Expertos en derecho como Martín Pallín y Pérez Royo están cuestionando con dureza el auto del juez Calama que imputa al expresidente Zapatero en gravísimos delitos de corrupción. Pero más allá de las críticas, hay un hecho innegable, empírico y cierto: el magistrado de la Audiencia Nacional no ha solicitado prisión provisional, ni siquiera con fianza, para el exlíder socialista. ¿Por qué? ¿Qué le ha hecho levantar el pie del acelerador?
En cualquier otro caso de corrupción donde se acuse de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad y tráfico de influencias el imputado estaría ya en la cárcel. La peligrosidad de las conductas y el riesgo de fuga harían aconsejable esa medida excepcional preventiva. Una de las explicaciones es que Calama ha entendido que se encuentra ante alguien de una proyección histórica como Zapatero (de hecho, es la primera vez que se imputa a un presidente del Gobierno en nuestra democracia) y le ha temblado el pulso. Otra lectura es que no tiene claro que los delitos que le imputa lleguen a buen puerto. Los analistas destacan que el auto está lleno de conjeturas, pero pocos indicios definitivos y concluyentes (ni siquiera se ha probado el supuesto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra). La investigación se encuentra en un momento incipiente, faltan datos, declaraciones de los implicados, valoraciones periciales. Ayer mismo, los agentes de la UDEF registraban el despacho de la consultoría de Zapatero y sus hijas. Discos duros, ordenadores, papeles, documentos. Todo ese material está siendo analizado y cotejado. Calama ha decidido que era mejor esperar hasta tenerlo todo mejor atado.
Sin embargo, PP y Vox presionan al magistrado Calama para que decrete ya el ingreso en prisión. El mundo ultra incrementa el lawfare contra el Gobierno. El magistrado ha aceptado la personación en la causa como acusaciones populares a Vox, al PP, a la asociación Hazte Oír y al colectivo Manos Limpias, siempre que presten una fianza de 5.000 euros. Este miércoles también ha solicitado estar en el procedimiento la asociación Liberum. Una vez más, se repite la misma triste y escandalosa politización de la Justicia para derribar el sanchismo. Vox ha pedido a la Audiencia Nacional que retire el pasaporte diplomático a Zapatero, que le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado que le investiga en la causa sobre Plus Ultra, al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Vox considera estas medidas cautelares idóneas, necesarias y proporcionadas una vez levantado el secreto en la causa, con el fin de “garantizar la disponibilidad del investigado ante el órgano judicial y la preservación de las fuentes de prueba, destacando que Zapatero cuenta con un pasaporte diplomático vitalicio que le permite desplazarse internacionalmente con facilidades que exceden las de cualquier ciudadano ordinario”, informa EFE.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera a ZP presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Hazte Oír ha confirmado a EFE que ya ha pagado esa fianza y ha anunciado que solicitará medidas cautelares urgentes. En el escrito de Vox se precisa que las facilidades que otorga a José Luís Rodríguez Zapatero tener pasaporte diplomático suponen una circunstancia especialmente relevante a los efectos de la valoración del riesgo de fuga, ya que el investigado tiene unas relaciones nacionales e internacionales que han sido el sustrato de los actos delictivos analizados en esta investigación.
“Los hechos investigados tienen una íntima conexión con la estrecha relación del señor Rodríguez Zapatero con doña Delcy Rodríguez, Don Nicolás Maduro y otros miembros del Gobierno venezolano”, explica Vox, que subraya que España carece de convenio de extradición con ese país, lo que “refuerza objetivamente el riesgo de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia”. Expone además “la sospecha más que fundada de que pueda contar con los recursos económicos necesarios en los citados países”. Añade que José Luis Rodríguez Zapatero “no ha confirmado expresamente su voluntad de comparecer” ante el juez que le ha citado como investigado para el 2 de junio, lo que “refuerza la apreciación del riesgo de fuga”.
Por eso solicita la retirada del pasaporte diplomático o de cualquier otro documento de viaje, la prohibición de salir de España y que se le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado, poniendo de relieve que estas medidas cautelares se le pueden aplicar “como a cualquier otro ciudadano” y “sin que su condición de expresidente del Gobierno constituya causa de exención o privilegio procesal alguno”.