La vivienda ha dejado de ser un problema social para convertirse en una fractura democrática. Esa fue la idea central que UGT trasladó en la rueda de prensa ofrecida por su secretario general, Pepe Álvarez, y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, tras presentar sus alegaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. El sindicato sostiene que España incumple de forma persistente el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, que obliga a garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna, asequible y adecuada.
UGT no plantea ya la vivienda como una política pública más, sino como un derecho exigible ante los tribunales. La diferencia, subrayó Luján, es decisiva: no se trata de dejar la vivienda en manos del mercado, sino de reconocer que ninguna persona trabajadora debería verse obligada a destinar la mayor parte de su salario a pagar un alquiler o una hipoteca.
El sindicato presentó el pasado 11 de mayo su réplica a las observaciones del Gobierno de España. Según explicó Luján, el Ejecutivo tiene ahora hasta el 9 de junio para contestar. Después, el procedimiento quedará visto para resolución, aunque UGT calcula que el Comité Europeo de Derechos Sociales podría tardar entre año y medio y dos años en pronunciarse.
Salarios que no alcanzan ni para vivir
Pepe Álvarez fue especialmente duro al describir la situación. Recordó que los convenios colectivos no pueden absorber el aumento “desproporcionado” y “especulativo” del precio de la vivienda. El problema, afirmó, ya no afecta solo a quienes están en situación de vulnerabilidad extrema, sino a amplias capas de trabajadores y trabajadoras que, aun teniendo empleo, no pueden acceder a una vivienda.
UGT situó el umbral razonable de gasto en vivienda entre el 25% y el 30% del salario. Sin embargo, denunció que en muchas zonas tensionadas se exige más del 80% de los ingresos y que, en determinados territorios, ni siquiera el 200% del salario permitiría acceder a una vivienda digna.
La vivienda ha dejado de ser un problema social para convertirse en una fractura democrática
Álvarez aportó varios datos demoledores: una persona en España necesitaría 52 años de salario neto para comprar una vivienda; casi el 15% de los jóvenes no se emancipa porque no puede hacerlo; y mientras los salarios subieron de media un 3,6% en 2025, el precio de la vivienda lo hizo un 12,9%.
Para el sindicato, estas cifras prueban que el mercado ha dejado fuera a millones de personas. La vivienda, defendió Álvarez, es “un bien público de uso privado” y debe estar sometida a reglas que impidan la acumulación especulativa por parte de fondos buitre, fondos de inversión y grandes propietarios.
Una acusación directa a PP, Vox y Junts
UGT también incorporó a sus alegaciones el rechazo parlamentario al real decreto-ley que prorrogaba contratos de alquiler y mantenía determinadas rentas. Álvarez cargó directamente contra PP, Vox y Junts por haber tumbado una medida que, según señaló, protegía a unas 70.000 familias.
El líder sindical calificó aquella decisión de “irracional” y de falta de “humanismo”. A su juicio, el voto de esas fuerzas políticas tendrá consecuencias directas sobre personas que en los próximos meses o años pueden perder el techo bajo el que viven.
La crítica no se limitó al Congreso. UGT denunció también la resistencia de determinadas comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda y a declarar zonas tensionadas. Para Álvarez, algunas autonomías intentan convertir el debate competencial en una excusa para no actuar. “No se pueden escaquear”, advirtió, al reclamar que las comunidades desarrollen parque público de vivienda y que el Estado refuerce financieramente esa obligación.
Vivienda turística, fondos buitre y parque público
El sindicato reclamó una actuación mucho más contundente contra la especulación. Álvarez defendió que las viviendas turísticas deben desaparecer progresivamente de las zonas tensionadas, salvo casos muy justificados. A su juicio, convertir viviendas familiares en alojamientos turísticos supone, en la práctica, una recalificación encubierta que expulsa población residente y altera la función social de la vivienda.
UGT también exigió aumentar de forma drástica el parque público. En algunos territorios, afirmó Álvarez, no basta con ampliarlo: hay que crearlo prácticamente desde cero, porque la vivienda social se encuentra en mínimos.
El problema, además, afecta ya al funcionamiento de la economía. En zonas especialmente tensionadas, como Baleares, resulta difícil cubrir puestos de trabajo porque policías, guardias civiles, sanitarios, docentes o inspectores de trabajo no encuentran vivienda asequible. El sindicato pidió a la patronal que entienda que este no es solo un problema social, sino también productivo: sin vivienda, no habrá trabajadores suficientes para sostener determinadas actividades económicas.
El Supremo, Europa y el valor de los derechos
La rueda de prensa también tuvo una lectura jurídica más amplia. Fernando Luján vinculó la reclamación por vivienda con la batalla sindical sobre el despido y las indemnizaciones. Celebró que una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre contratación irregular en las administraciones públicas recoja, según UGT, elementos que el sindicato viene defendiendo desde 2022: indemnización mínima, compensación complementaria, carácter disuasorio y reparación completa del daño causado.
Para Luján, el Supremo ha empezado a rectificar su propia doctrina tras las posiciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. UGT espera que esa evolución abra camino también en materia de vivienda si el Comité Europeo le da la razón.
Álvarez fue más político en su lectura: los tratados internacionales firmados por España, incluida la Carta Social Europea Revisada, tienen plena vinculación jurídica. Si Europa reconoce el derecho a la vivienda como exigible, defendió, los tribunales españoles deberán asumirlo.
Movilización y advertencia al Gobierno
UGT anunció que seguirá trabajando junto a Comisiones Obreras, sindicatos de inquilinas, asociaciones vecinales y plataformas contra los desahucios. La próxima gran movilización señalada será el 24 de mayo en Madrid.
Álvarez cerró con una advertencia que trasciende la vivienda. También reclamó al Gobierno que impulse de forma inmediata el registro horario, al denunciar más de 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana. Lo calificó como un fraude a Hacienda, a la Seguridad Social y a los derechos laborales.
Pero el mensaje central fue claro: la vivienda ya no puede seguir tratándose como mercancía. Para UGT, cuando un salario no permite pagar un techo, el problema no es individual, sino político. Y si el Estado no garantiza ese derecho, Europa tendrá que recordarle que una democracia no puede sostenerse sobre trabajadores que cobran una nómina y aun así no pueden vivir.