una combinación de precios disparados, salarios insuficientes, escasez de alquiler asequible, presión inversora y retrasos acumulados en políticas públicas.
La presidenta atribuye buena parte del bloqueo a una supuesta persecución del Gobierno central contra los propietarios. Pero Madrid tiene competencias decisivas en urbanismo, vivienda protegida, suelo, transporte y servicios públicos asociados al crecimiento urbano. No basta con culpar a la ley estatal de vivienda cuando la Comunidad lleva décadas gobernada por el mismo partido y cuando el acceso a la vivienda es hoy uno de los principales fracasos del modelo madrileño. Si Madrid atrae empleo, inversión y población, pero expulsa a jóvenes, trabajadores esenciales y familias de rentas medias, el éxito económico queda socialmente incompleto.
Fiscalidad
Otra afirmación central fue la de la fiscalidad. Ayuso repitió que Madrid aporta el 75% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos y que con su modelo de impuestos bajos se recauda más. Es cierto que Madrid es una de las grandes contribuyentes netas del sistema de financiación autonómica y que su peso en el Fondo de Garantía es muy elevado. Pero ese dato suele presentarse de forma incompleta. El Fondo de Garantía no financia por sí solo todos los servicios públicos de España. Es una pieza del sistema, no la caja única del Estado del bienestar. Convertir ese dato en la prueba de que Madrid “mantiene” al conjunto del país simplifica una arquitectura fiscal mucho más compleja.
También es discutible la idea de que bajar impuestos siempre aumenta la recaudación. La recaudación puede crecer, aunque se bajen algunos impuestos si aumentan la población, la actividad, los precios, los beneficios empresariales o las rentas declaradas. Pero eso no demuestra automáticamente que la rebaja fiscal sea la causa del aumento. En economía pública, confundir correlación con causalidad es una forma de propaganda. Madrid recauda mucho porque concentra sedes empresariales, rentas altas, inversión, empleo cualificado y actividad económica. La pregunta honesta no es solo cuánto recauda, sino qué servicios públicos ofrece a cambio y qué desigualdades corrige.
Sanidad
En sanidad, Ayuso defendió el uso de la inteligencia artificial, los cribados, la salud digital y la eficiencia administrativa. Todo eso puede ser útil. Pero el problema inmediato de la sanidad madrileña no se resuelve con anuncios tecnológicos si persisten listas de espera, demoras en Atención Primaria, falta de profesionales y conflictos laborales. Los datos del Ministerio de Sanidad reflejan decenas de miles de pacientes madrileños esperando una intervención quirúrgica. La digitalización puede ayudar, pero no sustituye médicos, enfermeras, pediatras ni administrativos suficientes. La innovación sin plantilla se convierte en escaparate.
La pandemia del Covid
La pandemia ocupó otro de los tramos más duros de la intervención de Ayuso. La presidenta acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no escuchar las alertas de la Organización Mundial de la Salud, de inventarse comités de expertos que nunca existieron, de cerrar ilegalmente Madrid y de impedir a las comunidades autónomas adquirir material sanitario mientras se desarrollaban las tramas de corrupción vinculadas a la compra de mascarillas.
La Comunidad de Madrid tenía competencias plenas en la gestión de las residencias de mayores, uno de los episodios más controvertidos de toda la crisis sanitaria. Diversos estudios y análisis académicos sitúan en 7.291 el número de personas mayores que fallecieron en residencias madrileñas durante la primera ola sin ser trasladadas a hospitales, después de la aplicación de protocolos que limitaban las derivaciones hospitalarias en función de criterios de dependencia o discapacidad.
A ello se suma que la propia Comunidad de Madrid se vio afectada por investigaciones relacionadas con la adquisición de material sanitario durante la emergencia. El caso más conocido fue el contrato de mascarillas adjudicado a la empresa vinculada a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, quien percibió una comisión por su intermediación en una operación de suministro de mascarillas realizada en los momentos más críticos de la pandemia. Aunque la Fiscalía Europea archivó posteriormente las diligencias relativas a la adjudicación al no apreciar indicios suficientes de delito por parte de los responsables públicos, el episodio generó una enorme polémica política y cuestionó el discurso de superioridad ética que posteriormente ha intentado proyectar el Gobierno regional.
Corrupción de Estado
Otro bloque fue el institucional. Ayuso afirmó que España sufre “corrupción de Estado”, que Sánchez “es corrupción”, que el Ejecutivo da un “golpe” contra el poder judicial y que el PSOE podría ser “crimen organizado” si se demuestra lo investigado. Son afirmaciones de enorme gravedad. En una democracia, los casos de corrupción deben investigarse hasta el final, caiga quien caiga. Pero una investigación judicial no equivale a una condena, y una acusación política no sustituye a una sentencia. El Estado de derecho se defiende respetando los procedimientos, no convirtiendo cada sumario en una condena anticipada.
También reclamó una cuestión de confianza. Constitucionalmente, esa iniciativa corresponde al presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de ministros. La oposición, si quiere exigir responsabilidad política, dispone de la moción de censura, que debe incluir un candidato alternativo. Por tanto, Ayuso puede exigir políticamente que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, pero no puede presentarlo como una obligación jurídica. Es una presión política, no un mecanismo que la oposición pueda activar.
Regularización de migrantes
En inmigración, la presidenta deslizó una de sus tesis más delicadas: que las regularizaciones masivas pueden alterar censos y circunscripciones. El argumento conecta inmigración con cálculo electoral y abre una puerta peligrosa. Regularizar administrativamente a personas que ya viven y trabajan en un país no equivale automáticamente a convertirlas en votantes. La adquisición de nacionalidad tiene procedimientos, plazos y requisitos propios. Mezclar regularización, censos y manipulación electoral sin explicar esos pasos genera sospecha social sobre personas migrantes y desplaza el debate desde la integración hacia la amenaza.
Cataluña
Sobre Cataluña, Ayuso afirmó que el nacionalismo y el socialismo “han matado” una región próspera y que hay que “cortar el grifo” al independentismo. Es evidente que el procés provocó una fractura institucional, social y económica muy profunda. Pero Cataluña sigue siendo una de las grandes economías españolas y europeas. Hablar de una región “matada” es una exageración política. El debate territorial requiere firmeza constitucional, pero también precisión. Cataluña no se reconstruye con agravio inverso, sino con seguridad jurídica, inversión, servicios públicos, convivencia lingüística y una alternativa política que no viva permanentemente del enfrentamiento.
Libertad
La presidenta madrileña presentó Madrid como “casa de libertad” y “refugio ante totalitarios”. Es un recurso eficaz, pero también contiene una omisión: Madrid es una región dinámica, atractiva y con enorme capacidad económica, pero también con problemas severos de desigualdad, vivienda, saturación sanitaria, segregación educativa y precariedad en sectores esenciales. Una comunidad autónoma no se mide solo por los grandes eventos, los rascacielos, la inversión extranjera o la Fórmula 1. Se mide también por cuánto tarda una familia en acceder a un especialista, cuánto paga un joven por una habitación, cuánto aguanta una profesora interina o cuánto tarda una persona dependiente en recibir una plaza.
Inversión extranjera
Su discurso sobre la inversión extranjera también necesita contexto. Madrid lidera la captación de inversión en España y los datos oficiales de 2025 la sitúan por encima de la mitad del total nacional. Pero ese liderazgo está atravesado por el llamado efecto sede: muchas inversiones se registran en Madrid porque allí están las sedes fiscales o corporativas, aunque parte de la actividad real se despliegue en otros territorios. El dato es importante, pero no puede usarse como prueba absoluta de superioridad económica sin matizarlo.
Finalmente, Ayuso cerró con una idea de refundación: “reiniciar España desde cero”. Es una fórmula llamativa, pero democráticamente problemática si no se concreta. España no necesita reiniciarse desde cero como si todo lo anterior fuera ilegítimo. Necesita reformas rigurosas, instituciones limpias, controles eficaces, vivienda asequible, salarios dignos, servicios públicos robustos, financiación autonómica justa y una política menos incendiaria. La crítica al Gobierno es legítima. La fiscalización de la corrupción es imprescindible. Pero la democracia no mejora cuando se sustituye la comprobación por la sospecha permanente, el dato por la consigna y el adversario por el enemigo.
El problema del discurso de Ayuso no es que sea duro. La dureza forma parte de la política. El problema es que mezcla datos ciertos, medias verdades, exageraciones y acusaciones no probadas en un mismo relato de emergencia nacional. Ese método moviliza, pero no aclara. Agita, pero no resuelve. Y una presidenta autonómica que aspira a presentarse como alternativa de gestión debería saber que la contundencia no consiste en elevar el volumen, sino en sostener cada afirmación con hechos.