El epicentro del caso Begoña Gómez se centra en saber si los contratos que se firmaron para la organización del famoso máster de la Universidad Complutense de Madrid se ajustaron a la legalidad o si hubo algún tipo de delito contra la Administración, tal como cree el juez Peinado, que acusa a la primera dama de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y en ese punto, la Asociación de Abogados del Estado siempre lo ha tenido claro al avalar la legalidad de los contratos suscritos por la esposa del presidente Sánchez.
La citada asociación ha certificado que la suscripción de cualquier pliego de condiciones previo a la adjudicación de contratos de servicios y que firmó la mujer del jefe del Ejecutivo en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid “no exige titulación concreta”, según informa TVE. La entidad respondió de este modo al juez Juan Carlos Peinado, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de dicha cátedra, y que pidió a finales del mes de noviembre un informe detallado en el que le pedía las cualificaciones académicas exigibles para elaborar “cualquier pliego de condiciones” en la adjudicación de contratos de servicios.
En un escrito remitido el 2 de diciembre, y del que se ha hecho eco la cadena pública, la Asociación de Abogados del Estado expone que su actuación como perito en este procedimiento comprometería la neutralidad de la institución, dado que la cuestión técnica planteada afecta al ámbito profesional, jurídico y estatutario de los Abogados del Estado y coincide con un proceso penal en el que un abogado del Estado figura personado en la causa.
A pesar de ello, esta entidad ha trasladado al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la información aplicable a los pliegos de condiciones y concluye que “no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto y determinado, ni se exige una titulación concreta para su redacción”.
Este escrito, que está firmado por Lucía Pedreño Navarro en nombre y representación de la entidad, según TVE, concreta que “ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o su asesoramiento durante la preparación del procedimiento de contratación”. Así se indica, según el documento, en los términos previstos del artículo 70 de la Ley 9/2017.
El escrito de la Abogacía del Estado va en la línea de lo alegado por la Fiscalía, que en ningún momento ha apreciado indicio de delito en la conducta de Begoña Gómez por la organización del máster. Peinado no ha escuchado al Ministerio Público y ha seguido adelante con la instrucción al entender que Gómez se prevalió de su influencia, como “esposa de”, para llevar adelante su proyecto universitario de posgrado. En su reciente auto de procesamiento contra la esposa del presidente, su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, también dejó constancia de que estas prácticas se pueden equiparar a las de gobiernos de monarquías absolutas como la de Fernando VII.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó que Juan Carlos Peinado investigue al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta malversación. Los magistrados emplazaron al juez a retirar la condición de investigado a Francisco Martín. En un auto, los jueces estimaron los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del juez de admitir una querella de Vox contra Martín por presunta malversación de caudales públicos al participar “aparentemente” en la contratación de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, “por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021”.
En el escrito, la Audiencia de Madrid detalló que revoca parcialmente el auto por el que se le imputó “al inadmitirse la querella formulada por la representación procesal del partido político Vox contra Martín Aguirre por malversación de caudales públicos”. El juez Peinado ha rechazado archivar el caso de Begoña Gómez e insiste en que la juzgue un jurado. El magistrado ha tumbado los recursos de la esposa de Pedro Sánchez y los otros dos imputados.