El periodista y locutor de radio Carlos Alsina no cree en la conexión Trump del caso Zapatero. “Admitamos que la conspiranoia no es patrimonio en 2026 de la extrema derecha. Igual que hay terraplanistas, antivacunas, gente convencida de que los pájaros son drones y de que a Kennedy lo mató Hoover, una parte de la izquierda española está doctorada en teorías conspirativas y manos negras sobre causas judiciales”, asegura. Sin embargo, líderes de la izquierda ya juegan con esa hipótesis basada en datos empíricos y lógicos más que plausibles. Es el caso de Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, quien ha afirmado públicamente y sin medias tintas que Estados Unidos (y en concreto la Administración Trump) habría facilitado información con intencionalidad política, incluso para “causar una crisis en el Gobierno de España”. El dirigente recoge de esta manera la información que facilitó Diario Sabemos el pasado miércoles, cuando ningún medio de comunicación había reparado aún en el párrafo del auto de Calama alusivo a la supuesta colaboración policial norteamericana.
La conexión existe y hay que estar muy ciego para no verla. Las agencias de seguridad norteamericanas han facilitado una información preciosa y precisa a la Fiscalía Anticorrupción española, a la UDEF y al juez Calama, firmante del auto que coloca a Zapatero como jefe de una banda criminal. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS son sus siglas en inglés) confirmó a la agencia Reuters su colaboración en la investigación que condujo el martes a la imputación del expresidente español. La documentación enviada por la agencia Homeland Security Investigations (HSI) a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, especializada en delitos financieros y crimen transnacional, se incorporó, según consta en el auto, a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Sin ese informe letal autorizado por la Casa Blanca (nada se mueve en USA sin que lo sepa el emperador, y menos algo que tenga que ver con la política internacional y con España) Calama no habría podido redactar una resolución tan grave y trascendental (ni siquiera esta basada en meros indicios de corrupción sin pruebas concluyentes).
Hay no pocos argumentos para hacer buen periodismo y, sin caer en conspiranoias, como dice Alsina, para seguir el rastro de la mano negra trumpista en todo ese asunto que, no lo olvidemos, ha puesto al Gobierno de Sánchez al borde de la caída. El primero es que el expresidente Zapatero mantuvo una relación fluida y estrecha con el Gobierno venezolano de Maduro (hoy secuestrado por Trump saltándose todo el Derecho internacional) así como con asuntos que tenían que ver con las compañías energéticas y petrolíferas del país caribeño. Haber ejercido como mediador en el conflicto entre chavistas y la oposición trumpista ha interesado, y mucho, no solo al HSI, también a la CIA y al propio Trump. Es evidente que al exlíder socialista español lo estaban esperando en USA y había llegado el momento de clavarle la puntilla. Sin duda, un hombre iracundo como el magnate neoyorquino no ha querido perder la oportunidad de “dar un escarmiento” a quienes ayudaron a sortear sanciones estadounidenses contra Venezuela.
La colaboración judicial estadounidense se interpreta como parte de una estrategia más amplia de presión internacional del trumpismo contra gobiernos o figuras cercanas al chavismo. Y esto nos lleva a otro argumento a favor de la teoría intervencionista de Washington: el carácter poco transparente del material facilitado por la policía yanqui. Hablamos de la entrega inusual de grabaciones y datos a la Audiencia Nacional. Santiago acierta cuando asegura que “no es muy normal que Estados Unidos ponga a disposición grabaciones de origen no aclarado. Además, los dosieres reflejan información de una agencia de seguridad de Estados Unidos “que nadie sabe cómo se ha obtenido“, si ha sido o no por mandato judicial, en qué país se ha recopilado o si “se ha preservado la cadena de custodia”. “O sea, credibilidad cero a las instituciones de seguridad de los Estados Unidos”, aseveró. En ese punto, cabría añadir que la justicia y las fuerzas de seguridad estadounidenses están totalmente fagocitadas por el trumpismo, que en los últimos meses ha hecho limpieza, purga y represalia contra los funcionarios no afines al régimen MAGA.
Un tercer argumento a favor de la conexión Trump son los diferentes casos en los que la Administración del líder republicano habría usado acusaciones judiciales similares para presionar a gobiernos extranjeros como Maduro en Venezuela y los Castro en Cuba. Según Santiago, EEUU habría convertido intentos de interferencia política en causas judiciales. Esa estrategia de la judicialización de la política del mundo trumpista es calcada a la utilizada por Vox, la sucursal de Trump en nuestro país. Todo lo que rodea al caso Plus Ultra y Zapatero lleva el sello Trump. Además, el auto judicial no acredita responsabilidad alguna en el supuesto tráfico de influencias del Gobierno de Sánchez, lo que refuerza la idea de que la filtración estadounidense buscaba generar daño político más que colaborar con una investigación.
Los argumentos a favor de que Trump pudiera tener interés en facilitar información para perjudicar a Sánchez o Zapatero se basan en su enfrentamiento político con gobiernos cercanos al chavismo; en su odio y animadversión manifiesta a España; en la entrega inusual de grabaciones y datos a España; en las tensiones diplomáticas con el Gobierno español; y en los precedentes de instrumentalización judicial en política exterior de la Administración Trump.