El desayuno de inicio de año de Pepe Álvarez no fue un acto protocolario. Sirvió para fijar una hoja de ruta en un 2026 que, a su juicio, arranca “complejo y difícil”. Desde una lectura muy crítica del escenario internacional hasta un repaso minucioso de los grandes debates laborales y sociales en España, el dirigente sindical trazó un hilo conductor: las decisiones globales ya no son abstractas; se notan en el salario, en el alquiler, en la sanidad y en el tiempo real que se trabaja.
Álvarez comenzó con un gesto cotidiano —las naranjas del Ebro— para subrayar una idea de fondo: el valor del trabajo y del territorio frente a un mercado que paga precios irrisorios al productor. Ese ejemplo le permitió enlazar con un diagnóstico más amplio: la economía mundial atraviesa una fase de inestabilidad que se cuela en la vida diaria de millones de personas.
Un mundo más duro y la necesidad de “más Europa”
El secretario general de UGT fue contundente al describir el contexto internacional. Señaló a Estados Unidos como un factor de desestabilización y criticó una política exterior basada en el interés propio, al margen de los derechos humanos y del derecho internacional. A su juicio, esta deriva no es solo un problema externo: condiciona la economía, el empleo y la seguridad de Europa.
Frente a ese escenario, reclamó “más Europa”. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Que la Unión Europea deje de depender de terceros para cuestiones clave y refuerce su capacidad propia. Habló de industria en sentido amplio: medicamentos, automóvil, energía y también defensa. No como una exaltación militarista, sino como una condición para proteger a la ciudadanía y evitar que las decisiones estratégicas se tomen fuera.
Álvarez defendió que ningún país europeo, por sí solo, puede afrontar el nuevo tablero geopolítico. La respuesta, insistió, debe ser común y basada en valores: derechos humanos, cooperación y cohesión social, hoy más erosionados que en décadas anteriores.
Lo explicó con un ejemplo muy concreto: si la sanidad pública falla y una familia se ve empujada a pagar un seguro privado, ese gasto funciona como un “impuesto” sobre el salario. Lo mismo —dijo— con la vivienda: un alquiler desbocado o una hipoteca al límite convierten cualquier subida salarial en un alivio efímero. Su tesis es que el debate no va solo de “cuánto suben los sueldos”, sino de cuánto cuesta vivir para poder trabajar.
España crece, pero no llega a todos
Tras el plano internacional, el foco volvió a casa. España, dijo, es un país que crece y genera riqueza. Las políticas económicas de los últimos años han sostenido el empleo, han reforzado las pensiones y han elevado el salario mínimo. Sin embargo, ese crecimiento no se reparte de forma equitativa.
Para explicarlo, recurrió a ejemplos muy concretos. Cuando la sanidad pública no responde y una familia se ve obligada a contratar un seguro privado, ese gasto sale directamente del salario. Lo mismo ocurre con la vivienda: alquileres y precios desbocados absorben cualquier mejora salarial y convierten llegar a fin de mes en una carrera de obstáculos.
Vivienda: “bien público de uso privado”, dicho sin jerga
Desde esta perspectiva, Álvarez defendió un cambio de enfoque: la vivienda debe entenderse como un bien con función social. No negó la necesidad de construir más, pero puso el acento en frenar la especulación, la acumulación de viviendas en pocas manos y el papel de los grandes tenedores. Las administraciones, especialmente las comunidades autónomas, tienen —dijo— una responsabilidad directa.
Aquí utilizó una fórmula provocadora: la vivienda como “bien público de uso privado”. Traducido: la vivienda cumple una función social básica (vivir), aunque sea de propiedad privada. No es un concepto nuevo en el debate europeo, pero él lo empleó para justificar medidas contra la especulación y la acumulación de vivienda en pocas manos. Y apuntó a los grandes tenedores —incluidos fondos de inversión— como parte del problema, además de reclamar más suelo y promoción pública desde las comunidades autónomas.
Salario mínimo: claridad frente a trampas técnicas
El salario mínimo interprofesional (SMI) es el suelo legal de salario en España: nadie debería cobrar por debajo de esa cifra en las condiciones fijadas por norma. La discusión de 2026, según se ha publicado, gira en torno a cuánto debe subir y cómo encaja con la fiscalidad (si parte del SMI empieza a tributar más o no).
Uno de los ejes centrales fue el salario mínimo interprofesional. Álvarez explicó por qué su organización defiende que el SMI avance hasta situarse en torno al 60% del salario medio. Es una referencia utilizada en Europa para garantizar que trabajar permita vivir con dignidad.
Alertó, además, de dos debates técnicos que suelen generar confusión. El primero es la fiscalidad: los “parches” de última hora pueden neutralizar una subida si no se abordan con rigor. El segundo es la llamada “compensación y absorción”, un mecanismo que permite a algunas empresas diluir el aumento del salario mínimo restando otros complementos. Para UGT, ese vacío debe cerrarse por ley.
Álvarez fue especialmente crítico con interpretaciones interesadas del concepto de “salario neto”. Recordó que las deducciones fiscales dependen de la situación personal y no pueden usarse como excusa para rebajar el umbral del SMI.
“Compensación y absorción”: el truco que puede vaciar una subida
Otro tecnicismo clave: compensación y absorción. Significa que una empresa puede intentar “neutralizar” una subida del SMI restando o absorbiendo complementos salariales ya existentes (plus de convenio, antigüedad, etc.), de manera que el trabajador apenas note la mejora final. Álvarez reclamó que el real decreto asociado al SMI cierre este agujero y denunció dilaciones en su tramitación.
Tiempo de trabajo: jornada, horas extra y control real
Otro punto clave fue el tiempo de trabajo. El dirigente sindical reafirmó que 2026 debe ser el año de las 37,5 horas semanales. Rechazó la idea de que reducir jornada sea inviable y acusó a la derecha y a la ultraderecha de intentar sacar el debate de la agenda para no explicarlo a la ciudadanía.
En paralelo, lanzó una advertencia clara al Gobierno: el control del registro horario es irrenunciable. Miles de personas —dijo— trabajan más horas de las que figuran y muchas de esas horas no se pagan. Sin un sistema fiable, preferentemente digital, la ley queda en papel mojado. UGT no está dispuesta a seguir firmando acuerdos que luego no se cumplen.
Despido, negociación colectiva y prevención
Álvarez abordó también la reforma del despido, recordando que existen resoluciones europeas que cuestionan el actual sistema indemnizatorio. Anunció que el sindicato impulsará cambios legislativos y que recurrirá al Tribunal Constitucional para defender una interpretación acorde con los derechos sociales.
En negociación colectiva, reclamó una ley que la articule mejor y denunció que hoy son las cuotas de los afiliados las que financian acuerdos que benefician a toda la población trabajadora. A ello sumó la necesidad de actualizar la prevención de riesgos laborales: menos accidentes y menos desgaste significan menos bajas y más calidad de empleo.
Acoso laboral y papel de los sindicatos
El cierre tuvo un tono social y político. Álvarez recordó que el acoso no es exclusivo de la política: miles de mujeres lo sufren en su trabajo sin instrumentos eficaces para denunciar. Reclamó protección real y garantías frente al despido para quienes den el paso.
Por último, defendió la fortaleza del sindicalismo con datos de elecciones sindicales. Más allá de siglas, subrayó que miles de personas se presentan cada año para representar a sus compañeros y mejorar su vida laboral.
El mensaje final fue nítido: en un mundo más duro, la respuesta no puede ser menos derechos. Para UGT, 2026 debe servir para repartir mejor la riqueza, proteger el tiempo de vida y reforzar los servicios públicos. Solo así —concluyó— el crecimiento dejará de ser una cifra y se convertirá en bienestar real.
Los sindicatos crecen a pesar de los bulos
Álvarez también quiso disputar el relato sobre la pérdida de fuerza sindical: sostuvo que el termómetro más limpio son las elecciones sindicales, y aportó cifras de crecimiento de delegados desde 2016 hasta 2025. Lo relevante, dijo, no es la competición entre siglas, sino la capacidad diaria de representación en centros de trabajo.
El desayuno terminó como empezó: con una escena cotidiana (las naranjas) y un marco político amplio. Pero el hilo conductor fue nítido: si 2026 va a ser difícil fuera, España no puede permitirse que también lo sea dentro por salarios que no alcanzan, viviendas que expulsan y horas que se trabajan sin control. Y ahí, Álvarez dejó su agenda sobre la mesa: repartir más, medir mejor y legislar para que los derechos laborales no dependan de la buena voluntad.