La prevención de riesgos laborales en España vuelve a exhibir una fractura conocida: la que separa el análisis superficial del tipo de contrato —temporal o indefinido— de las condiciones materiales en las que se desarrollan los trabajos de mayor siniestralidad. Un nuevo informe de Asempleo sostiene que el foco sigue mal colocado. Afirma que el riesgo deriva de la ocupación, no del vínculo contractual. Pero la discusión que recorre sindicatos, empresas y administraciones es más amplia: qué estructura laboral sostiene todavía tareas con alta exposición al daño físico y por qué persisten déficits preventivos que el país arrastra desde hace décadas.
La ocupación, no el contrato: el diagnóstico que incomoda a medio mundo laboral
La patronal de las Empresas de Trabajo Temporal ha querido poner el acento en un punto que, admiten incluso algunos responsables autonómicos de Trabajo, no es nuevo: las profesiones asociadas a mayor siniestralidad —operadores de instalaciones, peones, logística intensiva, determinadas cadenas industriales— siguen comportando niveles elevados de riesgo independientemente del instrumento de contratación. Asempleo lo formula ahora con contundencia apoyándose en una comparativa directa entre la contratación gestionada por ETT y la directa.
El informe señala que el 83% de las personas contratadas a través de ETT que sufrieron un accidente habían recibido una evaluación de riesgos específica para su puesto, frente al 64% de quienes estaban empleados directamente por las empresas. Y añade un dato que busca reforzar su argumento: las bajas derivadas de accidentes entre personal de ETT duran, de media, entre tres y cuatro días menos que en la contratación directa.
Ese contraste pretende subrayar, según la asesora de políticas de Asempleo, Marta Lucas, que las ETT han intensificado su inversión en prevención. Pero también abre otra lectura: en España todavía hay demasiados puestos de trabajo con riesgo inherente y demasiada heterogeneidad en la manera en que las empresas —sobre todo medianas y pequeñas— afrontan la evaluación preventiva. La estadística no corrige esa desigualdad estructural; apenas la ilumina.
Las cifras revelan un patrón estable: la precariedad adopta formas nuevas
La patronal aporta otro dato relevante: solo el 3,5% de los accidentes laborales con baja corresponden a contratos gestionados por ETT. Pero la conclusión no puede hacerse sin matices. La contratación directa concentra la inmensa mayoría de los empleos y, por tanto, también los accidentes. Lo decisivo es el tipo de actividad que los sectores más expuestos —industria auxiliar, logística de última milla, agricultura intensiva— llevan a cabo sin haber resuelto del todo las asignaturas pendientes en prevención.
En 2023, las operaciones vinculadas a ETT registraron 21.172 accidentes, mientras que la contratación directa superó los 181.000. No es solo cuestión de volumen. Es el reflejo persistente de un mercado laboral que convive con un núcleo duro de tareas de alto riesgo, donde la temporalidad no siempre es la causa, pero casi siempre es el espejo que revela otras vulnerabilidades: formación inadecuada, rotación intensa, presión por productividad y un marco empresarial que sigue confiando en ajustar capacidad operativa con mano de obra sometida a ritmos muy variables.
Una prevención que avanza a dos velocidades
El informe incide, además, en una recomendación que apenas ocupa espacio en el debate público pero que resulta clave para evaluar la siniestralidad real: la necesidad de homogeneizar las fuentes estadísticas. Los sistemas de datos —SEPE, Sigett, Mites— no siempre permiten distinguir con nitidez la temporalidad directa de la contratación vía ETT, ni integran adecuadamente la figura del fijo discontinuo. Una carencia que distorsiona comparativas y dificulta políticas ajustadas a la realidad laboral de cada sector.
Frente a ello, Asempleo propone un índice complementario apoyado en la contratación inicial registrada por el SEPE, que facilitaría —sostienen— comparaciones más precisas entre modalidades contractuales. La propuesta alude a una cuestión que sindicatos y expertos en derecho laboral llevan señalando desde hace tiempo: España necesita un sistema de información robusto, homogéneo y transparente para orientar políticas que respondan a riesgos concretos y no a clichés estadísticos.
El debate político que subyace
La publicación del informe llega en un momento en el que las cifras de siniestralidad laboral están aumentando de forma preocupante. En plena recuperación desigual, con sectores tensionados por la falta de mano de obra y otros acelerados por la demanda estacional, la prevención sufre. Y la política laboral, en un 2025 condicionado por la falta de Presupuestos Generales aprobados, no consigue cerrar las brechas.
La ausencia de nuevas cuentas públicas ha frenado partidas previstas para reforzar la inspección de trabajo, actualizar programas de prevención y sostener campañas específicas en sectores críticos. Las formaciones que han bloqueado los Presupuestos han forzado, de facto, un escenario en el que las políticas preventivas se ejecutan con herramientas prorrogadas y recursos limitados. El impacto no es abstracto: se traduce en menos unidades de prevención integradas en pymes, menos seguimiento y menos capacidad de evaluar riesgos emergentes.
El fondo del problema: un modelo productivo que no ha cerrado sus grietas
Más allá de la pugna entre patronales y sindicatos por el relato, el dato esencial permanece: la siniestralidad laboral en España es un síntoma persistente de desigualdades estructurales. Lo confirman los sectores con mayor exposición física, pero también las nuevas áreas de actividad donde la rotación y la intensificación del trabajo han crecido sin acompañamiento preventivo equivalente.
La discusión sobre si las ETT registran menos accidentes puede servir para pulir estadísticas. Pero la clave sigue siendo otra: qué tipo de trabajos son hoy los más peligrosos, bajo qué condiciones se están desarrollando y qué políticas públicas se están dejando de desplegar por falta de consenso político y falta de inversión sostenida.